Existen en la Unión Europea (UE) casi tres millones de emplazamientos potencialmente contaminados, principalmente por la actividad industrial y el tratamiento y la eliminación de residuos. Seis de cada diez masas de agua superficial, como ríos o lagos, no se hallan en un buen estado químico y ecológico. Y la contaminación atmosférica, que es un riesgo importante para la salud de las personas en la UE, también es perjudicial para la vegetación y los ecosistemas. Todo esto -continúa el Tribunal- supone unos costes importantes para los ciudadanos de la UE. Según el principio de "quien contamina paga", los causantes de la contaminación y de los daños ocasionados, y no los contribuyentes, son quienes se supone que deben correr con los costes correspondientes.
Viorel Ștefan, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe: "para cumplir los objetivos del Pacto Verde de la UE de forma justa y eficiente, los contaminadores deben pagar los daños ambientales que causan. Sin embargo, hasta ahora, los contribuyentes europeos se han visto con demasiada frecuencia obligados a sufragar los costes que deberían haber pagado los contaminadores"
El Tribunal recuerda que el principio de "quien contamina paga" es uno de los principios clave subyacentes a la legislación y a las políticas medioambientales de la UE, "pero -advierte- se aplica de manera desigual y en distinto grado". Aunque la Directiva sobre emisiones industriales abarca la mayoría de las instalaciones contaminantes, "la mayoría de los Estados miembros -denuncia el Tribunal- sigue sin responsabilizar a las industrias cuando las emisiones permitidas causan un perjuicio medioambiental".
La Directiva tampoco exige a las industrias que soporten los costes de la repercusión de la contaminación residual, que ascienden a cientos de miles de millones de euros. De manera similar, aunque la legislación de la Unión Europea sobre residuos incorpora el principio de "quien contamina paga", por ejemplo, mediante la "responsabilidad ampliada del productor", los auditores observan que hace falta una importante inversión pública para cubrir la falta de financiación.
Los hogares solo usan el 10% del agua, pero financian la mayor parte del coste del tratamiento de la misma
Los contaminadores -continúa el Tribunal- tampoco sufragan todo el coste de la contaminación del agua. Los hogares de la Unión suelen pagar la mayor parte, aunque solo consumen el 10%. El principio de "quien contamina paga" sigue siendo difícil de aplicar cuando la contaminación procede de fuentes difusas, y en particular, de la agricultura.
Contaminación huérfana
Muy a menudo, la contaminación de los emplazamientos se produjo hace tanto tiempo que los causantes ya no existen, o no es posible identificarlos o imputarles la responsabilidad. Pues bien, según el Tribunal, esta "contaminación huérfana" es una de las razones por las que la UE ha tenido que financiar proyectos de recuperación que deberían haber pagado quienes la causaron. Peor aún, los fondos públicos de la UE también se han utilizado contrariamente al principio de "quien contamina paga", por ejemplo, cuando las autoridades de los Estados miembros no hacen cumplir la legislación medioambiental obligando a pagar a los contaminadores.
Por último, los auditores subrayan que, cuando las empresas no tengan suficiente seguridad financiera (por ejemplo, pólizas de seguros que cubran la responsabilidad medioambiental), existe el riesgo de que los costes de la limpieza medioambiental acaben siendo soportados por los contribuyentes.
Hasta la fecha, solo siete Estados miembros (Eslovaquia, España, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Chequia) exigen garantía financiera para algunas o todas las responsabilidades medioambientales. Sin embargo, en la UE estas garantías no son obligatorias, lo que significa que en la práctica los contribuyentes se ven obligados a intervenir y pagar los costes de limpieza cuando una empresa que ha causado daños medioambientales se declara insolvente.
Información de referencia
Una parte sustancial del presupuesto de la UE se dedica al logro de los objetivos de la UE en materia de cambio climático y medioambiental. En el período 2014‑2020, alrededor de 29.000 millones de euros de la política de cohesión de la UE y el Programa LIFE se destinaron a proyectos dedicados específicamente a la protección del medio ambiente.
Informe Especial 12/2021
Principio de quien contamina paga: aplicación incoherente entre las políticas y acciones medioambientales de la UE
El informe puede consultarse en el sitio del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. Este informe no se centra en el sector de la energía y el clima, puesto que estos temas ya han sido abordados en varios informes recientes del Tribunal, como un informe especial sobre los sistemas de comercio de derechos de emisión de la UE y un informe especial sobre la contaminación atmosférica. Hace dos semanas, el Tribunal también publicó un informe sobre el cambio climático y la agricultura en la UE. En el informe presentado ayer, sin embargo, es la primera vez que se examina específicamente el principio de "quien contamina paga".
El Tribunal de Cuentas Europeo presenta sus informes especiales al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, así como a otras partes interesadas, como Parlamentos nacionales, interlocutores del sector y representantes de la sociedad civil. La gran mayoría de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en sus informes son llevadas a la práctica.
