“Más allá del carbón. Alternativas sostenibles para el futuro de las cuencas mineras. Estudio de caso: El desarrollo alternativo de la cuenca minera de Teruel” ha sido desarrollado por Greenpeace con la colaboración del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO y la consultora Abay Analistas Económicos. El estudio aborda una cuestión sobre la que ni las administraciones ni las empresas quieren hablar abiertamente, según la ONG: el fin del carbón y la necesidad de buscar alternativas sostenibles para el empleo.
Según la normativa europea, la minería del carbón que haya recibido ayudas para el cierre y la reconversión del sector deberá cerrar en 2018, de no ser así deberá devolver las ayudas, aunque Greenpeace afirma que España no ha actuado de manera convincente sobre este problema. “Desde que comenzaron en la década de los 70, se han invertido miles de millones de euros en los programas de ayuda al sector, aunque existe una falta absoluta de transparencia y de control administrativo en cómo se han destinado los fondos para la transición de las cuencas mineras”, asegura.
En España desde 1987 se involucró a las empresas eléctricas en las ayudas económicas para la extracción del carbón a las que se ofrecían pagos garantizados a cambio de comprar carbón nacional. Estas ayudas se han mantenido, con distintos formatos, hasta el año 2014.
“Ni las empresas mineras y eléctricas ni las administraciones implicadas han querido afrontar seriamente este problema durante años y ahora se ha convertido en una patata caliente que nadie quiere coger”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace España. “Las empresas tienen especial responsabilidad porque juegan con las esperanzas de los trabajadores al hacer depender de subvenciones públicas la continuidad de un sector que saben no tiene futuro”.
El caso de Andorra
En el informe se hace una revisión de la situación de la minería del carbón en España, el marco legal y las características comunes de las regiones mineras, y una recopilación de casos internacionales de reconversión justa y sostenible en las cuencas mineras de carbón, para demostrar que el fin del carbón es posible.
También se analiza a fondo una de las comarcas donde el fin del carbón presenta más retos sociales: la cuenca minera de Andorra, en Teruel, que también depende de una gran central térmica propiedad de Endesa. La zona cuenta con importantes reservas de lignito, un carbón especialmente contaminante. El estudio desarrolla un análisis específico sobre posibles alternativas sostenibles al carbón en esta zona y constata que hay futuro después del carbón, aunque es necesaria la implicación de empresas y administraciones.
El futuro de la central térmica de Andorra no está asegurado más allá del año 2020, como el de otras muchas centrales en España. De acuerdo a la Directiva europea de emisiones industriales de 2010 para que la central térmica de Andorra continúe su funcionamiento deberá implantar tecnología de reducción de emisiones de gases SOx y NOx antes del 30 de junio de 2020, aunque Enel-Endesa aún no se ha pronunciado sobre si invertirá en las mejoras ambiental necesarias, valoradas en 230 millones de euros.
Alternativas de empleo
Greenpeace señala que las experiencias de transición desde el carbón a actividades económicas alternativas llevadas a cabo en otros territorios, como Loos-en-Gohelle (Francia) y Ontario (Canadá) incluyen un buen número de casos en los que la re-especialización se ha orientado a las energías renovables.
La consideración de esta propuesta en la cuenca minera de Andorra cuenta con algunos elementos claros a su favor como la especialización en el sector energético, la dotación de estructuras de evacuación y grandes de redes de transporte de energía y la existencia de recursos energéticos tanto en energía solar como en eólica y, en menor medida, de biomasa. Además, las dos mayores empresas de la zona que gestionan la actividad extractivo-energética del carbón cuentan con líneas de negocio en el sector de las energías renovables.
En esta línea, hay una propuesta reciente sobre la posibilidad de instalar energía eólica en la zona y la cifra en torno a 1.000 MW. Otros agentes consultados por la ONG apuntan también a la posibilidad de biomasa de pequeña potencia y/o de biomasa para uso térmico, siempre atendiendo a los criterios sostenibilidad, lo que favorecería la limpieza y el cuidado de los montes. El informe señala también el potencial en instalaciones solares de energía fotovoltaica y de manera especial en el autoconsumo.
Abrir el diálogo
Con el informe, la organización ecologista no solo pretende demostrar que hay alternativas al carbón, sino también abrir una vía de diálogo entre las partes implicadas para que se aborde la transición del fin del carbón de manera justa con las personas y el medio ambiente.
“De ninguna manera podemos permitir que se den más ayudas a las eléctricas para que continúen con sus negocios en las energías sucias, somos el país del mundo que más ha aumentado su consumo de carbón entre 2014 y 2015 cuando todos los flujos de financiación deberían estar dirigiéndose a un desarrollo sostenible y sin emisiones”, afirma Tatiana Nuño.
En concreto, Greenpeace exige al Gobierno de España responsabilidad y coherencia y que elimine todas las subvenciones a las energías sucias e ineficientes. Pide al Ejecutivo que establezca un plan con fecha de cierre progresivo hasta el año 2025 de las térmicas de carbón en España, que incluya un plan para el descenso paulatino del uso del carbón y la transformación justa para todos los trabajadores del sector. “Estos deben ser elementos ineludibles en cualquier pacto de Estado sobre energía”, mantiene.
Un sector masculinizado y favorecido
Otras conclusiones destacadas por Greenpeace en el informe son que las cuencas mineras tienen una serie de características comunes, como el alto nivel de masculinización del sector, el modelo monoindustrial y la obtención de los trabajadores de unos beneficios mayores de los que cualquier otro sector industrial pueda igualar que han dificultado la búsqueda de alternativas económica inclusivas.
La organización ecologista afirma, asimismo, que la falta de aceptación de un escenario futuro y cierto sin carbón ha frenado de forma significativa el proceso de transición hacia una economía apoyada en actividades económicas alternativas.
Concluye aludiendo a la necesidad urgente de un plan de transición justa que debe ser liderado por un organismo con visión global del conjunto de los planes que tienen incidencia en la zona, posibilidad de interlocución con el nivel nacional y capacidad para movilizar y reasignar fondos públicos y distintas líneas de financiación.
