El PSOE defiende impuestos ambientales en los ámbitos nacional, autonómico y local.

La secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, ha afirmado que la menor recaudación que se obtendría por la rebaja de las cargas fiscales que gravan sobre el factor trabajo -Seguridad Social o IRPF- se compensarían con este tipo de impuesto ecológico. Narbona, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Sevilla, indicó que España es el país "más atrasado" a la hora de utilizar esta herramienta y si no se cambia el coste de determinadas actividades contaminantes se seguirán produciendo, por lo que apostó por la búsqueda de vías alternativas como la puesta en marcha de una la fiscalidad ecológica.

La diputada socialista recordó el anuncio del Gobierno andaluz de que va a elaborar una Ley de Fiscalización Ecológica en Andalucía y dijo que se debería continuar en la senda iniciada por otras comunidades como Baleares, con la ecotasa, y Castilla-La Mancha, con un impuesto ecológico, que ha sido recurrido por el Gobierno. Pidió al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que coordine una política medioambiental de forma "conjunta" con las comunidades autónomas, y denunció que España es el único país europeo que se opone a la creación de un impuesto europeo sobre la emisión del CO2, pese a que está aumentando el efecto invernadero

Narbona se refirió también a la inminente aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) elaborado por el Gobierno, y dijo que, tal y como está redactado, no va a resolver los problemas de agua que tiene España, y que el ministro de Medio Ambiente "no ha tenido ninguna voluntad" de llegar a acuerdos con el PSOE. Según Narbona, entre las principales modificaciones que se deberían recoger en el PHN, destacan la necesidad de la aprobación previa de un nuevo Plan Nacional de Regadíos y la reconsideración del papel que deben tener las confederaciones hidrográficas, unos organismos que deberían ser transferidos a las comunidades autónomas. No obstante, indicó que las transferencias de las confederaciones no solucionan por sí solas el problema del agua. "La cuestión fundamenta –afirmó– es la readaptación de sus funciones para convertirlas en organismos que velen por el buen uso del agua, que prevengan la contaminación y que hagan cumplir las exigencias de la UE en materia de calidad de agua, ecosistemas fluviales y bosques y riberas".

Narbona denunció también la actitud del Gobierno respecto a las inversiones en la zona afectada por el vertido tóxico por la rotura de una balsa de las minas de Aznalcóllar (Sevilla), y dijo que no se está cumpliendo con la promesa de la ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, de poner en marcha la inversión del Plan Doñana 2005. De acuerdo con Narbona, haciendo un seguimiento de los presupuestos generales del Estado se comprueba que de los 20.000 millones previstos en el Plan Doñana 2005 apenas se ha logrado el cumplimiento de un 5 por ciento. Asimismo, denunció que el Gobierno también ha incumplido su promesa de aprobar una Ley de Responsabilidad Civil en materia de medio ambiente.

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