El periódico Cinco Días adelantaba esta mañana el fallo del Ciadi. Hace dos días, el 12 de marzo, este tribunal de arbitraje falló a favor del grupo estadounidense, que tras invertir en dos plantas termosolares situadas en Extremadura planeaba invertir otros 600 euros más en renovables en España. Sin embargo, tras el recorte realizado por gobierno del Partido Popular, el grupo estadounidense decidió irse del país y cerrar su filial en España, NextEra Energy Spain Holdings, que fue constituida en 2008 para la construcción de las dos plantas termosolares en la localidad de Navalvillar de Pela (Badajoz).
En su página web, NexTera explica que el procedimiento de arbitraje internacional fue iniciado en 2014 después de que España aboliera el sistema de primas y tarifas a largo plazo, que sirvió de base para las inversiones del grupo en las dos plantas de energía termosolar.
La firma añade que el fallo del Ciadi respalda su reclamación, al concluir que "España no cumplió con la obligación que le impone el Tratado de la Carta de la Energía de 1994 de proporcionar un trato justo y equitativo, al no proteger las expectativas legítimas de las compañías (NexTera Energy y su filial española) sobre las que éstas tomaron sus decisiones de inversión en relación con el desarrollo de las plantas".
NexTera dice que tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios que estima en 291 millones de euros, a los que pide sumar un interés según la rentabilidad del bono español a cinco años. Explica que la estimación está basada en el rendimiento de los costes capitalizados de las inversiones de las compañías en las dos plantas al 30 de junio de 2016, sobre la base del coste medio ponderado del capital de las plantas más una prima de 200 puntos básicos.
"Existen pocos motivos por los que España pueda solicitar la anulación de la decisión y las compañías puedan tener que solicitar la ejecución de la decisión a través de otros procedimientos legales", concluye.
España suma ya 32 procesos abiertos ante el Ciad, lo que la convierte en el país que tiene más casos abiertos ante dicho organismo.
