"Tras cuatro años y medio de incertidumbre, el buen sentido se ha impuesto". Lo dice en un comunicado Ecologistas en Acción, perteneciente al Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), al tiempo que destaca que el cierre definitivo de Garoña "pone fin a un largo proceso plagado de oscurantismo, falta de democracia y de decisiones controvertidas del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)". Y es que, según Francisco Castejón, portavoz de la organización ecologista y coordinador del MIA, “Garoña ha servido para abrir el camino a la prolongación del funcionamiento del resto del parque nuclear español”.
Para Ecologistas en Acción, esta central ha sido usada como rehén por las eléctricas frente al Gobierno del PP. "Ha sido usada también como instrumento para modificar de manera importante la legislación y los reglamentos para prolongar el funcionamiento del parque nuclear español", añade Castejón.
De acuerdo con el coordinador del MIA, la paralización voluntaria y unilateral de la central en diciembre de 2012 fue clave en este proceso "pues mostró que Garoña (de 420 MW de potencia) era prescindible y que incluso su propietaria –Nuclenor, integrada por Enel-Endesa e Iberdrola a partes iguales– estaba dispuestos a mantenerla parada".
Desde aquel momento hasta hoy, el CSN ha emitido varios informes a favor de Garoña, lo que ha motivado incluso el cambio del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), clave para la seguridad nuclear. Así, Garoña ha supuesto un precedente en los informes favorables del CSN y en la nueva reglamentación aprobada por ese organismo para prolongar el funcionamiento del parque nuclear español hasta los 60 años de funcionamiento.
Toda la oposición en contra
La petición de cierre de Garoña se había convertido, sin embargo, en un clamor social y político. Los parlamentos español, vasco, riojano y aragonés habían pedido el cierre definitivo de la central, con buena parte de la sociedad española a favor de esta medida. "Garoña es peligrosa y prescindible y ni siquiera sus propietarios quieren reabrirla”, asegura Castejón, para quien “lo más importante es que las personas y el medioambiente nos vemos libres de esta amenaza. Esperemos ver cómo se va cerrando el resto del parque nuclear”.
También Greenpeace celebra que el Ministerio de Energía haya denegado la renovación de Garoña; y explica que lo hace "por falta de certidumbre para operar con seguridad, por falta de interés del operador, Iberdrola y Enel-Endesa, y por el impacto nulo que supondrá en el sistema eléctrico".
“Greenpeace celebra que Garoña vaya a comenzar su desmantelamiento porque se abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España. Garoña cierra porque la ampliación de su vida no es rentable para sus dueños, pero lo celebramos porque cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía nuclear de Greenpeace.
La más vieja de España
La central nuclear de Garoña recibió autorización para ponerse en marcha en 1966. Cinco años después, cuando se conectó a la red, era la única central en funcionamiento en España de las llamadas de Primera Generación. Tiene una reactor igual al reactor nº 1 de la central de Fukushima Daiichi. Y, según señala Greenpeace, sufría problemas de agrietamiento, en su sistema eléctrico, de refrigeración y deficiencias tras las pruebas de resistencia que se realizaron a raíz del accidente nuclear de Fukushima.
La planta cumplió 40 años de vida operativa en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013, pero la empresa propietaria pidió el cese de operación en diciembre de 2012. Las inversiones requeridas en seguridad tras la catástrofe nuclear de Fukushima y las normas sobre fiscalidad energética estaban detrás de su final de operación.
Posteriormente, en mayo de 2013, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) admitió que Garoña mantuviera su licencia sin operar, pero Industria no pudo hacer valer esta decisión y tuvo que declarar su cierre definitivo de explotación, en vigor a día de hoy. En 2014 se aprobó un real decreto que permitía a Garoña obtener una nueva autorización y Nuclenor pidió la ampliación hasta 2031, hasta que hoy el ministro ha anunciado su cierre definitivo.
Perfectamente prescindible
Juantxo López de Uralde, de Equo, recuerda por otra parte que los cuatro años de inactividad de Garoña han dejado claro que esta planta no es en absoluto necesaria para el sistema eléctrico español. También coincide en que a lo largo de este proceso "lo que ha quedado claro es la connivencia del CSN con la industria nuclear puesto que el CSN ha lanzado un dictamen favorable a la reapertura de Garoña pese a que la central no cumplía las condiciones que el propio CSN demandaba".
El cierre de operación de la central no significa, en cualquier caso, que el riesgo nuclear haya desaparecido. Ahora hay que proceder a su desmantelamiento y gestionar adecuadamente sus residuos radiactivos, que se mantienen activo durante larguísimos periodos de tiempo.
Como señala Greenpeace, "estos residuos suponen que el cierre de las centrales nucleares no es el fin de la gestión nuclear y la sociedad debe continuar resolviendo estos asuntos". Por ello la Ong propone no conceder ninguna licencia de explotación a los reactores nucleares operativos en España una vez concluya su periodo de validez y elaborar un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos para administrar la peligrosa basura que generan las nucleares.
Según el informe publicado por Greenpeace "El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social", el desmantelamiento del parque nuclear español generaría 100.000 puestos de trabajo y el proceso del abandono nuclear supondrá un aumento total del PIB de unos 20.000 millones de euros, pero las eléctricas apenas han cubierto el 30% del fondo para la gestión de los residuos nucleares.
El anuncio de Nadal
Por su parte, en rueda de prensa convocada para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha lamentado "que no haya existido un debate sosegado" sobre el futuro de la instalación y ha argumentado que las inversiones para reabrirla "son muy significativas". También se ha referido a que "su aporte al sistema energético es poco significativo".
El Gobierno ha dado a conocer su decisión de carrar definitivamente Garoña, que ahora debe plasmar en una Orden Ministerial, una semana antes de que concluyesen los seis meses del plazo que tenía para decidir el futuro de la planta.
