Aliente se define como un "colectivo estatal" que apuesta por un modelo energético que dé prioridad al autoconsumo y a las comunidades energéticas frente al modelo de grandes instalaciones industriales (megaproyectos). La Alianza Energía y Territorio, que fue fundada en enero de 2021, considera que "los megaproyectos (los de verdad necesarios) deben distribuirse por toda la península, evitando grandes concentraciones en algunas comunidades y municipios", y que, en todo caso, deben quedar ubicados "en terrenos degradados y antropizados sin afecciones a la biodiversidad y al paisaje". Este colectivo, que denuncia una "masiva y desordenada" implantación de proyectos renovables, insiste en que "la destrucción del paisaje y de la naturaleza que están ocasionando los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos es una realidad que se une al descontento social en el mundo rural por la desaparición del sector primario como motor económico y las abundantes expropiaciones".
En ese marco, Aliente acaba de presentar un paquete de propuestas (15, en total), que dirige "a los partidos politicos" y cuyo fin último es "lograr una transición energética respetuosa con el paisaje, la biodiversidad y el mundo rural". Estas son sus 15 propuestas.
Propuestas
1. Transponer de manera completa las Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como Paquete de Invierno. Estas directivas -explican desde Aliente- obligan al desarrollo de un modelo energético que prime el ahorro y la eficiencia energéticos y el autoconsumo de renovables en un modelo distribuido, y que regule la capacidad máxima de producción, así como al establecimiento de criterios sostenibles de utilización. Además, establece la obligatoriedad de incluir la integración de las energías renovables en la ordenación y la planificación del territorio.
2. Acabar con los "obstáculos legales" que han lastrado hasta ahora las comunidades energéticas. Hacerlo con el desarrollo del decreto ley correspondiente, "que hasta ahora no ha sido desarrollado -denuncia la Alianza- por falta de voluntad política". Establecer ayudas para impulsar las comunidades energéticas y facilitar su conexión a red con balance neto.
3. Autoconsumo y electrificación. Establecer ayudas directas para instalar placas en tejados y fachadas con balance neto, para sistemas de bomba de calor y para instalaciones de geotermia de baja temperatura. Ayudas exprés a ciudadanos de bajos ingresos para impedir pobreza energética.
4. Desarrollar una planificación vinculante de la administración central y de las autonómicas "para priorizar absolutamente los suelos degradados y antropizados y evitar de forma radical ubicaciones con afecciones al medio ambiente, biodiversidad, sector primario (agrario y forestal) y paisaje".
5. Equidad territorial. "Los megaproyectos (los de verdad necesarios) deben distribuirse por toda la península, evitando grandes concentraciones en algunas comunidades y municipios", lo que conlleva -denuncian desde la Alianza- que unos territorios se conviertan en 'tierra de sacrificio' para el beneficio de otros más ricos".
6. Excluir del despliegue de renovables los espacios protegidos (Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera y zonas de alta biodiversidad) o con especies sensibles a estas afecciones (como las aves esteparias), así como los corredores ecológicos, las rutas migratorias y las áreas periféricas de espacios naturales y Red Natura 2000. Aliente demanda también la "relocalización de los proyectos ya existentes en estas zonas de elevado valor para la biodiversidad".
7. Derogar el Real Decreto 2020/2022 que permite acelerar las autorizaciones eludiendo la evaluación ambiental y acabando con la participación real de la ciudadanía. El llamado Decreto por la crisis de la guerra de Ucrania "supone un retroceso en la protección ambiental de décadas -denuncia la Alianza- y provocará un daño irreparable a la biodiversidad".
8. Que el futuro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, actualmente en fase de borrador sometido a información pública, apueste por triplicar objetivos en lo que se refiere al autoconsumo en tejados y fachadas y que exija para los nuevos desarrollos:
– su ubicación en suelos degradados y en localizaciones sin afecciones a la biodiversidad y al paisaje;
– su no ubicación en terrenos agrícolas, forestales o ganaderos (“Renovables sostenibles: Fotovoltaicas”);
– su exclusión de Red Natura 2000, espacios protegidos y zonas periféricas y zonas de alta biodiversidad.
9. Establecer una moratoria especialmente en situación de descenso de demanda de energía. Según Aliente, en el 2023 ya se han sobrepasado las expectativas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030. Por eso, la Alianza plantea "una moratoria para redirigir los proyectos actuales que afecten a la biodiversidad a terrenos degradados y para estudiar las necesidades energéticas del país deteniendo el avance de nuevas instalaciones para exportación hasta que no se avance en la electrificación de la economía y el almacenamiento energético para poder eliminar el gas y el carbón de la producción energética".
10. Retirar los proyectos tanto eólicos como fotovoltaicos que se hayan demostrado dañinos para el sector primario y biodiversidad (estudios de Vigilancia Ambiental) y los existentes en la Red Natura.
11. Establecer una obligación de transparencia y rendición de cuentas en todos los pasos del proceso administrativo de los proyectos. Publicar listado de proyectos y condiciones de negociación entre los ayuntamientos y las diferentes empresas de renovables, estado de tramitación e hitos que deben cumplir.
12. Desarrollar códigos de buenas prácticas. De obligatorio cumplimiento por parte de las empresas en la presentación de los estudios de impacto y en su relación con las comunidades locales que se verán afectadas por los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos.
13. Obligar a la inclusión en los proyectos de "fianzas que realmente garanticen el desmantelamiento y la gestión de los residuos cuando finalice la vida útil de las instalaciones de renovables". Seguir incluyendo los residuos solares y los procedentes de la energía eólica al final de su ciclo de vida como RAEEs (residuos eléctricos).
14. Acabar con la permisividad de las distintas administraciones públicas hacia las empresas promotoras de grandes proyectos de renovables que se ha traducido en un "abuso de las concesiones de utilidad pública que se han utilizado con fines expropietario en favor de empresas privadas con fines especulativos en muchos casos". Según Aliente, esa permisividad se ha traducido "en una absoluta desprotección del suelo rústico y la consecuente transformación radical del territorio (plantas industriales, líneas aéreas de alta tensión) así como en la usurpación de competencias urbanísticas municipales".
15. Respetar la sensibilidad y voluntad de los territorios rurales.
• Establecimiento de asambleas ciudadanas y de democracia para las negociaciones de nuevos parques renovables.
• Asesoramiento a los ayuntamientos ante la indefensión frente a las grandes empresas de renovables y fondos de inversión.
• Respeto el sector primario como eje de la economía rural (agricultura, ganadería extensiva, turismo).
• Lucha contra la despoblación: impulsar "medidas que de verdad fijan población, como escuelas, hospitales, fibra óptica, teletrabajo, apoyo a acceso a vivienda y negocios, impulsar empleo estable y no precario".
• Que la mayor parte de los beneficios de las instalaciones industriales se queden en los territorios.
• Por fin, Aliente exige al nuevo gobierno que salga de las urnas del 23J y a los nuevos gobiernos de las distintas comunidades autónomas un desarrollo energético ordenado, que revierta en beneficio de la población local, respetando y protegiendo la biodiversidad, el territorio y el modo de vida rural.
