El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Transición Energética de la Fundación FIDE, que ha analizado durante las últimas semanas el Anteproyecto susodicho, presentó ayer en Madrid sus conclusiones y propuestas. Dirigido por el profesor de Derecho Administrativo Mariano Bacigalupo Saggese y la magistrada Guillermina Yanguas Montero (ambos, miembros del Consejo Académico de Fide), este Grupo de Trabajo ha estado integrado por 18 expertos en diferentes materias (abajo los recogemos todos).
El Ministerio para la Transición Ecológica -explican desde FIDE- difundió de manera informal el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética el pasado 14 de noviembre, fecha en la que el Grupo de Trabajo (GT) Cambio Climático y Transición Energética de la Fundación FIDE ya está constituido (fue fundado en junio de 2018). Pues bien, tras la aparición del Anteproyecto, el GT organiza una serie de reuniones de trabajo y sesiones de debate de las que resulta como fruto el "documento de propuestas relativas al Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética" que FIDE presentó ayer (abajo incluimos enlace directo al documento en cuestión).
La Fundación aclara que (1) todos los integrantes del GT han participado "a título personal y no en representación de las entidades o instituciones donde llevan a cabo su labor profesional"; y (2) las diez conclusiones que recoge el documento "no son el reflejo fiel de las opiniones de cada uno de los integrantes sobre todos y cada uno de los puntos tratados; de hecho -insisten desde FIDE-, en el seno del grupo de trabajo existen opiniones diversas sobre determinadas cuestiones, lo que revela la complejidad de la materia y justifica la pluralidad de opiniones integradas".
Las principales conclusiones alcanzadas por el Grupo de Trabajo son, según FIDE, las siguientes
1. La aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone un "compromiso ineludible que no admite retrasos". El GT apoya expresamente la aprobación de un marco normativo estable que permita a España cumplir con los objetivos asumidos en el Acuerdo de París de 2015 y en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al tiempo que se propicia el desarrollo económico y se contribuye a la competitividad de la economía española.
2. La opinión mayoritaria del GT es que nos encontramos en "el momento de crear un marco estable que ofrezca señales claras para aprovechar las oportunidades industriales y de empleo que se van a generar en todos los sectores, en un entorno caracterizado por una transición de ámbito global". Sin embargo, algunos miembros del Grupo entienden que "sería más prudente esperar a la transposición de las Directivas comunitarias" y, en todo caso, reclaman "una transición más progresiva y pragmática, con planteamientos alejados de voluntarismos, para garantizar su éxito".
3. La lucha contra el cambio climático y la transición energética supone "una oportunidad que España no debe desaprovechar". El GT recuerda en su documento que "la Organización Internacional del Trabajo estima la creación de 24 millones de nuevos empleos a nivel global en 2030, debido a la transición hacia una economía verde alineada con los objetivos del Acuerdo de París".
Por otro lado, el documento de conclusiones considera que "resulta precisa una transformación del modelo en el que se desacople el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero", pero alerta: "es indispensable garantizar que esta transición se lleve a cabo sin situar a España en una posición de desventaja respecto de otros países de su entorno".
4. El GT considera que España está llamada a ocupar "una posición de liderazgo en el marco sociopolítico actual en la lucha contra el cambio climático". Según el documento de conclusiones, nuestro país está inicialmente bien posicionado "para acometer el cambio de modelo energético: dispone de recursos naturales (sol, viento, agua, biomasa…), de la tecnología y de empresas punteras en sectores productivos como la energía, la eficiencia energética, la movilidad, la edificación o las energías renovables". La conclusión es que "la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética puede constituir una clara señal de este papel que España quiere desempeñar; este protagonismo y liderazgo de España en la UE y en el marco internacional se justifica, entre otros muchos motivos, por la mayor vulnerabilidad de España a los efectos del cambio climático".
5. En el Grupo de Trabajo existen opiniones discrepantes respecto del grado de ambición del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha elaborado el Gobierno Sánchez. La opinión mayoritaria es que ese grado de ambición es "insuficiente, sobre todo considerando las proyecciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático respecto del umbral de 1,5 °C a finales de siglo (que exigiría un balance neto negativo de emisiones en 2050)".
El documento del GT señala que la posición minoritaria considera que el nivel de ambición incorporado en ese Anteproyecto "implicaría un sobreesfuerzo para España en comparación con los Estados miembros de la UE que se limitarán a ceñirse a los compromisos adquiridos a nivel europeo e internacional, de modo que cuantos objetivos superen o adelanten dichos compromisos deben someterse a un análisis coste/beneficio que tenga en cuenta factores medioambientales, económicos y sociales".
6. En el Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Transición Energética se ha puesto de manifiesto una disparidad de criterios respecto de la neutralidad tecnológica. Así, y frente a los que opinan que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe determinar las tecnologías aplicables, otros miembros defienden la necesidad de ser flexibles en la forma de alcanzar los objetivos establecidos, dada la incertidumbre respecto de las tecnologías que se pueden emplear en el futuro, sin que se deba prohibir ninguna, por cuanto podría no solo encarecerse innecesariamente la consecución de los objetivos, sino incluso ponerse en peligro su consecución.
El Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Transición Energética considera que, "en todo caso, resulta preciso un marco jurídico estable para no generar incertidumbres y que es innegable que está en marcha una revolución tecnológica sin precedentes en el ámbito de las energías limpias, las baterías, la digitalización, etcétera, que hace realidad escenarios de descarbonización que hace sólo diez años eran muy complejos y costosos de abordar".
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética "debe ir acompañada de un análisis de ciclo de vida de los sectores y productos que se ven afectados por su promulgación, para garantizar que la transición que en ella se prevé sea realista".
Asimismo, las diferentes administraciones públicas "deberían asignar más recursos a la estimación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) realmente emitidos en sectores difusos". Según el GT, existe la percepción de que la calidad de los datos que se manejan en ámbitos como la agricultura o el cambio de usos de suelo no es suficientemente fiable como para abordar un plan de transición eficiente en estos sectores; sin datos fiables, el establecimiento de objetivos realistas y la gestión se complican.
7. El consenso y la participación resultan "imprescindibles" para la adecuada aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El documento insiste en la necesidad de "un consenso político y social suficiente que trascienda los períodos electorales" y apuesta por evitar "mensajes que generen inseguridad jurídica" y por propiciar "un proceso ordenado de transformación que evite reticencias".
8. El Grupo de Trabajo considera necesario un mayor compromiso del sector público en la lucha contra el cambio climático. Las medidas contenidas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética afectan de una manera decisiva al sector privado y no tienen el mismo grado de contundencia respecto de las políticas públicas: "la compra pública debería tener un papel motor en esta transición, coadyuvando al éxito económico de productos, proyectos, infraestructuras y servicios de bajas emisiones".
9. "Resulta imprescindible -recoge el documento- una reforma en profundidad de la fiscalidad ambiental. Aunque el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética señala cuáles deben ser los objetivos de esta fiscalidad, es necesario traducir tales objetivos en una verdadera reforma fiscal".
Así, y según el GT, "las señales de precio son críticas para activar, asentar y acelerar el proceso de descarbonización de la economía. En este sentido -añade-, será preciso sentar las bases de una reforma fiscal que aplique en toda su extensión el principio Quien contamina Paga (y Quien descontamina Desgrava).
La recaudación -propone el GT- debe contribuir "a financiar el cumplimiento de los objetivos de cambio climático y transición energética". La reforma de la fiscalidad, que debe adecuarse al marco normativo de la Unión Europea, "no debe poner a España en una peor situación competitiva ni debe fomentar la deslocalización".
La reforma fiscal constituye un instrumento indispensable para la movilización de recursos para la lucha contra el cambio climático
10. Desde un punto de vista de técnica normativa, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética adolece de falta de uniformidad. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe respetar los principios de buena regulación y debe ir acompañada de la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe garantizar que se respetan principios del Derecho de la Unión (como la libre circulación de mercancías) y las competencias atribuidas a las distintas Administraciones públicas y, en especial, las autonómicas.
Han participado en este grupo de trabajo
• Valentin Alfaya Arias, director de Salud y Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial
• Mariano Bacigalupo Saggese, profesor titular de Universidad, Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
• Antonio Baena Martínez, socio director de G-advisory, filial del grupo Garrigues
• Maria Luz Castilla Porquet, senior advisor de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC. Secretaría general técnica del grupo español de Crecimiento Verde
• José Antonio Castro Fernández, responsable de la Unidad de Regímenes Especiales en la subdirección de Energía Eléctrica del ente regulador de los mercados, Consejo Nacional de los Mercados y la Competencia
• Francisco Espinosa Cabezón, socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE). Servicios de Gestión de Energía
• Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
• Santiago Garrido de las Heras, abogado. Socio de Hogan Lovells
• Mariano González Sáez, técnico superior de la Administración del Estado, desempeñando puestos directivos de carácter ambiental en los tres niveles de la administración
• David Howell, responsable de Clima y Energía, Departamento de Gobernanza Ambiental, SEO/BirdLife
• José López-Tafall, director de Regulación de Acciona
• Blanca Lozano Cutanda, catedrática de Derecho Administrativo del País Vasco. Abogada del Área de Derecho Público de Gómez Acebo y Pombo
• Milagros Martínez-Pardo Cabrillo, fiscal adscrita a la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado
• Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático en el Área de Presidencia de Iberdrola
• Fernando Soto Martos, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE)
• Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
• Antonio Vercher Noguera, fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. Fiscalía General del Estado
• Guillermina Yanguas Montero, magistrada y doctora en Derecho. Miembro del Consejo Académico de FIDE.
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