El manifiesto se titula No hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos: por el fin de los cortes de suministros. Y dice así: «La actual crisis sanitaria originada a raíz de la pandemia de Covid19 ha traído como consecuencia un incremento exponencial del número de familias en condiciones de vulnerabilidad en todo el Estado español. A su vez, el Gobierno central y las administraciones autonómicas han tomado una serie de medidas restrictivas en cuanto a movilidad sin precedentes en nuestra historia reciente. En marzo, la ciudadanía fue obligada a permanecer encerrada durante semanas en sus hogares para frenar la propagación del virus y salvar así miles de vidas humanas. A partir de la nueva declaración del estado de alarma, en octubre de 2020, las administraciones públicas han impulsado nuevas medidas para salvaguardar la salud y la seguridad de la ciudadanía, incluyendo restricciones en la movilidad entre municipios y comunidades y el popularmente conocido como toque de queda.
«Es a partir de la implementación de estas decisiones cuando, como sociedad, hemos sido más conscientes que nunca de la necesidad de tener garantizado el derecho humano a un nivel de vida digno, que implica reconocer, entre otros, los derechos humanos a la salud, a la vivienda y al agua potable y al saneamiento, así como de la disponibilidad de suministros básicos de luz y gas.
«En este sentido, el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española, en consonancia con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que España ratificó en 1977.
«En la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, se desarrolla el concepto de vivienda adecuada, considerando que
“todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”.
«Por su parte, el derecho humano al agua potable y al saneamiento fue reconocido explícitamente por la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2010. Quedan definidos su alcance y contenido en la Observación General número 15 del CESCR como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, resaltando que es “indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”.
«En este contexto, el derecho a una vivienda digna no sólo consiste en poder contar con cuatro paredes y un techo, sino también en disponer de unos suministros básicos garantizados que nos permitan gozar de un nivel de vida digno.
«Por su parte, el disfrute del derecho al agua es fundamental para la vida, la salud y la higiene, extremos que se han revelado indispensables durante la lucha contra la pandemia.
«En pleno siglo XXI, son evidentes las íntimas relaciones e interdependencias entre el derecho humano a un nivel de vida adecuado, al agua y al saneamiento y la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas.
«Pero este contexto no se limita al ámbito de los hogares, sino que incluye también a las miles de personas (temporeros, personas sin hogar, etcétera) que ni tan siquiera han podido acceder a una vivienda en condiciones, colectivos que en el Estado español superan la cifra de 40.000 personas.
«El Gobierno central, consciente de los terribles efectos que un corte de suministro puede conllevar en plena pandemia, impulsó el 18 de marzo de 2020, tan solo cuatro días después de la declaración del estado de alarma en todo el Estado, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid19. En su artículo 4 se establecía una garantía de suministro de agua y energía para personas y familias en situación de vulnerabilidad, una medida que dejaba claro que la protección ofrecida por el bono social eléctrico y otras medidas de protección vigentes no es suficiente para paliar los efectos de la pobreza energética de forma integral.
«En ese momento, se consideró desde el Gobierno que los únicos hogares protegidos correspondieran con “aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social”. Es decir, aquellos hogares susceptibles de acogerse al bono social eléctrico. Como aspecto más importante, esta prohibición de corte abarcaba los suministros de energía eléctrica, gas natural y agua, un hecho insólito hasta la fecha.
«A pesar de ello, la medida no tenía en cuenta que muchas familias en situación de vulnerabilidad y que sufren la pobreza energética, por distintas causas, no disfrutan de los descuentos derivados del bono social eléctrico ni se encuentran en el mercado regulado y, por tanto, no quedan protegidas de la interrupción del suministro.
«Estas carencias fueron trasladadas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por un notable número de entidades sociales, quien se avino a modificar en pocos días la medida.
«Así, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid19, que entró en vigor el 2 de abril de 2020, ampliaba la garantía de suministro a “los consumidores personas físicas en su vivienda habitual”, que comprendía la energía eléctrica, los productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, el gas natural y el agua.
«Según los datos anunciados por el Gobierno tras la pregunta del senador socialista Miguel Ángel Heredia, la medida evitó hasta junio de 2020 un total de 200.000 cortes de suministro eléctrico, mientras que 150.000 hogares quedaron protegidos de la interrupción de su suministro de gas natural.
«Se estima que, en el caso de la electricidad, la cifra podría llegar a los 270.000 hasta el 30 de septiembre.
«En relación con los suministros de agua potable, y como consecuencia de la opacidad de la información ofrecida por este sector, no se dispone de datos contrastados de cortes. Sí que trascendió que el 3 de abril de 2020, en plena escalada de la pandemia, la patronal AGA exigió al Gobierno, a través de una misiva dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, poner fin a moratoria y poder reanudar así los cortes de agua.
«A pesar de las cifras reconocidas por el propio Gobierno, resulta sorprendente que la medida de prohibición de interrupciones de suministros no se prorrogara a finales de septiembre junto a otras herramientas similares por vía del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
«Así las cosas, a partir del 1 de octubre de 2020 los suministros de energía eléctrica, gas y agua dejaron de estar garantizados para millares de familias, hecho que, como han denunciado públicamente múltiples entidades sociales, puede provocar una oleada de cortes en los próximos meses.
Por ello, abogamos por la implementación de las siguientes medidas
1. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, por un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
2. La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
3. La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.
No se trata de una mera cuestión de justicia social y de cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y dar cumplimiento a los Derechos Humanos. También se trata del deber ineludible del mismo Estado de velar por el bienestar de los colectivos más vulnerabilizados de nuestra sociedad, que son precisamente los que están sufriendo de forma más aguda de la actual crisis sanitaria, económica, climática, ecológica y social.
«Es menester recordar pues que no garantizar el derecho a acceder adecuadamente a los suministros básicos conlleva grandes riesgos para la salud pública del conjunto de la ciudadanía.
«Porque no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos: pongamos fin a los cortes de suministros». Fin del manifiesto
El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).
A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes partidos con representación parlamentaria
Unidas Podemos
Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
Junts per Catalunya-Junts
En Comú Podem-Guanyem el Canvi
Euskal Herria Bildu
Más País-Equo
CUP-Per la ruptura
Nueva Canarias
Coalición Canaria
Bloque Nacionalista Galego
Més Compromís
