Así lo ha informado el Gobierno regional en un comunicado recogido por Europa Press, en el que agrega que esta reunión de trabajo entre ambas administraciones se enmarca en las gestiones que viene impulsando para afrontar de una "manera decidida" esta problemática ante el "riesgo real de cero energético" como el ocurrido el pasado verano por un apagón generalizado en la isla de La Gomera. Por ello, la petición de Clavijo busca sumar esfuerzos entre las dos administraciones para buscar una fórmula que sea "efectiva, rápida y sostenible en el tiempo" para ampliar la seguridad de la red de distribución eléctrica en el conjunto de las islas.
Déficit energético en Canarias
En este sentido, barios estudios especializados revelan que Canarias sufre un déficit energético de unos 1.000 megavatios, reflejados en la falta de 200 megavatios en la isla de Gran Canaria y otros 200 megavatios en Tenerife necesarios para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en las islas. Ante esta situación de precariedad, expertos en el sector de la energía ya han alertado de un riesgo evidente de que alguna de las islas vuelva a sufrir un apagón severo por cero energético. Además, se suman dos factores derivados de los equipos de generación eléctrica, la antigüedad de las instalaciones y la ausencia de una renovación efectiva por aparatos más modernos.
De hecho, el Gobierno de Canarias ha indicado que el reciente cero energético en La Gomera puso en evidencia que aproximadamente la mitad de los grupos de generación de electricidad ya superaron su vida útil antes del año 2020, un factor decisivo que dificulta sobremanera lograr las garantías necesarias para servicios contratados. Entre las características del sector energético en Canarias, desde 2013 con la aprobación de la nueva ley 17/2013 se impide la implantación de nuevos grupos eléctricos de generación e incluso la renovación o ampliación de vida útil de los existentes más allá de los 25 años.
Además, cualquier operador a partir de la aprobación de la Ley requiere de un procedimiento de concurrencia competitiva para poder obtener resolución de compatibilidad favorable para poder instalar grupos, para renovar existentes o para ampliar la vida útil más allá de los 25 años en caso de ser ambiental y técnicamente viable. Cualquier operador que tenga más del 40%, además de lo anterior, no podrá ampliar su potencia instalada.
Cierre de instalaciones de generación
Por otro lado, durante los últimos siete años se han ido aprobando una serie de directivas europeas que introducen restricciones en los límites de emisiones, lo que ha hace que se tengan que cerrar irremediablemente ciertas instalaciones de generación. De hecho, el operador del sistema ya ha alertado de la urgente necesidad de instalar potencia adicional en todos los años analizados (desde ahora y hasta 2028) y en todos los sistemas.
Por lo tanto, Canarias está ante una situación crítica de carácter estructural porque no es solo de índole energético sino social, económico y ambiental, entendiendo el Gobierno regional que el único motivo por el que no se ha resuelto esta situación precaria es por no haber convocado el procedimiento de concurrencia.
