No han faltado a la cita ni el "oligopolio", representado a su más alto nivel (en la primera fila del auditorio estaba sentado José Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola), ni el sector de las renovables (APPA, UNEF, Protermosolar, AEE, Anpier), ni el movimiento ecologista (Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción...). Han estado todos (a pie de página repasamos nomenclatura). ¿Motivo de la expectación? El Horizonte 2030. El Ejecutivo presentaba hoy su Hoja de Ruta hasta esa fecha: el Paquete de Energía y Clima, el conjunto de medidas que ha de conducirnos hacia ese Horizonte. Y las piezas clave de ese paquete, las piezas que hoy ha anunciado Sánchez y que componen el marco regulatorio que el Ejecutivo aprobará este viernes en Consejo de Ministros son tres: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa, "tres pilares esenciales -ha dicho Sánchez- que permitirán que España cuente con un marco estable, predecible y certero para la descarbonización de su economía a 2050".
Así ha sido el discurso de Pedro Sánchez
«Buenas tardes a todos y a todas, ministras, bienvenidos principales referentes no gubernamentales con los cuales he tenido ocasión de reunirme en muchas ocasiones, también como líder de la oposición o como presidente del Gobierno en este acto. También agradecer la presencia de los principales dirigentes vinculados con el mundo energético y también agradecer la presencia de los medios de comunicación. Ojalá esta noticia, que tiene mucho futuro, de transformación, de medio plazo, con impacto inmediato, pueda ser cubierta y trasladada como una de las principales noticias del día de hoy a la opinión pública española, porque yo creo que el reto lo merece.
Siempre hemos tenido claro que el cambio climático es el gran reto de nuestro tiempo. Al menos desde el punto de vista del gobierno así nos lo hemos planteado. Y desde que llegamos al Gobierno en el mes de junio supimos que debíamos actuar con determinación, acompasando todas nuestras iniciativas para combatir sus efectos; efectos que lógicamente van mucho más allá del medioambiental, siendo este lógicamente muy importante de por sí, porque afectan en multitud de ámbitos al día a día de las personas, especialmente de las más vulnerables, como ha dicho la ministra [Teresa Ribera le ha antecedido en el uso de la palabra].
La lucha contra el calentamiento es transversal, y nos obliga a actuar juntos con ambición y con eficacia. Por eso, el pasado junio teníamos muy claro que teníamos que constituir, por primera vez en la historia de la democracia de nuestro país, el Ministerio para la Transición Ecológica de nuestra economía.
No se trata de un ministerio de algo, sino de un ministerio para una causa muy determinada que nos concierne a todos, no solo a las instituciones públicas sino al conjunto de la sociedad civil aquí representada y sin duda alguna al conjunto del tejido empresarial.
Y, aunque la meta no se alcanza en ocho meses, aunque el camino es largo y no se recorre en tan breve plazo, yo estoy enormemente agradecido a la ministra Teresa Ribera y a su equipo por el excelente y extraordinario trabajo que se ha hecho en estos ocho meses en este departamento.
Como sociedad y como Gobierno, estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la agenda 2030; con el Acuerdo de París en materia de cambio climático; con las metas en materia de clima y energía que persigue la Unión Europea; y con un modelo de crecimiento neutro en carbono, inclusivo y solidario.
Y lo demostramos con los hechos, no sólo firmando los acuerdos y los tratados, que sin duda son importantes.
El Paquete de Energía y Clima que llevaremos al Consejo de Ministros el próximo viernes es el fruto de un trabajo, dedicado, riguroso, con una extraordinaria convicción y plasma el compromiso social de nuestro gobierno. Un compromiso social que late tras de sí la solidaridad con las generaciones que están por venir y que merecen respirar un aire de calidad y disfrutar de un planeta de calidad, pero sin duda alguna también con las generaciones que pueden verse afectadas por este cambio de paradigma en nuestra economía.
Este Paquete recoge un conjunto de herramientas que marcan el camino para construir una España mejor, más responsable, más sostenible, más competitiva y más preparada para los grandes retos económicos, con mayor calidad de vida y mejores estándares de salud. Una España responsable y segura.
Las medidas de dicho Plan están llamadas a ser la brújula que ha de guiar la transformación de nuestra economía hacia un modelo de prosperidad sostenible. Las medidas incluidas en él demuestran que España puede ser en 2050 un país sin emisiones de gases de efecto invernadero en una Unión Europea, insisto en este punto, sin emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir nosotros, acompañamos, acompasamos alineamos toda la estrategia de nuestro país con lo que se está marcando en la UE.
El Gobierno es consciente de la incertidumbre que domina las sociedades desde el estallido de la Gran Crisis, y de los efectos que esta incertidumbre ha tenido en el mapa político global. Persiste el miedo, y el miedo lleva la mirada a un pasado idealizado que en muchas ocasiones nunca existió. No son pocos los demagogos que pescan en este río revuelto y consiguen introducir un falso dilema: el de que debemos elegir entre trabajo y prosperidad, por una parte, y lucha contra el calentamiento, por otra. Este dilema no existe. Es falso.
Con estas medidas demostramos que es posible una economía moderna, sostenible, competitiva, al tiempo que se presta especial atención a la protección de los más vulnerables y a los damnificados por este cambio de paradigma. Estas medidas prueban que es posible una transición justa, ordenada, sin dejar a nadie atrás. Eso es parte del progreso, no que progresen solo unos pocos.
Permítanme que recalque una idea: el Paquete de Energía y Clima pone sobre la mesa medidas concretas basadas en el mejor conocimiento científico. Hay un trabajo tremendamente sólido, riguroso detrás de este Paquete político. Es una propuesta seria, rigurosa, sustentada en datos que demuestran que la apuesta por la descarbonización es también la apuesta por el crecimiento y la prosperidad en el corto y medio plazo.
Como apuntaba al inicio, hemos corregido el rumbo, hemos salido de la parálisis, pero queda mucho camino por recorrer. Esta es la agenda de la transformación de España para la próxima década; una propuesta irrenunciable, porque nos lleva a un futuro mejor.
El Paquete de Energía y Clima que ha elaborado este Gobierno se compone de tres elementos: en primer lugar, el esperado Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una norma que desde hace mucho tiempo se le debía a la sociedad española. Una norma que sitúa a España a la altura de países de su entorno, muchos de los cuales cuentan ya con legislación de esta naturaleza desde hace unos años.
Esta Ley será el marco básico, esencial, el paraguas en el que se configurarán las acciones necesarias para impulsar la transición a una economía avanzada, sin emisiones, innovadora y competitiva.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ofrecerá la certidumbre y la estabilidad regulatoria que demandan los agentes económicos para acometer la transformación de nuestro sistema energético y de nuestro modelo productivo.
Así, establece objetivos para 2030 de reducción de emisiones de CO2, eficiencia energética y penetración de renovables. Establece también metas a largo plazo, en el horizonte de 2050, metas que deben llevarnos a una economía neutra en carbono en torno a la mitad del siglo, como nos exige precisamente el Acuerdo de París que ha firmado nuestro país.
De acuerdo con la Ley, deberemos reducir nuestras emisiones en un tercio en la próxima década, para lo cual las energías renovables irán incrementando su presencia en el mix energético hasta alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable a mediados de siglo. Ese es el cambio de paradigma hacia el que queremos encaminar al país.
Pero la Ley no se queda en la fijación de objetivos, establece, además, un marco normativo estable que sienta las bases sobre las que desarrollar este proceso de cambio y sirve de guía para que se lleve a término de manera segura y con un coste eficiente, que es importante para los ciudadanos y las empresas de nuestro país.
La Ley da señales claras de cómo vamos a transformar nuestro sistema energético. Ya indicamos cuál era la senda a transitar con la derogación del “impuesto al sol”, y estamos adoptando medidas para favorecer el autoconsumo, que la Ley va a reconocer y reforzará.
Avanzar en una economía descarbonizada implica aceptar un uso responsable de los recursos. Para ello, la ley establece límites a la explotación de hidrocarburos y plantea un proceso tanto de revisión de los subsidios a los combustibles fósiles como de desinversión del sector público en este ámbito.
Apostamos por una movilidad sin emisiones de CO2, con medidas que nos han de permitir aprovechar las oportunidades derivadas: apostamos por la necesaria electrificación del transporte y la innovación asociada a tecnologías limpias.
Esta apuesta traerá de la mano mejoras en la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. Hablamos de los accidentes de tráfico y de la movilidad pero se nos olvida que mucha gente muere por la calidad del aire.
No estamos proponiendo nada caprichoso, sino necesario. La Ley estará en línea con la Estrategia a Largo Plazo de la Comisión Europea, que reclama que el parque automovilístico se renueve paulatinamente con modelos de menores emisiones para culminar en 2040 con vehículos sin emisiones de CO2.
Esto constituye una enorme oportunidad para la industria automovilística, que ha de ser protagonista de este cambio, que tiene que liderar este cambio. Una industria fundamental en nuestro tejido productivo, que sabe lo que demandan los ciudadanos y que está invirtiendo masivamente en desarrollar modelos eléctricos cada vez más competitivos y cada vez más asequibles para el ciudadano medio en nuestro país.
Lo que necesitamos es establecer un marco claro y adoptar medidas de apoyo para que esas inversiones se produzcan aquí, y no fuera, que es lo que está ocurriendo desgraciadamente, para que sean nuestra industria y nuestros trabajadores los que se beneficien de esta imparable ola transformadora.
No quiero dejar de mencionar la necesaria adaptación a los impactos del cambio climático. Numerosos estudios, incluidos los propios de Naciones Unidas, coinciden en señalar a la región mediterránea como una de las áreas del planeta más vulnerables al cambio climático. Esos mismos estudios coinciden en señalar a España con un riesgo de desertificación del 40% de su territorio en el medio plazo. Es decir, no estamos hablando de algo que sea una broma. Es algo muy serio y si nosotros planificamos y pensamos en las generaciones futuras tendremos que empezar a asentar las bases en el día de hoy.
Por ello, gestionar de manera responsable nuestro patrimonio común, el agua, los suelos, la biodiversidad -todos ellos recursos escasos y frágiles- es ineludible. Y esto es como lo interpreta el Gobierno de España.
La ley da un paso más y recoge, por primera vez, la definición de un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, que facilitará el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, así como la necesidad de elaborar informes de riesgos. En definitiva, como les decía, la ley constituye un marco completo llamado a dotar de certidumbre a actores públicos y privados en los próximos años.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es, precisamente, la regla básica que ha de regir para la elaboración de los otros dos instrumentos que llevamos al Consejo de Ministros: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Transición Justa.
Si la Ley es el marco normativo que define el proceso de transformación de nuestra economía hacia un modelo más sostenible y competitivo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima precisa cómo se realizará. Qué actuaciones concretas vamos a desplegar a lo largo del tiempo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima demuestra no solo que el cambio es posible, sino que va a resultar enormemente positivo para nuestro país. Vamos a convertir en oportunidad algo que si no hubiéramos hecho nada sería un problema. Un Plan Integrado de Energía y Clima que constituye también una de las piedras angulares de la Agenda del Cambio que la Ministra de Economía presentó hace unas semanas.
Ya lo he dicho antes: esto no es un brindis al sol, no estamos hablando de un mero deseo. Estamos poniendo sobre la mesa una propuesta, un contrato para el futuro, que se asienta sobre análisis solventes. Es un proyecto de modernización de la economía española que movilizará más de 200.000 millones de euros en inversión pública y privada, y bajo modelos mixtos de colaboración público-privada.
No nos engañemos ni engañemos a nadie: la ineludible acción climática y el crecimiento económico van de la mano. Si hacemos bien las cosas, si nos marcamos una senda eficiente, si aprovechamos las oportunidades, si planificamos como decía la ministra, entraremos en un círculo virtuoso de crecimiento sostenible y responsable.
Los análisis demuestran también que el conjunto de medidas generará alrededor de 300.000 nuevos empleos entre 2020 y 2030, fundamentalmente ligados donde España es muy competitiva, los servicios, la industria y la construcción. Empleos en nuevos sectores o ligados a la transformación de los existentes, empleos de calidad y con porvenir, perdurables, en sectores competitivos con futuro por delante. Buena parte de las oportunidades de empleo e inversión que representa este plan vienen de la mano del despliegue de las energías limpias, renovables.
Ya lo apuntaba antes: somos un país privilegiado para acometer esta transformación aprovechando la energía, barata e ilimitada, del viento y del sol. Por eso, las energías renovables tendrán un papel protagonista en la próxima década. En 2020, el 20% de la energía total que usa nuestro país (desde las casas a las fábricas y oficinas, pasando por el transporte) tendrá su origen en renovables. En 2030, esa cifra se duplicará, se tiene que duplicar hasta llegar al 41%.
Este despliegue de las renovables nos ofrece además la oportunidad de que la actividad económica ligada a esta actividad se extienda a áreas rurales. Que es uno de los desafíos que tenemos.
Frente a un modelo de generación de electricidad tradicional, concentrado en nodos industriales, la generación renovable permite una distribución más equilibrada en el territorio. De ese modo, áreas que actualmente sufren problemas de despoblación se beneficiarán directamente. Este plan y esta transición es una oportunidad, para eso que se ha llamado la España vacía. Vacía no por voluntad, sino por falta de oportunidades.
Otro de los elementos clave del plan es una apuesta decidida por la eficiencia energética. Gastar menos, gastar mejor, gastar eficazmente. Eso nos hará más competitivos y beneficiará tremendamente a nuestra economía.
La mejora en eficiencia energética, junto a la transición asociada a las renovables, mejorará en 75.000 millones de euros acumulados la balanza comercial española. Que siempre es uno de los talones de Aquiles de nuestra economía. Ese dato da por sí sólo una idea precisa de la oportunidad que supone para España.
Somos conscientes de que esta transformación no se logra en dos días, ni en los meses que llevamos en el Gobierno. Por eso estamos decididos a acompañar la transición con medidas que garanticen la viabilidad de nuestra industria y el empleo en este ámbito.
Sabemos que hay sectores especialmente expuestos a la competencia internacional y que son grandes consumidores de energía en sus procesos productivos. Por eso, por ejemplo, tenemos ya previsto aprobar un estatuto específico para la industria electro-intensiva que garantice su viabilidad. El Gobierno, insisto, va a facilitar el proceso, para que nadie atrás.
La tercera pieza del paquete que llevaremos el viernes a Consejo de Ministros es la Estrategia de Transición Justa, una herramienta que demuestra el compromiso no voy a decir del Gobierno sino de los sectores y regiones más vulnerables en este proceso de transformación.
Y es que el proceso de transformación económica traerá importantes beneficios, pero generará, inevitablemente, ciertos desajustes que deben abordarse y prevenirse, especialmente en aquellas comarcas vinculadas muy intensamente a los combustibles fósiles. En este punto me gustaría reconocer el trabajo que se está haciendo por las empresas.
Este Gobierno ya ha demostrado con hechos su compromiso con estas comarcas. Desde que comenzamos a trabajar, una de nuestras prioridades ha sido garantizar una transición justa y ordenada para el sector de la minería del carbón. Nos pusimos manos a la obra y, con determinación y discreción, cerramos un acuerdo y lo acompañamos con medidas legislativas que garantizan el futuro de los trabajadores de la minería.
Esta línea de trabajo es la que vamos a seguir en el desarrollo de la Estrategia de Transición Justa, que sigue las directrices de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). En el marco de la Estrategia contemplamos la celebración de convenios de transición para todas las comarcas sujetas al cierre de minas, centrales de carbón o centrales nucleares, con el objetivo de que los cierres generen impacto cero sobre el empleo y la población al final del proceso.
Los convenios garantizarán un acceso ágil y prioritario a las ventanas de financiación de la Administración General del Estado, y vendrán acompañados de ayudas europeas, cuando sea posible, de incentivos fiscales o de deducciones cuando se considere idóneo.
Esta transición la haremos siempre de acuerdo con los agentes sociales, esto me parece importante: con las empresas y los sindicatos. De abajo a arriba. Con consenso. Con cooperación. Escuchando. No solo palabras, no sólo estrategias: hechos, datos, cifras, presupuestos. Así actúa el Gobierno.
En definitiva, vamos a aprovechar todas las oportunidades de la transición a una economía innovadora, competitiva y descarbonizada, pero va a ser un proceso solidario e inclusivo en el que no vamos a dejar a nadie atrás. Este es el compromiso del Gobierno de España.
Y concluyo ya: en estos días hemos visto cómo se está extendiendo por Europa un movimiento de adolescentes que reclaman a los gobiernos acción decidida frente al cambio climático.
No debería sorprendernos. Esos chicos y chicas saben que su porvenir está en juego. Saben que el cambio climático puede poner en riesgo nuestros modos de vida, nuestra prosperidad y el estado del bienestar del que hemos venido disfrutando durante estos 40 años de democracia.
No podemos robar el futuro a los jóvenes de hoy, no podemos dejarles la hipoteca de un modelo de crecimiento insostenible y abocado al desastre. Sería una enorme irresponsabilidad imperdonable. Y, además, sería un tremendo error, porque sabemos que la lucha contra el cambio climático no solo es posible, sino necesario.
No solo nos va a permitir mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, sino que nos va a traer oportunidades económicas y de empleo, va a modernizar nuestra economía, va a adaptar a nuestras empresas y la va a hacer más innovadora y competitiva.
Estamos abriendo las puertas a ese futuro, estamos asomándonos a ese mundo de prosperidad compartida. Tenemos listas las herramientas para trazar el camino y recorrerlo con certidumbre y confianza. Estamos preparados para la transición a una economía limpia, sostenible, moderna y algo importante para nosotros, equitativa. Y vamos a recorrerlo juntos.
Sin más tardanza. Llevamos mucho tiempo esperando este momento.
Muchas gracias».
Sin pretender ser exhaustivos (la sala estaba completamente abarrotada)
Entre los presentes han estado José Ignacio Sánchez Galán (consejero delegado de Iberdrola); Miguel Antoñanzas (presidente de Viesgo, y de Enerclub); José Bogas (consejero delegado de Endesa); Marina Serrano (presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Aelec, sucesora de la antigua Unesa); Arturo Gonzalo Aizpiri (miembro del Comité Ejecutivo Corporativo de Repsol); José Manuel Entrecanales (presidente de Acciona); Cristina Narbona (presidenta del PSOE); Fernando Ferrando (presidente de la Fundación Renovables); José María González Vélez (presidente de Gesternova, la comercializadora de kilovatios verdes decana de España); Luis Crespo (presidente de la Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar, Protermosolar); Miguel Ángel Martínez-Aroca (presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Anpier); José Donoso (director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF); Juan Virgilio Márquez (director general de la Asociación Empresarial Eólica, AEE); Javier Alberto Muñoz (director de Comunicación en APPA Renovables); Mario Rodríguez (director ejecutivo de Greenpeace España); Juan Carlos del Olmo (secretario general de WWF España); Paco Segura (coordinador de Ecologistas en Acción); Luis Atienza (expresidente de Red Eléctrica de España), etcétera, etcétera.
