Esta es la primera vez -informa el Gobierno- que tribunales arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) aprecian la falta de jurisdicción para conocer de disputas de inversión puramente europeas. Los laudos, con razonamientos muy similares, señalan que el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) tiene el significado propugnado por España y la Comisión Europea, según el cual la participación de la Unión Europea en ese Tratado, como organización regional de interés económico, introdujo en su ámbito de aplicación la supremacía del Derecho de la UE en el ámbito de las competencias transferidas por los Estados miembros a la UE. En total, los inversores reclamaban más de 72 millones de euros de indemnización y más de 8 millones en costas. En el caso de Sapec, la cuantía reclamada ascendía a 27,4 millones más intereses y casi 4 millones de costas, y en el caso de ESF, los inversores solicitaban una indemnización de 45,1 millones más intereses y más de 4 millones en costas.
En estos procedimientos, España ha estado representada y defendida por la Abogacía del Estado (Departamento de Arbitrajes Internacionales).
Estos dos laudos se suman a la tendencia ya iniciada por el tribunal constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio de Estocolmo SCC en el caso GreenPower contra el Reino de España, el cual declaró por primera vez la falta de jurisdicción para conocer de disputas intra-UE bajo el TCE, y cierran el debate sobre supuestas distinciones de tratamiento entre los tribunales constituidos bajo las reglas Ciadi y las reglas de dicha Cámara. Hasta la fecha, España también ha conseguido anular ante los Tribunales suecos tres laudos en los que los tribunales arbitrales apreciaron de manera errónea su jurisdicción para conocer de disputas de inversión europeas.
