Retroactividad, recorte de horas de producción, nuevos impuestos, moratoria, no actualización de las primas mediante el IPC o abolición de la modalidad de mercado más prima. Las medidas adoptadas por España en los últimos años hacen imposible el desarrollo de las energías renovables, afirman los firmantes de la denuncia, por lo que piden al Parlamento Europeo que se eliminen los supuestos de discriminación, se garantice la seguridad jurídica de las inversiones y se permita el desarrollo futuro de las renovables.
“La legislación adoptada por el Gobierno español en los últimos años constituye una flagrante infracción de las Directivas 2009/28/CE, 2009/72/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, respectivamente, así como del principio de confianza legítima de la Unión Europea”, aseguran en su petición, en la que también recuerdan las decenas de miles de afectados por los recortes a dichas energías y las enormes pérdidas de empleo que se han provocado.
“Están poniendo en riesgo un sector estratégico en Europa vital para reducir la dependencia energética y lograr los objetivos medioambientales de la Unión Europea”. Un mal ejemplo, “que podría ser seguido por otros Estados, poniéndose en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la Directiva de renovables”, señalan.
Incumplimiento de las directivas
Para los firmantes la legislación antirrenovable española constituye una evidente violación de las Directivas 2009/28/CE, 2009/72/CE y de los principios de seguridad jurídica de la Unión Europea.
En cuanto a la primera directiva, indican que hace prácticamente imposible conseguir los objetivos del 20 por ciento de cuota de energías renovables en el mix energético español en 2020. Asimismo, señalan que los RDL 14/2010 y la Ley 15/2012 son claramente contrarios a la Directiva por discriminar entre diferentes tecnologías y dar el mismo trato a tecnologías ya maduras que a otras tecnologías más recientes, que necesitaban incentivos y cuyos productores se encuentran ahora con una rentabilidad nula o incluso negativa.
Respecto a la directiva 2009/72/CE, exponen que “todos los recortes indiscriminados a las renovables que se han aprobado en los últimos años han favorecido a las empresas que operan en régimen ordinario”, en un trato diferenciado de “discriminación en cuanto a derechos y obligaciones” entre empresas eléctricas prohibido por la legislación europea.
Recuerdan, asimismo, que los recortes han sido retroactivos y vulneran por lo tanto el principio de confianza legítima establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“Por desgracia, y teniendo en cuenta los precedentes, cualquier cambio legislativo en la línea de los mencionados por parte del Gobierno podría acabar definitivamente con el sector de las energías renovables, sin que ello solucionase los problemas del sector eléctrico español”, aseveran en la petición elevada a la institución europea.
Finalmente, reafirman su convencimiento de que los recortes a las energías renovables no son la mejor solución para atajar el déficit de tarifa. Por el contrario, “una vez conocidos los costes reales de las actividades como la distribución o el transporte y los windfall profits de nucleares e hidráulicas —señalan— sería necesaria una reforma en profundidad del sector eléctrico español evitando las ganancias inmerecidas en determinadas actividades”.
La petición ha sido firmada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético —colectivo ciudadano integrado por personas físicas y más de cien organizaciones ambientales, sociales, empresariales, sindicatos y partidos políticos— y las principales asociaciones empresariales del sector de las energías renovables en España: Acluxega, Aebig, Aeversu, Agaen, Anpier, Appa, Aprean, Apuee, Aremur, Aserma, Asit, Avaesen, Eoliccat, Protermosolar, Solartys y Unef.
