Ante el debate suscitado sobre la oportunidad y finalidad de aplicar el denominado “céntimo verde” a los carburantes y otros productos energéticos, “la Fundación Renovables reivindica la utilización de la fiscalidad como elemento de corresponsabilidad del conjunto del sector energético para hacer frente al esfuerzo que supone la penetración de las tecnologías que responden a los retos planteados al sistema energético de nuestro país como son la reducción tanto de emisiones como de las importaciones de hidrocarburos”.
La Fundación Renovables que planteó esta propuesta ya en junio de 2010 –como su primera aportación al debate energético– reafirma que la finalidad de este impuesto debe ser compensar el actual desequilibrio entre el sistema eléctrico y el resto del sector energético a la hora de alcanzar los objetivos de la Unión Europea tanto para la reducción de emisiones como para el incremento del papel de las energías renovables.
El denominado “céntimo verde” nunca fue contemplado por la Fundación como una tabla de salvación sino “como una respuesta de ejercicio de equidad que aportaba además elementos muy positivos como, por ejemplo, incentivar la reducción del consumo de combustibles fósiles aplicando la lógica de que no debe ser fomentada la demanda de lo que no se tiene y sí apostar por lo disponible”.
Los objetivos principales de esta propuesta son “disuadir del consumo de energías convencionales, tanto por la reducción de la dependencia, la balanza comercial y el medioambiente, y fomentar el desarrollo de sus sustitutos que son las energías renovables y la eficiencia energética”.
Para la Fundación Renovables el “céntimo verde” no debe tener un objetivo simplemente recaudatorio ni ser la base de un proceso de transferencia de rentas entre consumidores. Asimismo, no puede ser una medida aislada sino que debe ir dentro de un paquete global de medidas y reformas que aceleren la introducción de un nuevo modelo energético sostenible.
La Fundación cree que “con esta propuesta el Gobierno debe plantear una actuación disuasoria del uso de combustibles fósiles y ponerla en marcha como impuesto finalista dirigido a lograr los efectos en el sistema energético español citados anteriormente, como primera medida de un modelo de fiscalidad medioambiental y no ceder a la tentación de tapar huecos por muy necesaria que sea la reducción del déficit público”.
En definitiva “la Fundación Renovables reclama un impuesto neutral en su aplicación que grave una energía no deseable para favorecer a las deseables, una medida de tipo medioambiental que no tiene carácter recaudatorio y que sea corresponsable con los compromisos asumidos por nuestro país”.
