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Estas son las diez medidas que propone Facua para abaratar la luz

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Dos cortinas de humo (la del gas y la del CO2) pretenden ocultar (desenfocar) lo que está ocurriendo con el precio de la luz estos días. Cierto es que el precio del gas en los mercados internacionales ha subido en los últimos meses, y cierto es también que lo mismo ha sucedido con el precio del CO2. Pero la clave de la escalada del precio de la electricidad es el mecanismo de formación de ese precio que ha elegido el legislador, un mecanismo que facilita que las grandes compañías especulen con un bien básico, como es la electricidad, e inflen artificialmente su precio, un precio -lo que al final pagamos concretamente por un kilovatio hora- que no refleja lo que realmente cuesta generar ese kilovatio hora. La asociación de consumidores Facua ha elaborado un decálogo con propuestas #Las10deFACUA para abaratar la luz.
Estas son las diez medidas que propone Facua para abaratar la luz

Generar un megavatio hora en una central nuclear española costaba 44,37 euros en 2008, según un informe que sobre el particular publicó entonces la mismísima Comisión Nacional de la Energía: 44,37 euros el megavatio hora. Ese mismo año (2008), la revista Economía Industrial (editada por el Gobierno de España), publicaba un Especial Nuclear en el que el principal propietario de centrales nucleares en el sistema eléctrico nacional, Endesa, reconocía un coste de generación de 36,4 euros por megavatio hora. Hoy, las centrales nucleares españolas están 13 años más amortizadas que en 2008, cuando fueron publicadas aquellas cifras, por lo que generar un kilovatio hora nuclear es presumiblemente más barato aún. Además, hoy, el uranio, la materia prima con la que las centrales nucleares producen electricidad, cuesta poco más de la mitad de lo que costaba en 2008, porque Fukushima cerró muchas centrales en Japón y en Alemania (dos enormes potencias nucleares), y en otras latitudes la solución atómica ha dejado de ser atractiva a los ojos de la opinión pública, habida cuenta de lo visto en la ciudad japonesa. Sea como fuere, hoy, el megavatio hora lo estamos pagando a 117,14 euros, más del triple de 36,4 (por remontarnos a la cifra publicada en 2008).

Con la hidráulica pasa igual. Según el mismo informe de 2008, generar entonces un megavatio hora en una central hidroeléctrica amortizada costaba entonces tres euros (3€). Y ahí volvemos a las andadas: el parque hidroeléctrico nacional está hoy 13 años más amortizado que hace 13 años, por lo que el coste de generación de un megavatio hora hidroeléctrico sería hoy presumiblemente inferior al que fijaba entonces la CNE. Sin embargo, los megavatios hora hidráulicos nos los están vendiendo hoy a más de 132 euros. Sobre la nuclear, el mismo informe plantea el mismo supuesto: "considerando para el tercer trimestre de 2008 que el conjunto de las centrales anteriores a 1998 está amortizado" (la última central nuclear española en entrar en funcionamiento -Trillo- lo hizo en el 88), el coste de producción de un megavatio hora nuclear es de dieciocho euros (18 €). Dieciocho euros el megavatio hora, cuando lo estamos pagando hoy a 132.

Pues bien, en el marco de la brutal escalada del precio de la luz que estamos viviendo estos días, la asociación de consumidores Facua denuncia hoy, por boca de su secretario general, Rubén Sánchez, el "mantra" de que el Gobierno no puede hacer nada "porque Bruselas no nos deja".

Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción: "el mantra de 'no podemos porque Bruselas no nos deja' ya aburre. Lo utilizaba la ministra de Hacienda para no bajar el IVA [de la luz] y al final lo bajó. Y ahora, la vicepresidenta Ribera dice que no puede sacar la energía hidráulica ni la nuclear de la subasta diaria porque no lo permite la normativa europea mientras que, justo el país vecino, Francia, lo hizo en 2011 con la nuclear. No pasó nada, no la expulsaron de la Unión, no la sancionaron"

Frente a la inacción del Gobierno, el responsable de Facua ha aludido también a la Directiva europea del sector eléctrico 2019/944, que "en su artículo 5 -ha dicho-, establece que 'los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables y, en este sentido, la Directiva no pone límites a los criterios económicos que pueden utilizar los Estados miembro para considerar a un consumidor como vulnerable"

Facua-Consumidores en Acción reclama al Gobierno una serie de medidas para proteger los derechos de los usuarios frente a los abusos del sector eléctrico. Según la asociación, hacer frente a la pobreza energética de una manera eficaz y garantizar el acceso al suministro eléctrico a unos precios razonables debe ser prioritario para este Gobierno "y una obligación de servicio público para las empresas eléctricas". La luz -señalan desde Facua- es esencial para el desarrollo de una vida digna y no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados.

Estas son las 10 diez reivindicaciones de Facua (#Las10deFACUA)

1. Reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, de manera que determinadas tecnologías de generación eléctrica salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno.

2. Creación de una tarifa social. Puesta en marcha de un nuevo bono social que represente un descuento de al menos el 50% de la factura y al que puedan acogerse las familias cuyos ingresos no superen 2 salarios mínimos, que se elevarían hasta 3 en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años.

3. Coordinación entre Gobierno, comunidades y ayuntamientos. Articulación de un procedimiento coordinado mediante el cual, a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y beneficiarios de ayudas y prestaciones sociales del ámbito local se les incorpore, en el procedimiento y resolución de concesión, la garantía de acceso a suministros básicos como la luz.

4. Bajada del IVA con carácter permanente. El impuesto no puede volver a ser del 21%. La disminución de ingresos para las arcas del Estado debe compensarse con una reforma de los impuestos sobre la renta, patrimonio y sociedades para que paguen más quienes tienen mayores recursos.

5. Empresa pública de energía. Recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.

6. Prohibición de cortes de suministro por razones económicas a los consumidores vulnerables. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.

7. Auditoría al sistema eléctrico. Análisis de los costes del sistema desde la puesta en marcha de la liberalización del sector para determinar si las eléctricas inflaron los precios y, con ellos, el déficit de tarifa que llevamos años devolviéndoles. Reembolso de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

8. Control de las ofertas fraudulentas. Puesta en marcha de mecanismos de control coordinados entre el Gobierno y las comunidades autónomas para detectar, multar y alertar públicamente de las ofertas engañosas lanzadas por las eléctricas en el mercado libre.

9. Bajada sustancial del término de potencia. Tras la subida del 103% en el precio del kilovatio de potencia contratada que aprobaron los últimos gobiernos del PP, el actual Ejecutivo de coalición ha aplicado una bajada poco significativa, que no llega al 16%, pese a su compromiso de disminuir el porcentaje que representa el término fijo en el total de la factura.

10. Reestructuración de los tramos horarios. El horario menos caro, el valle, debe adelantar su inicio de lunes a viernes no festivos a las 22.00 horas, de manera que un mayor porcentaje de consumidores puedan aprovecharlo para desarrollar tareas domésticas a precios más bajos.

Denominación de origen
Facua-Consumidores en Acción se define como "una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada desde sus orígenes, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores; independiente de gobiernos, partidos políticos, confesiones religiosas e intereses empresariales, con un carácter marcadamente progresista, democrático, plural y participativo. Somos hombres y mujeres comprometidos que reivindicamos mejoras en la regulación y el control del mercado, la calidad, etiquetado y publicidad de los productos y servicios".

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