"Es imperativo, ahora más que nunca, que la Unión Europea priorice proyectos que estén alineados con nuestros objetivos climáticos y medioambientales, con la economía circular y la defensa de la biodiversidad, para asegurar que la inversión vaya a las industrias y los empleos que son seguros y sostenibles a largo plazo". Es la declaración de principios de las más de 160 organizaciones no gubernamentales que han impulsado la redacción de esta lista excluyente de sectores sucios. El marco en el que ha sido elaborada esa lista es el siguiente: la Comisión Europea está perfilando el reglamento que tiene que regular el funcionamiento del denominado Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Ese reglamento establece las condiciones que deberán cumplir los países para poder acceder a los 560.000 millones de euros que serán invertidos en la Unión Europea a través de ese Mecanismo.
Pues bien, según las 160 organizaciones no gubernamentales mencionadas, el reglamento en cuestión es demasiado laxo y las condiciones, en gran medida, opcionales. Por ese motivo, han enviado una carta, que han suscrito así mismo más de un millón trescientos mil ciudadanos europeos, a los más altos representantes de la Unión, entre ellos, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y los vicepresidentes Dombrovskis y Timmermans. Los signatarios piden en esa misiva, "en aras de una recuperación verde", que la Comisión adopte la Lista de Sectores Excluidos por motivos Ambientales y Climáticos y la añada al reglamento en forma de Anexo. La lista debería incluir "explícitamente" los siguientes sectores, según sus firmantes.
1. Inversiones relativas a la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento o quema de combustibles fósiles;
2. La desconexión, operación, adaptación o construcción de instalaciones nucleares de generación de energía;
3. Hidroelectricidad, con la excepción de inversiones para la mejora de la sostenibilidad de las instalaciones existentes;
4. Biocombustibles producidos a partir de de cultivos energéticos y bioenergía insostenible;
5. Inversiones en verterderos de residuos;
6. Inversiones en instalaciones de combustión de residuos, ya sean incineradoras u otras instalaciones, como hornos de cementeras;
7. Inversiones para alcanzar la reducción de gases de efecto invernadero a partir de actividades listadas en el Anexo I de la Directiva 2003/87/EC del Parlamento Europeo y del Consejo;
8. Vehículos con motor de combustión;
9. Expansión de la capacidad de la aviación;
10. Desarrollo de autopistas;
11. Navíos que usen gas natural licuado (GNL) y diésel marítimos, con la excepción de inversiones para mejorar sustancialmente la eficiencia energética y emisiones de gases de efecto invernadero de esos navíos;
12. Infraestructuras de transporte de GNL y gas natural comprimido (GNC);
13. Fabricantes de productos químicos (excepto en caso de que el objetivo sea lograr productos químicos seguros y sostenibles);
14. Industria textil, excepto en caso de cumplimiento estricto de criterios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos;
15. Ganadería, a menos que sea orgánica o extensiva;
16. Actividades en las que sean empleados animales vivos con fines científicos experimentales en la medida en que no se pueda garantizar que se cumple con el convenio europeo para la protección de los animales vertebrados (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals) utilizados para experimentos y otros propósitos científicos;
17. Trabajos de extracción forestal de madera y su tratamiento (silvicultura y aserraderos), a menos de que el origen de la materia sea próximo;
18. Pesca y actividades de procesamiento de lo pescado, a menos de que la pesca sea ejecutada desde navíos de menos de doce metros, las artes pesqueras sean de pequeña escala y los pescadores respeten escrupulosamente las cuotas máximas de capturas científicamente establecidas;
19. Acuicultura y procesamiento, a menos que de que sea extensiva, en humedales seminaturales o circuitos cerrados de recirculación y los acuicultores empleen solo alimento vegetal;
20. Inversiones en compañías que estén registradas en la lista de jurisdicciones no cooperantes con la fiscalidad de la Unión Europea (paraísos fiscales).
21. Inversiones en compañías con mal currículo en materia de lo ambiental, los derechos humanos y de los trabajadores, abusos, violaciones o corrupción.
