A partir del lunes 1 de enero entra en vigor la nueva fórmula de cálculo o del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos unos 8,5 millones de consumidores, alrededor de un tercio de todos los domésticos. A diferencia de la metodología de cálculo que se aplicaba hasta ahora, donde el precio final estaba totalmente indexado al mercado mayorista diario, la nueva fórmula incorporará parcialmente las señales de precio a largo plazo. Esta modificación se traducirá en una mayor estabilidad en las facturas de hogares y micropymes españolas, evitando episodios de fuerte volatilidad, como la vivida durante los últimos años, especialmente acusada durante los primeros meses de la guerra de Ucrania. El cambio será automático –los consumidores no tendrán que hacer nada– y se encargarán de ello las compañías eléctricas, que aplicarán la nueva fórmula de precio de la energía en las facturas que emitan a partir del 1 de enero de 2024.
Con esta reforma del PVPC, la factura de los hogares se beneficiará de la desindexación parcial de los mercados al contado al incorporar referencias de los mercados de futuros que aportarán más estabilidad a los precios finales de los consumidores. Esta incorporación de los futuros será gradual –representarán el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% en 2026– sin que, en ningún momento, esto suponga una alteración de las señales de precios que seguirán orientando la demanda hacia las horas de menor consumo. Además de alentar a generadores y a comercializadoras a negociar la producción energética en los mercados a largo plazo, para obtener mayor seguridad sobre el retorno de sus inversiones, está modificación conllevará una mayor estabilidad en las facturas de la electricidad de los consumidores.
Medidas de protección
Las medidas para proteger a los consumidores puestas en marcha tras el inicio de la invasión de Ucrania, incluida la Solución Ibérica, se han traducido en una rebaja de un 40,5% interanual en la factura del consumidor tipo con un consumo de 2.400 kWh/año y una potencia contratada de 4,11 kW. Así, mientras que la factura eléctrica mensual de 2022 se situó, de media, en los 75,58 euros, ese importe se redujo hasta los 44,97 euros en 2023.
Además, el bono social eléctrico es una medida de protección a la están acogidos en la actualidad más de 1,5 millones de hogares (cerca de 4 millones de personas). Estructurado tradicionalmente en dos categorías –vulnerables y vulnerables severos–, el impacto de la guerra de Ucrania en los precios energéticos llevó al Consejo de Ministros a aprobar temporalmente una tercera categoría, incluida en el RDL 18/2022, –hogares trabajadores con bajos ingresos–, que permite beneficiarse de un descuento del 40% en las facturas eléctricas.
