● Una factura de la luz más barata y justa. La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. Sobredimensiona la parte fija y no establece un modelo progresivo de pago en la parte de la energía efectivamente consumida. Daremos solución a esta situación promoviendo que la UE establezca estándares mínimos comunes para todos los Estados miembro. Estos nuevos criterios supondrán que el término fijo de la factura, que pagas aunque no consumas nada, no sea en ningún caso superior al 25 % del total de la factura, así como que en aquellas partes de la factura que se pagan en función de la energía consumida, el sistema de coste sea progresivo, pagándose más baratos los primeros tramos de consumo e incrementándose el precio a medida que aumenta el nivel de consumo.
● Empresas públicas y bono social para garantizar desde el Estado el derecho de la ciudadanía a un servicio eléctrico de calidad, universal y al precio más barato posible. Impulsaremos la creación obligatoria en toda la UE de empresas eléctricas públicas que empujen a los mercados a bajar las facturas. Promoveremos que esta nueva empresa pública de energía, en el caso de España, sea propietaria de parte de de las nuevas instalaciones de renovables fotovoltaicas y eólicas, tenga divisiones importantes de producción de hidrógeno y sea receptora de los saltos hidroeléctricos cuyas concesiones venzan para pasar a dominio público. A su vez, promoveremos que se establezca, de forma coordinada entre los niveles europeo, estatal, comunitario y municipal, una figura de bono social que aplique descuentos automáticos, suficientes, progresivos y financiados por las empresas energéticas que operen en la UE en proporción a su facturación.
● Control del oligopolio energético. Eliminaremos sus privilegios para devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello, impulsaremos la creación de unos estándares europeos de funcionamiento del mercado eléctrico en virtud de los que cambien las condiciones de la subasta, de forma que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras. Un sistema que incentive la compra a las instalaciones renovables ciudadanas y que establezca un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales, e impulsar la transición energética. Al mismo tiempo, impulsaremos la realización de una auditoría de costes del sector eléctrico. También promoveremos que se descarten los proyectos de infraestructuras energéticas que estén sobredimensionadas.
● Reforma completa del mercado eléctrico para pagar el megavatio hora (MWh) según su coste de producción y acabar con los beneficios caídos del cielo. Acabaremos con el mercado marginalista, para desacoplar los precios del gas de la electricidad y abarataremos significativamente el precio de la energía para las y los consumidores finales, acabando con los beneficios injustificados y obscenos de las grandes empresas del oligopolio. Además, se eliminarán los beneficios que mantienen hoy la energía nuclear y el gas dentro del mercado eléctrico. Promoveremos la implementación de una factura progresiva, donde los primeros tramos de energía consumida tengan un coste menor que los tramos más altos, introduciendo un criterio de justicia social e incentivando el ahorro y la eficiencia, al tiempo que se penaliza el derroche y el gasto excesivo. Este conjunto de medidas, además de incentivar la transición energética, tendrá un efecto muy importante en la bajada de la factura de la luz para la mayoría de las familias trabajadoras.
● Energía eléctrica, pública, renovable y de cercanía. Otorgaremos carácter prioritario a la generación eléctrica pública y renovable distribuida cerca de su lugar de consumo, en contraste con las grandes infraestructuras de transporte, que sólo serán admisibles como último recurso cuando se demuestre fehacientemente que el resto de los instrumentos que permiten la integración de renovables son insuficientes. Impulsaremos la exclusión progresiva del gas en los sistemas eléctricos insulares para alcanzar cuanto antes un mix energético 100 % renovable que sea referencia de la transición energética, y se evitará la construcción de nuevas infraestructuras gasísticas, sobre todo de transporte y regasificación, para contribuir a esta transición.
● Red eléctrica en manos públicas. Se promoverá el control público por parte de los Estados miembro de sus redes eléctricas, aumentando su participación en Red Eléctrica Española en el caso de nuestro país. Los datos de generación y consumo deberán ser de acceso público, fácil y transparente. La red eléctrica deberá afrontar un rediseño que permita alcanzar el 100% de generación renovable, con un tejido más mallado e incorporando capacidad de almacenamiento eléctrico integrado en la propia red. Fomentaremos una mayor conectividad de las redes eléctricas nacionales generando un verdadero sistema eléctrico continental. Un sistema continental donde además las empresas públicas desempeñen un papel central en su desarrollo y funcionamiento.
● Fin del fracking. Instaremos a los Estados a que impidan nuevas autorizaciones de exploración y extracción de hidrocarburos —convencionales y no convencionales, como el fracking o fractura hidráulica—, debido a sus consecuencias irreversibles. Asimismo, se prohibirá la importación de energías que provengan de prácticas de fracking.
● No más energía nuclear de fisión. Promoveremos el establecimiento de una hoja de ruta para el abandono definitivo de la energía nuclear de fisión en la Unión Europea, así como de una política de residuos nucleares a nivel europeo, donde prime la sostenibilidad a muy largo plazo, y se refuerce la investigación en la gestión de residuos radiactivos. La Comisión Europea, en coordinación con los estados, será quien regule las políticas de residuos radiactivos con transparencia y contando con la participación ciudadana directa en las toma de decisiones. Será obligatorio celebrar una consulta popular en aquellos lugares destinados a acoger en su territorio un cementerio nuclear, eliminando así la prioridad de los mecanismos de mercado frente a la voz de la ciudadanía, en este problema de salud pública que afectará gravemente a las generaciones futuras.
● Reciclaje de los sistemas de generación energética. La Unión Europea impulsará una normativa común que regule el reciclaje de todos los componentes utilizados en los sistemas de generación eléctrica, ya sean renovables o no-renovables. También promoveremos la modernización de la normativa WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) para que se impulse el reciclado y la recuperación de materiales, con especial atención a aquellos incorporados en la lista de materiales críticos de la Unión Europea.
● La taxonomía verde debe ser una herramienta para que inversores y empresas puedan diferenciar qué proyectos afectan negativamente al clima y al medio ambiente para tomar decisiones formadas. Así, reformaremos la taxonomía verde europea, eliminando la energía nuclear y el gas como energías verdes.
Transporte público en toda Europa
● Promoveremos el transporte público como el medio prioritario para la movilidad en Europa, ya que permite realizar desplazamientos de forma más eficiente y justa, apoyando especialmente el reparto de fondos para trenes de media distancia eficientes y que conecten todo el territorio. Apoyaremos la intensificación de los planes europeos de infraestructura ferroviaria, potenciando el transporte de mercancías y el apoyo al transporte de viajeros de cercanías. Todo ello se realizará con una garantía de justicia territorial en las inversiones para transporte público, colectivo y de bajas emisiones.
● Tarjeta europea de transporte gratuita. En colaboración con las Administraciones competentes de los Estados, la UE deberá promover la creación de una tarjeta europea de transporte que dará acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial. Al mismo tiempo, la UE apoyará un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes.
● Vertebrar el territorio europeo a través de la puesta en marcha o la mejora urgente de las líneas ferroviarias en las zonas con mayor déficit de infraestructuras. Trabajaremos para que se realice, de manera inmediata, una auditoría general para detectar los tramos que necesitan intervención con mayor urgencia y articular un programa de inversiones que priorice las zonas peor atendidas en las últimas décadas. También trabajaremos para que se impulsen los ejes transversales ferroviarios que permitan alcanzar un efecto de red, así como para que se lleve a cabo un impulso a las líneas que conecten zonas transfronterizas con mejores frecuencias y servicios.
● Plan de inversiones en nuestras infraestructuras ferroviarias con parámetros de calidad, sostenibilidad y justicia territorial. La UE establecerá programas y apoyos a los Estados para incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se deberá alcanzar el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en estos programas.
● Aval europeo para el establecimiento de las rutas de Obligación de Servicio Público (OSP) para los trayectos de avión entre Canarias, Baleares y la Península, que establezca precios máximos y evite la escalada de precios que afecta tanto a la población residente (pese a tener el descuento) como a la que ya no reside en las islas pero viaja de forma recurrente (por ejemplo, por cuestiones familiares).
● Fomentar el uso de la bicicleta y la movilidad compartida. De forma complementaria al transporte público y en colaboración con los municipios, promoveremos el incremento de los carriles bici a partir de unos objetivos mínimos de kilómetros de carril bici por habitante que tengan en cuenta la orografía, la densidad de población y la climatología. También impulsaremos que se establezcan regímenes de fomento de la movilidad compartida, incluyendo ventajas fiscales para las empresas y organizaciones que la faciliten.
● Menos emisiones en el transporte por carretera. Conforme a los objetivos del Horizonte Verde, promoveremos que se impulse un Programa Europeo de Reducción de Emisiones que incluirá el fomento del uso de vehículos eléctricos y con combustibles alternativos a los fósiles, así como la movilidad colectiva en redes de transporte público.
● Neutralidad climática antes de 2040, también en el transporte y la movilidad. Para lograr mantenernos en la senda del 1,5ºC del Acuerdo de París, debemos acelerar la consecución de la neutralidad climática. No sirve con hacerlo en 2050 como propone actualmente la UE. Trabajaremos para dotar de una mayor ambición a la consecución de objetivos climáticos, alcanzando la neutralidad climática en 2040, de acuerdo a la ciencia.
● Planes de movilidad sostenible en las ciudades y los centros de trabajo. Impulsaremos la creación de una directiva europea que obligue a las localidades con más de 50 000 habitantes y a las empresas con más de 100 empleados a establecer planes de movilidad que incluyan rutas, acceso y transporte alternativo al coche privado, como el transporte púlico y la bicicleta, así como formación en movilidad sostenible. Por su parte, los planes de ordenación del territorio deberán adecuar las infraestructuras, la frecuencia y calidad del transporte público, para que esa nueva movilidad sea posible y justa, asegurando la participación ciudadana.
● Aumento hasta del 25% de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles en los turismos vendidos en Europa en 2025, y hasta del 70% en 2030, para aproximarnos al objetivo del 100% en 2040. Trabajaremos para que la UE promueva la colaboración con los fabricantes y la acción coordinada de los Estados para que puedan adaptar sus procesos productivos a la fabricación de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles, sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias.
● Inversión en baterías y tecnologías de almacenamiento y movilidad sostenible. Impulsaremos la creación de una línea europea de inversión público-privada de alto impacto para la I+D de nuevas tecnologías de baterías, motores, tecnologías del hidrógeno, redes inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad, con el objetivo de impulsar la autonomía de estos nuevos vehículos, y la eficiencia y el alcance de las redes, de manera que se acelere el crecimiento de estas industrias en toda la UE.
● Devolución de las ayudas europeas por parte de las empresas que, en los 10 años posteriores a haber recibido la ayuda, deslocalicen una parte significativa de su producción fuera de territorio europeo. Promover la implementación de la misma medida a nivel de cada uno de los Estados miembro, es decir, devolución de las ayudas estatales cuando la deslocalización se lleve a cabo fuera del Estado que otorgó la ayuda.
● Creación de un Fondo Europeo para la Transición Energética, la Economía de los Cuidados y la Digitalización.
● Plan Europeo de Empleo y Clima para un Horizonte Verde. Favorecemos que este plan esté compuesto por un programa europeo de inversiones, cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para destinar un 5,1% del PIB de la UE a una transición ecológica que enfrente la crisis climática, la reducción de ecosistemas y la desaparición de especies. Para ello,
(1) se desarrollarán energías renovables y se implementarán medidas de eficiencia energética;
(2) se electrificará el transporte y se promoverá una movilidad sostenible;
(3) se establecerán objetivos de cierre de las centrales de carbón y de las centrales nucleares, junto con la garantía de haber creado dos empleos por cada uno que pueda perderse y el impulso de la economía circular y de programas de adaptación al cambio climático; y
(4) se impulsará la I+D+i para desarrollar estas iniciativas.
Será un requisito fundamental para la asignación de fondos en este ámbito que se trate de proyectos que cuenten con el apoyo de los habitantes del territorio, que se abran a la participación económica de los mismos y de las entidades territoriales y locales correspondientes y que no causen otro tipo de externalidades negativas sobre el paisaje o el ecosistema.
● Establecimiento de una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables para el empoderamiento ciudadano en materia de energía. Incentivaremos la formación de comunidades energéticas ciudadanas para acelerar la transición.
● Estableceremos también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores que hayan sido perjudicados por las políticas estatales para obstaculizar la transición, como el caso del «hachazo a las renovables» en España. A escala europea, estableceremos la obligación de que un porcentaje de la nueva potencia renovable que se instale en cada país sea propiedad de comunidades energéticas ciudadanas durante toda la vida útil de las plantas.
● Participación pública en las nuevas plantas renovables y aplicación de criterios de justicia territorial a los territorios productores.
● Sobre los grandes parques renovables. A partir de un tamaño determinado, será obligatorio llevar a cabo una consulta ciudadana en los municipios y núcleos urbanos a menos de 10 kilómetros de distancia de la misma o que se vean afectados de forma directa por cualquier motivo. Al mismo tiempo, se reservará un mínimo del 30% de las participaciones de cada nueva planta para que puedan ser adquiridas, si así lo desean, por los vecinos y vecinas o por las entidades locales correspondientes. Estas dos medidas, que permitirán a los territorios tener una capacidad de negociación democrática que aumente la potencialidad de una transición energética justa, tendrán carácter retroactivo: es decir, se llevarán a cabo las consultas vinculantes y se abrirá la participación del 30% en al menos aquellas plantas que hayan sido instaladas en los últimos tres años. Por último, implementaremos una rebaja de hasta el 30% en el precio de la energía para las instalaciones domésticas en los municipios directamente afectados por los impactos de la producción energética (del tipo que sea). Esta rebaja será sufragada por un canon que tendrán que pagar las empresas productoras propietarias de las correspondientes centrales.
● Apoyo decidido de la administración pública al autoconsumo y al uso de energías renovables en las pequeñas y medianas explotaciones del campo. Pondremos en marcha ayudas ambiciosas para la instalación de paneles a nivel individual y también de comunidades energéticas en el seno de las explotaciones agrícolas y ganaderas de tamaño pequeño o mediano o en su proximidad para proporcionarles suministro eléctrico, así como de cooperativas agroalimentarias incluyendo la instalación de sistemas agrovoltaicos
● Inversión 100% pública para placas fotovoltaicas y rehabilitación energética de viviendas en edificios y viviendas particulares de ingresos medios bajos, así como un plan de subvenciones para eliminar las instalaciones domésticas de gas natural.
● Crearemos un fondo de financiación europea para municipios, que permita la financiación al 100% del coste de instalación de placas en barrios vulnerables y/o para familias de ingresos bajos.
● Plan europeo de subvenciones y créditos blandos para sustituir las instalaciones domésticas de gas natural. Llevaremos a cabo un Plan europeo de subvenciones y créditos blandos para sustituir la tecnología de gas natural doméstico por otras tecnologías electrificadas y/o no dependientes del gas, como las calderas eléctricas, las cocinas de inducción o la aerotermia y las bombas de calor.
● Desarrollo de una fiscalidad verde. Promoveremos sistemas de fiscalidad ambiental en los Estados de la UE, como bajadas del impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos, o el establecimiento de desgravaciones por el uso de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable. También se propondrán las bases para un impuesto estatal a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables.
