Decenas de entidades de todo el Estado realizaron el pasado miércoles concentraciones de denuncia descentralizadas, con el objetivo de dar visibilidad a las millones de familias que, aún a día de hoy, están afectadas por esta problemática "ante la pasividad del Gobierno central", según denuncian. Afirman que miles de personas viven, además, angustiadas ante lo que puede ocurrir una vez finalice la actual moratoria de cortes de agua, luz y gas el próximo 9 de mayo.
"El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a pesar de prohibir las interrupciones por impago en el caso de familias vulnerables que cumplan con los requisitos de renta del bono social eléctrico, no ha previsto medidas para evitar la acumulación de deuda por parte de las mismas. Por ello, las entidades alertamos de la oleada de cortes que puede producirse una vez se facilite a las compañías la opción de interrumpir el suministro de aquellos hogares con facturas impagadas", señalan en un comunicado.
Para evitar esta situación, algunas de estas entidades plantearon en su momento una serie de propuestas al Ministerio para la Transición Ecológica, que pasan por la implementación del principio de precaución, un mecanismo que obligaría a las compañías suministradoras a preguntar sobre la situación de la familia antes de cualquier corte por impago y a garantizar su suministro en el caso de que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Esta medida, añaden, debería ir acompañada de un periodo de carencia sin cortes hasta su implementación definitiva y de una redefinición de la figura del consumidor vulnerable a fin de proteger a más familias que la actual normativa.
Decenas de barrios afectados por los cortes indiscriminados
Las entidades denuncian, asimismo, la situación en la que se encuentran decenas de barrios de todo el Estado, que sufren cortes constantes de forma indiscriminada sin una respuesta adecuada por parte de las compañías propietarias de la red de distribución. Entre ellos, el Distrito Norte y Haza Grande (Granada), la Font de la Pólvora (Girona), la Chanca-Pescadería, el Puche, Piedras Redondas, los Almendros, Casco Viejo, Quemadero y Fuentecica (Almería), San Juan (Jaén) Sant Roc (Badalona), Su Eminencia, Polígono Sur, San Jerónimo, partes de Pino Montano, las Candelarias y Torreblanca (Sevilla), Torre Baró, la Trinitat Nova y el Raval (Barcelona) o el Culubret (Figueres).
"Todos estos barrios tienen en común una evidente dejación de funciones por parte de la compañía distribuidora, e-distribución (Grupo Endesa), quien elude cualquier responsabilidad sobre el estado de las redes y se escuda en unas supuestas conexiones irregularidades. Mientras tanto, las vecinas sufren cortes, a menudo a diario, y en muchos casos son ignoradas por la Administración", señalan los denunciantes.
"La ciudadanía pagamos cada año en nuestras facturas millones de euros en concepto de retribuciones a la actividad de distribución y es inaceptable que las compañías responsables no mantengan adecuadamente sus redes, perjudicando en muchos casos a los barrios más humildes de nuestras ciudades y pueblos", señalan.
Capítulo aparte merece la situación que están viviendo miles de personas en la Cañada Real (Comunidad de Madrid), "donde tanto Naturgy como todas las Administraciones implicadas, en particular el gobierno autonómico, les niegan el acceso al suministro eléctrico. A pesar de denunciar públicamente este maltrato y llevar el caso a los tribunales, estas familias, entre las cuales se encuentran afectados alrededor de 2.000 menores, siguen sin luz en sus casas en pleno invierno".
Las entidades sociales finalizan el comunicado recordando que la pobreza energética mata: "no podemos tolerar ni una muerte más por su culpa. Se estima que la precariedad energética podría ser responsable de unas 7.100 muertes prematuras al año en el Estado español. En plena pandemia y de manera permanente en la vuelta a la normalidad, exigimos un futuro sin cortes de suministro donde no se haga negocio con nuestros derechos".
