La proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos ha contado con el respaldo de 139 senadores, mientras que 107 han votado en contra, y 12 se han abstenido. Concluida la tramitación en la Cámara Alta, y al no haberse incluido ningún cambio a través de enmiendas, el texto no tendrá que regresar al Congreso de los Diputados, por lo que la norma estaría lista para su próxima entrada en vigor al día siguiente de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), informa Europa Press.
Los bancos extranjeros también
La iniciativa sufrió diferentes modificaciones en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Uno de los principales cambios se produjo en torno al gravamen del 4,8% a los intereses y comisiones de la banca, ya que finalmente se incluyó una propuesta del PNV para que el tributo afecte a la actividad que los bancos desarrollen en España.
Con ese cambio no se precisaba la nacionalidad de los bancos, por lo que el PSOE y Unidas Podemos ya no vieron necesario incluir en el articulado una mención expresa a las entidades extranjeras que desarrollen su actividad en nuestro país, máxime cuando en la exposición de motivos si se deja claro que los bancos extranjeros con negocio en España también están afectados por el gravamen, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.
El impuesto energético exime los ingresos regulados
En lo referido al gravamen energético, se excluirá de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, queda modificado el texto original para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
Se incluyó en la exoneración de impuestos los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.
Finalmente, se introdujo otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.
El Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros anuales con el impuesto a la banca y 2.000 millones anuales con el energético, aunque esto era antes de excluir del gravamen los ingresos regulados.
Cuando finalice la vigencia de los nuevos impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas, se prevé hacer una evaluación de su aplicación y se estudiará la posibilidad de convertirlos en permanentes.
Impuesto a las grandes fortunas
En el caso del impuesto a las grandes fortunas, se pretende gravar a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales. Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Para la determinación de la base imponible de este impuesto, serán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.
La intención de Hacienda es que la recaudación de estos impuestos tenga efectos ya desde 2023 -teniendo en cuenta los ingresos de 2022- y se ingrese también en 2024. La recaudación prevista puede alcanzar los 1.500 millones de euros. Tras estos dos años, el Gobierno evaluará si lo mantiene o no.
El PP advierte de fraudes y CS critica la regulación
El Grupo Popular en el Senado presentó un veto a la proposición de ley de los nuevos impuestos, que ha sido rechazada en la Cámara Alta. En opinión del Partido Popular la proposición de ley donde se incluyen los tres nuevos gravámenes incurre en un fraude legislativo y al procedimiento parlamentario.
Según denuncian, se incurre en fraude legislativo al tramitarse como proposición de ley y por la vía de urgencia, "lo que ha sido reiteradamente reconocido como un proyecto elaborado en el seno del Gobierno". El PP denuncia que se han eludido todos los controles internos de legalidad y se han omitido los trámites preceptivos de consulta e información pública.
El PP también considera que es un fraude al procedimiento parlamentario, debatiéndose en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en lugar de la comisión de Hacienda y Función Pública.
"En el fondo se trata de un gran fraude político, ya que, con esa pretendida confrontación entre pobres y ricos, lo que se pretende ocultar es lo que realmente está ocurriendo con la ingente cantidad de ingresos públicos que está recaudando este Gobierno", ha criticado el grupo popular en el Senado.
Para Ciudadanos la presente proposición de ley que tiene por objeto la aprobación de sendos impuestos sobre el sector energético y sobre el sector bancario, excepcionales y temporalmente limitados, se sustenta sobre una regulación que "se ha alejado extraordinariamente de lo razonable y, desde luego, de los parámetros propuestos por la Comisión Europea".
