No es demagogia. Es lo que es. Y el que no quiera saberlo... pues que no lo sepa, que no pasa nada. Porque a sabiendas -o "felices" en la ignorancia-, la cosa va a seguir siendo tal y como ha sido explicada: hasta un 72% de "servicios mínimos" en el caso AVE; 0% en el caso de familia pobre y frío invierno. El martes pasado, el Congreso debatió la toma en consideración de una propuesta de La Izquierda Plural, que es un grupo parlamentario que está integrado por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa y Chunta Aragonesista. La iniciativa en cuestión se denominaba "Proposición de Ley de medidas para prevenir la pobreza energética" y grosso modo lo que pretendía era instituir ayudas para las familias que carezcan de recursos para pagar la calefacción. Pues bien, el martes pasado, la propuesta de Izquierda Plural fue rechazada por los 172 diputados del Partido Popular (PP) presentes en ese momento en la Cámara (hubo 153 síes, que salieron de las filas de todos los otros partidos; abajo están todos retratados).
En vísperas de Nochebuena
La Izquierda Plural justificó primero ante el Congreso la presentación de esa iniciativa y desgranó después el contenido de la misma. Extractamos al final de esta pieza informativa buena parte de esa Propuesta (puedes consultarla, íntegramente, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales). La propuesta, en todo caso, fue rechazada por 172 diputados del Partido Popular. Y lo fue, aunque a los señores del gobierno la solución a la pobreza que proponía la Izquierda no les costaba un duro. A saber: lo que proponían Izquierda Unida y compañía era que se estableciera una ayuda -la denominaban "precio social"- para paliar la pobreza energética: "este precio social -decía y dice la iniciativa- no implicará un gasto presupuestario extraordinario para las administraciones públicas competentes y tampoco se podrá repercutir sobre el resto de usuarios, corriendo a cargo de las compañías suministradoras de energía" (artículo 3.4 de la propuesta). O sea, que lo que los 172 diputados del Partido Popular hicieron el martes pasado fue tumbar una ayuda que recibirían los pobres -de pobreza energética- y que saldría de las grandes... las grandes compañías energéticas.
¿Podrían las grandes hacerse cargo de esa ayuda?
Endesa -que está controlada por la empresa pública intaliana Enel- obtuvo un beneficio neto de 1.551 millones de euros en los nueve primeros meses de 2013. La multinacional hispano catarí Iberdrola -su principal accionista es el Fondo Soberano de Catar- obtuvo, durante el primer semestre de 2013, un beneficio neto diario de diez millones de euros. Sí, como suena: cada día, 10 millones de euros de beneficio "neto". Gas Natural Fenosa declaraba hace unas semanas "un beneficio neto de 1.120 millones de euros hasta septiembre, un 0,4% más que en el mismo periodo del año anterior". La multinacional alemana E.On ha declarado un beneficio neto subyacente de 1.900 millones de euros al cierre del tercer trimestre del corriente, si bien prevé que ese guarismo se sitúe "entre 2.200 y 2.400 millones de euros" al cierre de 2013. Y por fin, EDP, la compañía portuguesa, registró un beneficio neto entre enero y septiembre de este año de 792 millones de euros, prácticamente lo mismo que el año anterior. Son las cinco grandes compañías que agrupa la gran patronal Unesa y que controlan el mercado español.
Cuatro ideas
Uno: cinco años después de desatada la crisis, las cinco grandes siguen declarando beneficios multimillonarios. Dos: frente a la pobreza energética (que afecta ya a cuatro millones de españoles), Izquierda Plural hizo el pasado martes una propuesta muy concreta, una propuesta a la que el Partido Popular ha dado una respuesta también muy concreta: 172 noes. Tres: frente al extraordinario garantismo que muestra el Ejecutivo ante cualquier huelga de transporte (72% de servicios "mínimos" en AVE y larga distancia), sorprende la laxitud que explicitan los padres de la patria (172 noes) cuando se trata de varios millones de compatriotas, que no serán protegidos con servicios mínimos ni siquiera con leyes. Porque estamos hablando de leyes, no de gastos para el Estado (la ayuda la proveerían las grandes compañías energéticas, esas que no cesan de declarar beneficios netos multimillonarios). Y cuatro: entre otras medidas, la iniciativa de Izquierda Unida y compañía propone "una tregua invernal mediante la cual las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago" a las familias que padecen pobreza energética.
Una anécdota
De lo que se trataría, pues, es de ayudar a los más débiles -pobreza energética- en el momento más crucial de esa debilidad, es decir, cuando el frío más arrecia. La propuesta es que el Estado proteja a esas familias -IU habla de una "tregua invernal"- porque no parece probable que la protección, en caso de urgencia, vaya a salir de las multinacionales. Una anécdota al respecto: mis padres -Antonio y Manuela- tienen 72 años y viven en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Por un cambio de cuenta en el banco y una confusión, la última factura de Gas Natural Fenosa quedó impagada. ¿Respuesta? "Le informamos que, de no proceder a abonarse el importe pendiente, el suministro podrá ser interrumpido a partir del 08 de febrero de 2014. Además, se generarían otros gastos a su cargo por reenganche, que se facturarían en el próximo recibo". Firmado: Gas Natural Fenosa. Las multinacionales no van a declarar una tregua. Porque a las multinacionales les da igual que dos personas de 72 años vivan en febrero en la antesala de la sierra de Madrid: si no pagan, pues se les corta el suministro y sanseacabó. Se les corta a ellos y a cualquier otro: Iberdrola declaró el año pasado 588.120 "cortes de electricidad residenciales por falta de pago"; Endesa, 524.814.
¿Por qué tumbó el PP la propuesta de IU sobre la pobreza energética?
Pero el problema no es que una compañía multinacional diga no a la tregua y decida seguir ejecutando cortes. Al fin y al cabo, una empresa privada no es una oenegé, sino una entidad que persigue el beneficio de sus accionistas y la satisfacción de los emolumentos de sus consejeros y asesores (José María Aznar, Ana de Palacio, Felipe González, Pedro Solbes...). El problema es que el Legislativo, que es el órgano que puede establecer medidas de protección para los más débiles, diga 172 veces no. Como problemático también puede resultar un ministro mentiroso. El de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, fue entrevistado el jueves pasado en Televisión Española. La periodista María Casado le preguntó "por qué el PP tumbó la propuesta de IU sobre la pobreza energética". Y esto fue lo que dijo Soria: "mire, le voy a explicar exactamente cuál es el contenido de esa propuesta: es que usted no tenga dinero para pagar la luz y que su luz se la paguen el resto de los contribuyentes subiendo el precio de la luz. Y a eso nos oponemos. (...). Usted lo que no hace es ir al supermercado y decir no puedo pagar la compra, y que el resto de los que están comprando me la paguen, eso es lo que no puede ocurrir. Entonces la propuesta era literalmente esa".
La respuesta del ministro de Industria, Energía y Turismo fue, literalmente, esa que acabamos de entrecomillar. La pronunció en Los Desayunos de Televisión Española (puedes encontrar esas frases en el corte 01 hora, 13 minutos, 10 segundos). Y la propuesta de Izquierda Plural es esta. Juzgue el lector si dice verdad o mentira el señor ministro, don José Manuel Soria López.
Proposición de Ley de medidas para prevenir la pobreza energética.
Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Artículo 1. Pobreza energética
Se entiende pobreza energética como la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo.
Artículo 2. Consumidor vulnerable
Se entiende por consumidor vulnerable aquellas personas en riesgo de exclusión al acceso de los suministros básicos del hogar bien sea por razones personales, económicas y/o sociales. La definición de los consumidores vulnerables y los requisitos que se deben cumplir se determinarán por el Gobierno y serán revisadas anualmente en colaboración con las comunidades autónomas para garantizar los suministros a las personas afectadas por razones socioeconómicas.
Artículo 3. Bono social
1. Los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano se regularán mediante un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de exclusión social.
2. Su concesión se basará en la renta familiar a través de unos criterios transparentes y homogéneos.
3. Se fijarán unos consumos mínimos vitales en cómputo mensual, en función del número de miembros del hogar y de las estaciones del año, de forma que se fijen consumos mínimos diferentes, en funciones de la climatología, correspondiente, como mínimo, a dos periodos anuales: de abril a septiembre y de octubre a marzo.
4. Este precio social no implicará un gasto presupuestario extraordinario para las administraciones públicas competentes y tampoco se podrá repercutir sobre el resto de usuarios, corriendo a cargo de las compañías suministradoras de energía.
5. El bono social también podrá ser aplicable a la unidad familiar que resida en un domicilio con contrato de alquiler que cumpla los requisitos determinados.
Artículo 4. Garantía de suministro en momentos críticos
1. Se establece una tregua invernal mediante la cual las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familiar que se determinen o cuando vaya acompañado del informe del órgano competente en materia de servicios sociales.
2. Los servicios esenciales mantendrán la condición de esenciales independientemente de si abonan las facturas de los suministros o no, y ello no podrá ser motivo de corte en el suministro.
3. Los casos de necesidad vital de suministro eléctrico al hogar se contemplarán también como servicios esenciales.
Artículo 5. Plan contra la pobreza energética
El Gobierno elaborará un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas. Dicho plan incorporará la prioridad de los hogares afectados por la pobreza energética en el acceso a ayudas para mejorar la eficiencia y seguridad de sus instalaciones. Para ello contará con la participación de la Administración local y autonómica, asociaciones de consumidores, asociaciones ecologistas, entidades sociales, expertos en la materia y empresas suministradoras.
Artículo 6. IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico
Se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
153 diputados dijeron Sí a la proposición. Fueron, por una parte, los de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa y Chunta Aragonesista, como proponentes. Y, por otra, los del PSOE, UPyD, PNV y Grupo Mixto (este último grupo está integrado por diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, Foro Asturias, Amaiur, Unión del Pueblo Navarro, Geroa Bai, Compromís Q, Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego: todos ellos dijeron sí). Por último, 172 diputados dijeron No a la proposición. Todos ellos, sus nombres, apellidos y filiación, están aquí; a todos ellos, Feliz Navidad.
