El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las disputas basadas en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) entre un inversor de la Unión Europea y un Estado miembro de la UE (intracomunitarias) son incompatibles con la legislación de la Unión y, por tanto, ilegales. Esta interpretación se traduce en que, según el TJUE, los inversores y multinacionales energéticas europeas no pueden utilizar el TCE para demandar a los gobiernos cuando consideran que las nuevas medidas climáticas, ambientales o sociales van en contra de sus beneficios económicos, presentes o futuros.
Hasta la fecha, esto es posible gracias al mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que contiene el tratado. "Un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tres abogados privados que se reúnen a puerta cerrada para decidir si un país tiene que pagar o no sumas millonarias de dinero público a los inversores", según explican desde Ecologistas en Acción.
La organización ecologista forma parte de la campaña "No a los Tratados de Comercio e Inversión (No a los TCI), y celebra la decisión tomada por el TCE "ya que puede significar el principio del fin de un tratado que pone en peligro las políticas climáticas encaminadas a lograr el Acuerdo de París”, según señala.
"Durante los últimos meses ha quedado patente el peligro que supone el TCE para el futuro del clima", indican desde la ONG. Uno de los ejemplos lo ofrece Países Bajos, que ha recibido dos demandas por parte de las energéticas alemanas RWE y Uniper por sus planes para prohibir la producción de electricidad a partir de carbón en 2030. Las multinacionales reclaman 1.400 y 1.000 millones de euros, respectivamente.
Hay muchos más casos: otros países como Italia, Eslovenia o Alemania también han sido objeto de demandas por medidas para limitar la extracción de combustibles fósiles o la energía nuclear. España, por su parte, es el país más demandado bajo el TCE por el recorte a las renovables y la cantidad reclamada asciende a más de 10.000 millones de euros.
Antecedentes
En 2018, el TJUE ya decretó, a través de la llamada sentencia Achmea, que las normas ISDS de los Tratados Bilaterales de Inversión (BIT) entre países de la UE eran incompatibles con la legislación europea, ya que vulneran el poder de los tribunales de la UE. Ahora, el Tribunal considera que esta resolución también debe aplicarse al TCE. A pesar de que esta decisión no es vinculante, las organizaciones consideran que es un gran paso y que habrá qué ver en qué se traduce la opinión del Tribunal en los casos pendientes.
Ecologistas en Acción y el resto de organizaciones de la campaña No a los TCI sostienen que la decisión del TJUE es otra razón más para que los países comprometidos con la lucha climática inicien la salida del TCE cuanto antes. Esta petición está cobrando cada vez más peso ante el fracaso de la modernización del tratado: las seis rondas de negociaciones celebradas hasta la fecha no han llevado a acuerdos y el proceso continúa sin una fecha clara para su finalización. Países como España y Francia ya han declarado que si la modernización fracasa la única vía será la salida.
A principios del pasado mes de julio, más de 400 organizaciones en todo el mundo –100 de ellas pertenecientes al Estado español– lanzaron una declaración pidiendo a los gobiernos europeos que declaren la salida del TCE no más tarde de la COP26 de Glasgow: “No es posible luchar por el 1,5ºC sin atacar la raíz del problema. El TCE protege los combustibles fósiles a través del mecanismo ISDS y por eso hay que abandonarlo”, afirman.
