Y es que conseguir tal propósito resultaba imposible cuando el propio presidente del Gobierno de España, a la sazón Mariano Rajoy, decía públicamente en la televisión que los productores de energía eléctrica por medio de placas fotovoltaicas estaban obteniendo una rentabilidad del veinticinco por ciento y más. De ahí para abajo, el coro bien dirigido por el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y posteriormente por su hermano como Ministro de Energía, cantó con letra pegadiza lo buenas que serían para los consumidores las medidas por ellos decididas, aunque las mismas fuesen a costa de la ruina de decenas de miles de familias de pequeños productores fotovoltaicos. Naturalmente, ésta coral, adecuadamente amplificada por las grandes empresas eléctricas que formaban, y siguen formando, un lobby cuyo poder es difícil de evaluar, consiguió con jugosas campañas publicitarias en los medios de comunicación que éstos les prestasen una atención directamente proporcional a aquellas.
Y así, se decía que la energía hidroeléctrica y la nuclear, (en manos exclusivamente de aquellas grandes compañías), eran las más baratas, lo que era verdad, dado que sus instalaciones estaban ampliamente amortizadas. Sin embargo, no decían que aquel abaratamiento no se repercutía nunca en el consumidor, ya que el precio real que la empresa productora percibía no era el coste de generación sino el del último kWh que entraba en el mercado para vender al usuario final, que normalmente es el del gas o carbón, curiosamente los más caros de todos.
Naturalmente del precio a pagar por la importación del petróleo, gas o carbón –y de la alarmante dependencia que por ello tenemos de unos países productores de estabilidad política más que dudosa– para qué hablar, aunque ello sea el factor fundamental de nuestro déficit comercial, pues sin tales importaciones dicho intercambio sería ampliamente favorable para nuestro país.
Por supuesto pocos decían entonces que gracias a las energías renovables el precio medio de la electricidad en el mix de generación bajaba, y que lo haría mucho más en el futuro, tal y como ya, de forma acelerada, ocurre actualmente.
Ante los inmisericordes ataques de que fueron objeto los pequeños productores de energía fotovoltaica en España, en los que éstos clamaron por la seguridad jurídica y la confianza legítima en nuestras instituciones, que durante muchos años les fue negada por el Gobierno español –con el apoyo, todo sea dicho de paso, de los tribunales nacionales, que algún día se darán cuenta del inmenso error cometido y del enorme daño causado a quienes su único pecado era haber confiado en el Gobierno de su país y en la legislación publicada en el Boletín Oficial del Estado– el silencio cómplice de las grandes empresas eléctricas y de gas fue tan clamoroso que produce vergüenza ver ahora cómo tales empresa, que durante muchos años han disfrutado de enormes beneficios en las grandes líneas de transporte y redes de distribución de gas y electricidad, tan pronto les anunciaron una reducción de los correspondientes márgenes han puesto el grito en el cielo exigiendo la seguridad jurídica que otrora no echaban tanto de menos.
Ahora, que gracias a aquellos pioneros que invirtieron sus ahorros, y su confianza, en la puesta en marcha de las primeras instalaciones fotovoltaicas, desarrollando la tecnología necesaria hasta hacer que la misma fuese eficiente y la más barata de las actualmente utilizables, ya nadie pone en cuestión su necesidad y lo acertado de seguir apostando por su implementación –y además ya sin necesidad de ayudas que la hagan posible– sería de justicia que el nuevo Gobierno –una vez alcanzado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria el acuerdo que permitió dar el primer paso para garantizar por doce años la eliminación de nuevos recortes, evitando así la quiebra definitiva de los pequeños productores que habían logrado resistir hasta este momento los destrozos anteriores, eso sí, a base de hipotecar su propio patrimonio – otorgue a aquellos, para toda la vida de las plantas, la seguridad jurídica plena que un día se les negó, se corrijan las situaciones más injustas producidas en su valoración, se les permita que como fuentes de generación eléctrica renovables no paguen los mismos tipos tributarios por los impuestos ambientales de los que tengan las centrales contaminantes y se les resarza, de alguna manera –por ejemplo, mediante el reconocimiento de un crédito fiscal– del importe de las pérdidas que durante estos años se les ocasionó.
