Portavoces de las entidades firmante ofrecieron una rueda de prensa tras entregar los recursos en el alto tribunal en la que explicaron que el RD aprobado por el Ejecutivo Rajoy, además de instaurar el impuesto al sol, hace todo lo posible para impedir el autoconsumo, discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las fósiles, vulnera el principio constitucional de libertad de empresa e incumple varias directivas europeas, tanto las relativas al uso de energías renovables y eficiencia energética como la del mercado interior de electricidad.
Juan Castro-Gil, abogado y secretario de Anpier, se centró en los aspectos jurídicos, destacando que el RD va en contra de la Ley de Edificación, ya que penaliza la generación con energía fotovoltaica en los edificios, así como de la Ley del Sector Eléctrico, que establece que los autoconsumidores pagarán por sus consumos eléctricos lo mismo que cualquier otro consumidor. Además, dijo que se trata de una norma anticonstitucional al ser “claramente arbitraria” y criminalizar con un peaje ”absolutamente abusivo” a la fotovoltaica frente al resto de tecnologías que no pagan dicho peaje.
Castro-Gil concluyó su intervención advirtiendo que esta normativa roza la retroactividad, dejando a un buen número de instalaciones fotovoltaicas en una situación muy complicada, de ilegalidad y con riesgo de ser sancionados sus propietarios.
Insulto a la inteligencia
En representación de la la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), el también abogado Piet Holtrop se centró en la perspectiva europea, indicando que se trata de una “invención aislada española” ya que a nivel europeo se fomenta el autoconsumo “por ser el futuro del sector energético y el cambio de paradigma”.
Cote Romero, coordinadora de la Plataforma, calificó el decreto de “insulto a la inteligencia y al sentido co común”, y dijo que es una pieza más dentro de la "irresponsable" regulación energética llevada a cabo por el Gobierno del PP para favorecer a las grandes Eléctricas. Una política que, puntualizó, está teniendo un coste para los bolsillos de los consumidores y para la generación de empleo y que afecta a la calidad de la democracia". En este sentido, la coordinadora de la Px1NME recordó el compromiso de los principales partidos políticos de la oposición de derogar la norma si tienen responsabilidades de gobierno.
Jorge González, de la junta directiva de APPA, y Pedro Palencia, director de Política Energética de Unef, reclamaron una norma sencilla y de fácil aplicación que sirva para todo el mundo, y dejaron claro que el sector no pide ningún tipo de subvención, solo igualdad de condiciones y que se le permita trabajar. Por su parte, Sara Pizzinato, en nombre de Greenpeace, tachó de ridículo que se intente frenar lo imparable en un momento en el que se busca el fin de la era de los combustibles fósiles y salvar el clima. “Queremos que el caso español se conozca en toda Europa y se use como aquello que no se tiene que hacer”, subrayó.
Los firmantes recordaron, asimismo, el estudio de CCOO en el que se analizan los millares de puestos de trabajo que se pueden crear en España relacionados con el autoconsumo: en torno a 80.000. Toda una oportunidad que se está perdiendo, según destacó Carlos Martinez Camarero, responsable de Medio Ambiente del sindicato.
