La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha sido aprobada por el Congreso con los votos en contra de Vox y la abstención del PP y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), iniciando el camino para lograr la plena descarbonización de la economía en 2050, con una serie de hitos intermedios.
Estos son los principales: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% de aquí a 2030 respecto a los niveles de 1990 (esta ambición sería revisada al alza en 2023); un 42% del total de la energía final generada con renovables ese año; un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación aportada por las energías verdes; y mejorar la eficiencia en un mínimo del 39%.
Otros hitos recogidos en la ley son la elaboración de un plan de eficiencia para los hogares, el fin de la venta de los automóviles de gasolina o gasoil para 2040, la obligación de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, o la prohibición de buscar hidrocarburos en España.
“Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad”, ha declarado la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la aprobación de la ley. Un documento que ha calificado, además, de “imprescindible” y que había sido postergado demasiado tiempo.
Mejoras recogidas
en su tramitación
En un comunicado conjunto, Climate Strategy, Ecodes, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), la Fundación Renovables, SEO/BirdLife y Transport & Environment, celebran la aprobación de la Ley del Clima y que en su paso por el Senado haya recogido algunas de sus propuestas.
"Nos congratulamos de haber contribuido a ello con una serie de propuestas de enmiendas que presentamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso, las cuales fueron registradas como propias por diversos partidos (Compromís, Más País- Equo y ERC, en mayor medida, pero también por PSOE, Partido Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, Bildu o Teruel Existe) y defendidas durante las discusiones posteriores hasta su aceptación definitiva", señalan.
Entre esas propuesta incorporadas al texto final figuran cuestiones como contar con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) como nuevo principio rector que regirá todas las actuaciones derivadas de esta ley y de su desarrollo; que se haya incrementado de 50 kW a 150 kW la potencia de los puntos de carga a instalar en las gasolineras de mayor volumen de ventas; que se establecen medidas dirigidas a estimular el suministro eléctrico en buques atracados; o la prohibición de la minería del uranio en España.
También celebran que norma recoja su propuesta para que se establezca una zonificación que defina zonas de sensibilidad y exclusión a las energías renovables por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios ecosistémicos; y que a partir de ahora se deba incluir en los planes o instrumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos y espacios de la red Natura 2000 un apartado sobre adaptación de los mismos al cambio climático.
Falta de ambición
Sin embargo, las organizaciones firmantes vuelven a lamentar en el comunicado la falta de ambición de la Ley. Critican, entre otras cuestiones, que el gobierno no haya aceptado elaborar presupuestos de carbono de carácter quinquenal para establecer la senda que permita alcanzar los objetivos a 2030 y la neutralidad climática antes de 2050. O que el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética contara con presupuesto propio y una estructura, composición y funciones definidas en la Ley para quedar fuera de cualquier control gubernamental.
Adelantar a 2035 la fecha de prohibición de los coches de combustión era otra de sus peticiones: "La fecha que se contempla la ley a ese respecto, 2040, es incoherente con el objetivo de lograr la descarbonización de la economía española a más tardar en 2050, ya que la vida media de los coches en España ronda los 15 años", afirman.
También pedían que se incrementara de 50 kW a 150 kW la potencia de los puntos de carga a instalar en las gasolineras de mediano y pequeño volumen de ventas (y no solo en las grades, como se ha hecho); y evitar dar prórrogas a las concesiones de explotación de hidrocarburos cuyos actuales permisos caduquen antes del 31 de diciembre de 2042 (fecha límite fijada por la ley para el fin de la explotación de hidrocarburos en España).
"En los próximos meses, seguiremos trabajando para que lo plasmado en esta ley no se quede en el papel y que su desarrollo reglamentario sea el óptimo, así como para tratar de fomentar sus líneas de acción positivas y frenar o minimizar las erróneas. Por ejemplo, dejar, en el Artículo 13, la puerta abierta al uso de combustibles sintéticos de origen renovable en el transporte por carretera, una opción altamente costosa e ineficiente", según los firmantes.
Anuncian, además, que van a promover en la próxima revisión, prevista en 2023, "el mayor incremento posible de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética establecidos en el Artículo 3", ya que consideran que todos estos objetivos están por debajo de lo que exige la emergencia climática.
