El movimiento por la energía comunitaria ha recibido recientemente un buen impulso, en forma de una mejora de la legislación europea al respecto, que ahora concede a comunidades e individuos el derecho a generar, almacenar y vender su propia energía. Pero ahora hay que poner todo esto en práctica en los Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de España falta, además, que estos derechos reconocidos por la UE sean transpuestos con urgencia a nuestra legislación.
En Desatando el Potencial de la Energía Renovable Comunitaria, Amigos de la Tierra y Greenpeace describen los nuevos derechos energéticos con los que cuentan las comunidades, las autoridades locales y la ciudadanía en general para generar y vender su propia energía. Y sugieren los pasos que hay que dar, y los recursos a tener en cuenta, para animar a colectivos y ciudadanía a dar el paso.
La guía ofrece ejemplos de actuaciones que ya han logrado eliminar las barreras existentes apoyándose en la legislación europea. Uno de estos ejemplos es el de Ecopower, una cooperative de energía renovable de origen belga fundada por un grupo de amigos en 1991 que se ha convertido tanto en productora como comercializadora eléctrica en todo Flandes. En el caso de España, uno de los proyectos destacados es Generación kWh. Lanzado en 2015 por la cooperativa Som Energía, este proyecto acoge a toda cooperativa o colectivo de energía renovable que quiera cambiar el modelo energético de acuerdo con principios como la soberanía y la democracia.
A veces son los propios gobiernos los que impulsan el desarrollo de la energía renovable comunitaria. Es el caso del gobierno escocés, que se ha comprometido a desarrollar 1 GW de energía renovable comunitaria y municipal para 2020 y a 2 GW para 2030. En Escocia, además, una nueva disposición gubernamental establece que por lo menos la mitad de los proyectos de energía renovable recién aprobados deben contar con algún tipo de propiedad compartida con la comunidad local-
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Grecia es otra buena referencia. En enero de 2018, el Parlamento griego aprobó la tramitación de la primera legislación europea específica sobre energía comunitaria. Dicha legislación define a las comunidades de energía, quiénes pueden participar en las mismas, cómo pueden establecerse y gestionarse y a qué deben dedicarse sus beneficios. La legislación griega enmarca a las comunidades de energía en el terreno de las cooperativas cuyos únicos objetivos sean la promoción de la economía social, de la innovación, de la lucha contra la pobreza energética y de la promoción de la sostenibilidad energética, entre otros aspectos.
Qué es una comunidad de energía renovable
La definición de las “comunidades de energía renovable” constituye el meollo del nuevo marco legal para la energía comunitaria, en la medida en que determina qué tipos de iniciativas comunitarias pueden beneficiarse de apoyos. Según la definición establecida por la UE, se trata de:
a) Entidades legales que, de acuerdo con la legislación nacional vigente, deben basarse en una participación abierta y voluntaria, deben ser autónomas y hallarse bajo el control efectivo de socios o miembros ubicados en las proximidades de los proyectos de energía renovable que sean propiedad y estén siendo desarrollados por estas entidades legales.
b) Los socios o miembros de las mismas deben ser personas físicas, pymes o autoridades locales, incluyendo a los ayuntamientos.
c) Su principal propósito debe consistir en ofrecer beneficios comunitarios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros, o a las áreas locales dónde operen, más que simples beneficios lucrativos.
Según una reciente investigación, la producción comunitaria de energía tiene un enorme potencial en Europa, hasta el punto de que más mitad de los ciudadanos de la UE –incluyendo las comunidades locales, escuelas y hospitales– podrían estar produciendo en 2050 su propia energía renovable, cubriendo así hasta un 45% de su demanda eléctrica.
