El Instituto, que es una organización acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha difundido un comunicado en el que le pide al Gobierno que sea ambicioso en los objetivos que recoja su PNI. El Plan Nacional Integrado (PNI) de Energía y Clima, plan cuya vigencia se prolongará durante toda una década (2021-2030), debe ser sometido -explican desde el Instituto- a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) "y, por ello, asegurar también una participación del público temprana y efectiva, tal y como exige la normativa en vigor".
Los Estados miembro deben elaborar sus PNIs, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Gobernanza de la Unión Europea, que ha sido recientemente aprobado por el Consejo. Dicho Reglamento establece un marco de gobernanza fiable y eficiente para garantizar la aplicación de políticas y normativas ambiciosas en materia de energía que permitan a la Unión Europea alcanzar sus compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.
Si las políticas actuales de los Estados miembro y de la UE -apuntan desde el Instituto- no se actualizan, no se cumplirían las metas del Acuerdo de París. El Instituto denuncia que "el propio Reglamento es contrario al Convenio de Aarhus, concretamente su artículo 10, por permitir que los Estados ignoren la obligación de someter a participación pública los borradores del primer PNI de Energía y Clima antes de ser enviados a la propia Comisión.
Por ello, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente advierte que muchos de los PNIs a aprobar por los Estados de la UE puedan ser objeto de recursos judiciales. Asimismo, recuerda al Gobierno que el PNI de España debe ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, procedimiento al que de momento no ha sido sometido.
El Instituto denuncia que "gran parte de las autoridades e instituciones ven la participación pública como un mero requisito formal y no se esfuerzan en garantizar una participación efectiva, lo que resta legitimidad a la toma de decisiones, ya que la implicación de la sociedad civil es menor".
Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente: “la participación pública en los procesos de toma de decisiones es fundamental para la salud y vitalidad de la democracia. Conviene recordar que los PNIs de Energía y Clima deben someterse a Evaluación Ambiental Estratégica de acuerdo con la legislación de la UE. Asimismo, la UE y España son partes contratantes del Convenio de Aarhus. Este Convenio exige que la participación del público en la elaboración de planes y programas relativos al medio ambiente, como son los PNIs de Energía y Clima, comience al inicio del procedimiento, sin permitir excepción alguna a esta exigencia”
Asimismo, el Instituto añade que, en el caso de España, el Plan Nacional Integrado debería incluir como uno de sus objetivos el fin del carbón fijando una fecha concreta para ello, que debería ser a más tardar el año 2025. En Europa todas las centrales deberían cerrar entre 2020 y 2030 si queremos evitar los efectos más graves del cambio climático, a los que España es especialmente vulnerable. Sin fijar una fecha concreta de fin del carbón en el plan nacional integrado de energía y clima se corre el riesgo de que estas centrales continúen funcionando más allá de esta fecha, lo que conllevaría impactos muy graves en el medio ambiente y en la salud. Esto debe extenderse a todas las centrales españolas, incluidas las que hayan realizado inversiones para cumplir con los valores límite de emisión más estrictos previstos en la normativa europea.
• La Participación Pública en el PNI de Energía y Clima, un requisito ineludible
