El Ministerio publicó ayer la lista de los adjudicatarios de la subasta de potencia renovable que tuvo lugar el pasado miércoles. Lo ha hecho tras recibir la "información remitida por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) sobre los resultados de la subasta para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, y una vez -asegura el Ministerio- que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha confirmado que el proceso se ha realizado de forma objetiva, competitiva y no discriminatoria". Eso dice el Ministerio en el comunicado que difundió ayer por la tarde. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha difundido ninguna nota de prensa sobre el particular.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal (véase currículo), ideó hace unas semanas una subasta (esta) a la que definió "tecnológicamente neutra", una subasta que ha recibido críticas de todos los colores. A saber: críticas desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha emitido un informe en el que pone en duda que las reglas de la subasta hayan sido lo suficientemente transparentes y que apunta que tampoco garantizarían plenamente la libre y justa competencia; críticas desde la patronal del sector termosolar (léase El ignaro que trata por igual a los desiguales), críticas desde la Unión Española Fotovoltaica, que ya ha anunciado que va a denunciar esa subasta ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea; y críticas desde las cooperativas, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables, etcétera, etc.
A continuación, el listado oficial de adjudicatarios resultante de la subasta celebrada el pasado miércoles. Como se aprecia, 2.979 de los 3.000 megavatios subastados han acabado siendo adjudicados a compañías del sector eólico, tal y como ya anunciaron que sucedería los detractores de esta subasta (UNEF, Protermosolar y Som Energia, por ejemplo), que denunciaron que las reglas establecidas por el Gobierno beneficiaban a la eólica (y, concretamente, a las grandes multinacionales del sector), y perjudicaban a todas las demás tecnologías y, así mismo, a los proyectos más grandes (oligopolio) frente a los pequeños (generación distribuida).
Para la tecnología eólica
Alfanar Co: tres kilovatios (3 kW)
Cobra Concesiones SL: 3 kW
Cepsa Gas y Electricidad SA: 1 kW
Enel Green Power España SL: 540.098 kW
EDP Renovables España SLU: 2 kW
Energías Eólicas y Ecológicas 54 SL: 237.500 kW
Energías Renovables del Bierzo SL: 3 kW
Gestamp Eólica SL: 1 kW
Gas Natural Fenosa Renovables: 666.999 kW
Greenalia Power SL: 1 kW
Hocensa Empresa Constructora SA: 3 kW
Norvento SLU: 128.600 kW
Sociedad Aragonesa Transeuropea de Energías Renovables (Forestalia): 1.200.000 kW
Sistemas Energéticos Sierra de Valdefuentes SLU: 206.450 kW
Total eólica: 2.979.684 kilovatios (ó 2.979,684 megavatios, MW).
En cuanto a la tecnología fotovoltaica, los adjudicatarios han sido
Cobra Concesiones SL: siete kilovatios (7 kW)
Gas Natural Fenosa Renovables: 9 kW
IB Vogt GmbH: 1 kW
Ildefonso-Pedro Tauste Ortiz: 7 kW
Lotapera SL: 4 kW
Tecnología Ingeniería y Calidad SL: 1.000 kW
X-Elio Energy SL: 9 kW
Total fotovoltaica: 1.037 kilovatios (ó 1,037 megavatios, MW).
Por último, he aquí los adjudicatarios del "resto de tecnologías"
Agroenergía de Campillos SL: 300 kW
Avanzalia Energía Comercializadora SA: 2.900 kW
Ayuntamiento de Alfarrás: 472 kW
Biogastur Generación Navia SL: 4.500 kW
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia: 4.241 kW
Energía Sur de Europa SL: 2.126 kW
Hibridación Termosolar Navarra: 2.000 kW
OMS Sacede SAU: 260 kW
Vertedero de residuos SA: 2.500 kW
Total otros: 19.299 kilovatios (ó 19,299 megavatios, MW).
A partir de este momento -informa el Ministerio-, las empresas adjudicatarias serán inscritas en el Registro Administrativo de régimen retributivo, mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Esta nueva potencia renovable deberá estar en funcionamiento antes de 2020. Para ello, se han introducido mecanismos y avales para garantizar que se llevan a cabo los proyectos adjudicados.
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