“Desde 1998 la única tarea de las empresas reguladas ha sido acumular derechos reconocidos de retribución (cuyas consecuencias se conocen como déficit de tarifa) y hostigar a la Administración (Industria, Hacienda, Economía) para que se titulicen esos derechos al precio que sea, con la seguridad de que los sobrecostes y gabelas financieras caerán como un rayo sobre los bolsillos de los consumidores”, escribe Jesús Mota en “El yugo de la tarifa eléctrica”.
“El truco para esculpir tales derechos en el recibo de la luz se esconde detrás de la confusión entre costes reconocidos (montados sobre una ficción de precio de mercado, es decir, del mencionado rastrillo y de la campanuda subasta CESUR) y costes realmente incurridos. Las compañías eléctricas tienen en su mano elevar los costes o precios reconocidos. Pero lo que debería contar son los costes realmente incurridos, desconocidos por la opinión pública y (es de temer) por el Gobierno”.
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