En 2016, Greenpeace apoyó las protestas lideradas por indígenas de la comunidad sioux en Standing Rock contra la construcción de este oleoducto de Energy Transfer. Ahora, Kelcy Warren afirma que Greenpeace incitó a los sioux a rebelarse y le exige 300 millones de dólares en concepto de daños.
“No es así, pero sabemos que no les importa la verdad. Energy Transfer quiere venganza, no justicia”, asegura Greenpeace. Su objetivo, continúa la ONG, “es usar a Greenpeace como ejemplo para intimidar a todo el movimiento ecologista. Y lo más preocupante es que es muy probable que el nuevo gobierno de Trump siga respaldando a la industria fósil en su intento de silenciar a Greenpeace o a cualquiera que critique a una corporación mediante demandas abusivas” (conocidas como SLAPP, Demanda Estratégica contra la Participación Pública, por sus siglas en inglés).
Greenpeace recuerda que el fundador y presidente de Energy Transfer es uno de los principales donantes de Trump, “un oligarca multimillonario del petróleo y el gas con una larguísima trayectoria de apoyo a la agenda de Trump”. Y el propio Donald Trump, que asumió el cargo hace tres días, “es conocido por acosar y silenciar a sus críticos con demandas SLAPP”.
Las demandas SLAPP también están produciéndose en Europa. Por ejemplo, la petrolera ENI ha demandado al grupo ecologista en Italia para, según la ONG, “tratar de silenciar nuestras investigaciones” (sobre la responsabilidad de ENI en el cambio climático). Otro caso los encontramos en Reino Unido, donde Shell demandó a la organización después de que activistas ocuparan una unidad de producción flotante de Shell cerca de las Islas Shetland (Escocia) en 2023, si bien Shell retiró la demanda posteriormente tras alcanzar un acuerdo con Greenpeace.
El juicio contra Greenpeace Estados Unidos comienza el 24 de febrero.
