España, el país de la UE con más infracciones medioambientales

"El Estado miembro con el mayor número de procedimientos de infracción abiertos en la actualidad es España, y el único país de la UE no tiene ninguno es Dinamarca", subrayó ayer el Ejectuvo comunitario en su informe de evaluación de los proyectos de impacto medioambiental en la Unión.

Cerca del 30% de los casos de infracción se refieren a carencias identificadas por la Comisión en leyes nacionales que deben trasponer la Directiva, aunque la mayoría de ellos -un 65%- son debidos a la mala aplicación de la normativa comunitaria en relación con proyectos individuales, precisa la Comisión.

España está a la cabeza con 81 casos abiertos (por quejas, casos abiertos por iniciativa del Ejecutivo comunitario o infracciones) por mala aplicación de la directiva. Le siguen Italia con 42, Irlanda con 32, Grecia con 20, Alemania y Reino Unido con 12, Francia con 10, Portugal con 6, Austria con 4, Holanda con 3 y Bélgica con 3, Luxemburgo y Suecia con 2, y Finlandia con 1.

La mayoría de los casos de infracción se refieren a la falta o insuficiente aplicación de la normativa comunitaria sobre impacto medioambiental, una consulta pública ineficaz, no aplicación del procedimiento de consentimiento previsto en la directiva o el establecimiento de umbrales demasiado elevados para determinar si se necesita la aplicación de la legislación de la Comisión.

El informe de la Comisión sobre las evoluciones del impacto medioambiental resalta que quince años después de la puesta en marcha de la directiva sobre impacto medioambiental, 'ésta sigue sin aplicarse completamente en todos los Estados miembros'.

Según la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, los estudios respecto a la aplicación de la directiva sobre evaluación del impacto medioambiental han sido "un instrumento muy útil para promover la protección del medio ambiente, aunque los que desarrollan algunos proyectos siguen viendo en ella un gran obstáculo burocrático".

Esta directiva, explica Wallstrom, "garantiza la protección del medio ambiente. También permite a los ciudadanos exponer sus temores y participar en el proceso de toma de decisiones" respecto a la puesta en marcha de proyectos con repercusiones para la ecología.

La comisaria subraya que esta normativa "garantiza que el dinero de los contribuyentes se invertirá de forma correcta dado que los proyectos de los fondos de cohesión y aquellos proyectos que superen los 50 millones de euros, dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y que contemplan los objetivos de la directiva, deberán aplicarla".

Más información:
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/report_es.pdf

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