El Grupo Socialista lamenta este punto, ya que asegura que la ADR (Alternative Dispute Resolution) supone una vía de acceso a la Justicia que, debido a la escasa cuantía de las reclamaciones, la sencillez y agilidad de los trámites y su bajo coste, es de "especial importancia" en el ámbito de la protección de los consumidores. Además, el PSOE recuerda que en España se transpuso en 2017 una directiva europea en la que se detallaba que la empresa energética tiene que incluir la identificación completa de la entidad acreditada competente, incluyendo la dirección de su página web. Según la directiva, esta información se ofrecerá de manera "clara, e identificable, comprensible y mediante un acceso fácil" en su página web, debiendo constar también en las condiciones generales de los contratos de compraventa o de prestación de servicios que el empresario ofrezca al consumidor.
A esto se suma que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) viene señalando la necesidad de introducir modificaciones legislativas que precisen la obligación de información prevista en la normativa sectorial, armonizando la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas en relación a la resolución alternativa de litigios.
En términos jurídicos, la iniciativa legislativa del PSOE, a la que ha accedido la agencia Europa Press, consiste en una reforma de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, en sendos casos para detallar que la información relativa a resolución de litigios se incluya en las "páginas web, contratos y facturas y los datos de contacto de al menos una entidad, cuya resolución será vinculante para la comercializadora y para el consumidor". Por último, la proposición de ley da un plazo de tres meses a las empresas comercializadoras para incluir esta información en los apartados señalados previamente.
