El estudio elaborado por la consultora PwC realiza un diagnóstico de la situación actual de la tramitación de proyectos de transporte de electricidad en España, diagnóstico del que no salen bien paradas las administraciones competentes, y adelanta una conclusión: "en el periodo 2021-2030 será necesario realizar inversiones en transporte de electricidad por valor superior a 11.000 millones de euros para alcanzar los objetivos de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030". ¿Barrera a superar? Pues que, "de mantenerse los procesos actuales de tramitación -alerta PwC-, una parte de dichas inversiones no se podrán acometer en plazo dentro de dicho periodo, lo cual tendrá impactos negativos significativos que van más allá de los objetivos medioambientales, al afectar también a otros sectores económicos y sociales, dado el carácter vertebrador que tiene la red de transporte".
Del análisis de "experiencias reales y cuantitativas" llevado a cabo, la consultora extrae varias conclusiones "que resumen y evidencian la problemática existente en torno a la tramitación administrativa de proyectos energéticos en España". Estas son las cinco conclusiones principales.
• Actualmente, los procesos de tramitación administrativa de proyectos energéticos están llevándose a cabo en plazos muy superiores a los establecidos por la normativa correspondiente. Este incumplimiento es generalizado, apareciendo en más del 75% de los proyectos evaluados.
• La estructuración de los trámites resulta excesivamente larga, llegando a generar en ocasiones duplicidades que dificultan más la eficiencia del proceso. El proceso de tramitación representa de media entre un 50-75% del tiempo transcurrido hasta la puesta en servicio de una instalación, siendo el restante dedicado a su construcción y puesta en servicio.
• El problema de la tramitación administrativa se extiende a todos los ámbitos del sector energético. En el análisis llevado a cabo hemos podido comprobar que los proyectos de transporte eléctrico y los de generación renovable, en cuyos procesos de tramitación intervienen los mismos agentes, presentan una problemática muy similar, si bien los retrasos en el caso del transporte son, por lo general, más acusados.
• Si bien existe una gran dispersión en el caso de las comunidades autónomas, existen algunos organismos territoriales que han conseguido resolver el problema de recursos y disponen de un remarcable nivel de voluntad, lo que les ha llevado a conseguir tiempos más eficientes.
• De todos los trámites administrativos, la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental parece ser el que tiene mayor impacto temporal sobre el proceso. De media, la necesidad de esta declaración implica duplicar el tiempo de tramitación administrativa de una instalación.
El Gobierno de España y así mismo la Unión Europea han establecido unos objetivos climáticos y energéticos determinados para 2030, objetivos cuya materialización requiere de unas ciertas inversiones en desarrollo de redes. Pues bien, para acometerlas con éxito -apuntan desde PwC-, será necesario abordar medidas y soluciones al reto de la tramitación administrativa de las infraestructuras de transporte de electricidad que, como reconoce la Comisión Europea, actualmente es uno de los principales cuellos de botella en el proceso de transición ecológica. Esa es la principal conclusión -romper los cuellos de botella- del informe que ha elaborado PwC con la colaboración de Red Eléctrica.
En el caso de la red de transporte, el proceso de tramitación está dirigido a la obtención de distintas autorizaciones, siendo el organismo competente de carácter estatal o autonómico en función de las características del proyecto. En la mayoría de los casos, las Administraciones Públicas desarrollan, a través de la tramitación administrativa de proyectos e infraestructuras, un papel habilitador muy relevante. Durante el periodo 2015-2020 -señala el informe-, los tiempos medios de tramitación administrativa oscilaron entre 1 y 6 años, según el tipo de instalación.
[Bajo estas líneas, Medidas destinadas a agilizar los procedimientos de tramitación de redes de transporte propuestas por PwC en su informe].
Medidas para avanzar en la simplificación de los procesos
El documento señala que para obtener una mejora sustancial y ser capaz de cumplir con los objetivos propuestos a 2030 será necesario poner en marcha un decálogo de medidas que permitan actuar, al menos, en cuatro ámbitos: racionalización del proceso de tramitación, eliminando o simplificando la necesidad de autorizaciones; organización de recursos que permitan la mejora en la coordinación y la mejora en la resolución de conflictos; agilización del proceso de tramitación ante la falta de recursos de la administración; y digitalización del proceso de tramitación.
Algunas de estas medidas -explican desde PwC- se inspiran en las mejores prácticas observadas en determinadas regiones y países de la UE, que han conseguido obtener mejoras evidentes en sus procedimientos administrativos, así como en las recomendaciones realizadas recientemente desde la Comisión Europea en el contexto del Plan RepowerEU.
[Bajo estas líneas, "buenas prácticas que podría ser interesante considerar en el ordenamiento español" que destaca en su informe la consultora PwC "tras el análisis de las medidas propuestas o adoptadas en otros países"].
El informe concluye con una exposición de las Medidas Propuestas por PwC. Son estas
1. Racionalización de procedimientos
1.1. Declaración Utilidad Pública (DUP)
Permitir que la DUP lleve implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público. o patrimoniales del Estado o de las comunidades autónomas, como en la anterior redacción de la Ley del Sector Eléctrico.
1.2 Tramitación paralela de procedimientos
Permitir el inicio de la solicitud y tramitación de la autorización administrativa en paralelo a la tramitación del informe de singularidad de la CNMC.
1.3 Eliminación del informe de la CNMC para la obtención de la Autorización Administrativa Previa
Se propone eliminar el informe preceptivo y no vinculante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la obtención de la Autorización Administrativa Previa para instalaciones competencia de la Administración General del Estado (AGE).
1.4 Aplicación a las instalaciones de transporte el mismo régimen que las obras públicas de interés general
Aplicación a las instalaciones de transporte el mismo régimen que las obras públicas de interés general en relación al control preventivo municipal.
2. Agilización de procesos
2.1 Proyectos de interés estratégico para la transición energética aplicando procedimientos de urgencia
Declaración de determinadas instalaciones de transporte de electricidad como de interés estratégico por su relevancia para el desarrollo económico, social o medioambiental. Reducción de los plazos de tramitación a la mitad para este tipo de instalaciones.
2.2. Contenido y efectos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
Establecer el trámite de audiencia de las administraciones afectadas como el momento único y oportuno para que se emitan todos los pronunciamientos preceptivos.
2.3 Delimitación del concepto de modificaciones “no sustanciales” y efectos
Definir qué se entiende por modificación no sustancial para concretar en qué supuestos es necesario reiniciar el trámite de evaluación ambiental.
2.4 Informes preceptivos y efectos de su falta de emisión en la Evaluación de Impacto Ambiental
Establecer la necesidad de que el órgano ambiental determine previamente qué informes serán preceptivos y necesarios según las características del proyecto y sin que su carácter
preceptivo impida continuar la tramitación hasta la resolución.
2.5 Audiencia previa a la emisión de la DIA
Dar audiencia al peticionario para presentar alegaciones previamente a la elaboración de la propuesta de resolución de autorización ambiental en un plazo de 20 días máximo.
3. Organización de recursos
3.1 Incrementar los recursos económicos de las Administraciones Públicas (AAPP) para la tramitación de expedientes
Incrementar los recursos vía tasas para la tramitación de expedientes.
3.2 Encomiendas de gestión para agilizar la tramitación
Incrementar las encomiendas de gestión para el trámite ambiental y sustantivo.
PwC presentó ayer este informe en una jornada en la que distintos agentes han dialogado sobre la necesidad de abordar medidas y soluciones al reto de la tramitación administrativa de las infraestructuras de transporte de electricidad como clave para acelerar los objetivos de la transición energética.
El evento se ha celebrado en un contexto altamente marcado por la actual crisis energética que está viviendo Europa y en respuesta al cual la propia Comisión Europea ha señalado la necesidad de acelerar los procesos de tramitación de los proyectos energéticos.
Han participado en la jornada representantes de la Comisión Europea y la Embajada de Alemania, de las distintas asociaciones empresariales, empresas y grupos de interés (Aeñec, Asociación Empresarial Eólica, Unión Española Fotovoltaica, REE, Greenpeace), así como de las distintas administraciones y organismos públicos involucrados en la materia, así como comunidades autónomas (Extremadura, Andalucía, Canarias y Aragón), el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las diferentes mesas de debate han sido moderadas por Óscar Barrero y Reyes Gómez , socios de PwC en España y principales autores del mencionado estudio.
La jornada ha sido inaugurada por la presidenta del grupo Redeia, Beatriz Corredor, que ha aprovechado para reforzar el mensaje de la necesidad de seguir avanzando en la mejora de los procesos de tramitación, especialmente en el actual contexto energético, para acelerar los objetivos irrenunciables de descarbonización y poder generar todo el impacto socioeconómico positivo que se espera del sector energético. Corredor ha agradecido a todos los asistentes, especialmente a los representantes de la Administración, su predisposición a participar en el diálogo constructivo que ha presidido la jornada.
Informe Impulso de las tramitaciones eléctricas para la transición energética
