La brutal escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que rondó el pasado viernes (precio medio diario) los 95 euros el megavatio hora (cuando el precio medio del mercado mayorista en 2020 ha estado por debajo de los 35), ha devuelto al primer plano de la actualidad el debate sobre si la electricidad debe o no ser considerada un bien básico de primera necesidad cuyo acceso esté garantizado como servicio público, un bien básico que se antoja más básico aún en días como estos (y más de primera necesidad si cabe), habida cuenta de las terribles temperaturas que asolan el país desde el pasado viernes, temperaturas además que a corto plazo no van a aflojar: según la Agencia Estatal de Meteorología, "la abundante nieve caída durante el fin de semana tardará bastante en desaparecer, lo que, junto con el predominio de cielos despejados y la ausencia de vientos, hará que se produzcan heladas muy intensas, del orden de -10 a -15ºC, en amplias zonas del interior peninsular, con temperaturas máximas que difícilmente superarán los 5ºC".
Pues bien, en ese marco de frío extraordinario (en el que muchos observatorios meteorológicos de España han marcado las mínimas más bajas de su historia), la electricidad está por las nubes. La mayor demanda (por culpa de ese frío) ha tirado del precio, como es habitual, y las compañías energéticas, que se deben a sus accionistas (Iberdrola tiene unos 60.000, por ejemplo), harán su agosto, como siempre sucede en estos casos, a costa de la ciudadanía (47 millones de habitantes tiene este país). [Abajo, a la derecha, precio medio en el mercado mayorista en los últimos cinco años; como se aprecia, la media de más de 80 euros registrada en lo que llevamos de esta quincena de enero está lejísimos de cualquier otro número registrado en los últimos seis años. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en 2020, por ejemplo, no llegó siquiera a los 35].
Frente a la presente situación (temperaturas gélidas y precio en el mercado mayorista desorbitado), muchas son las voces que reclaman soluciones (para la actual y sucesivas coyunturas). Algunas oenegés sugieren por ejemplo, y entre otras cosas, que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de modo que los primeros kilovatios hora (los básicos para mantener la vivienda en condiciones habitables) sean más baratos. Unidas Podemos considera que, "para bajar de verdad la factura de la luz en España", lo que hay que hacer es "nacionalizar una eléctrica para tener al menos una gran empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio que nos sube la luz”.
Muchas organizaciones llevan mucho tiempo solicitándole al Gobierno que reduzca el peso de la potencia en la factura (lo que pagamos por la potencia supone un 40% del total del recibo de la luz, cuando la media en la UE está por debajo del 25). Otros actores del sector, como la Fundación Renovables, el más prestigioso colectivo de expertos en energía del país, abogan por considerar la electricidad bien básico de primera necesidad , y/o por reducir el IVA de la luz, que está en el 21%, hasta el 4%.
Otros recuerdan que el Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) también puede eliminar del recibo el impuesto del 7% (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica) que ideó el Partido Popular en tiempos de Rajoy.
La asociación de consumidores Facua ha abogado por acabar con los denominados beneficios caídos del cielo, eufemismo referido a los beneficios extraordinarios que perciben las hidroeléctricas: mientras que a renovables como la eólica o la fotovoltaica, el Gobierno les ha fijado por ley una rentabilidad "razonable" de algo más del 7%, a la hidráúlica, que está completamente amortizada (algunas tienen más de cien años) y produce a un coste de 3 euros el megavatio hora, ni el Partido Popular de Rajoy en su momento, ni el PSOE de Sánchez ahora le han fijado rentabilidad razonable alguna.
Con respecto a la hidráulica y su opción como parte de la solución a la escalada de precios, se pronunciaba hace ya dos años el Observatorio de la Sostenibilidad, que publicó un informe -«Recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España»- en el que recordaba que, según la Ley de Aguas, "al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento" (aprovechamiento hidroeléctrico).
Pues bien, algunas de esas concesiones han empezado a caducar y está llegando así el turno de la Administración, que, con potencia de generación en sus manos -venía a plantear el Observatorio-, podría abrir o cerrar el grifo de los pantanos a demanda para controlar así el precio de la luz, que estos días, como tantos otros, está completamente desmandado.
En octubre de 2018, la ministra Teresa Ribera, durante su comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, decía lo siguiente: “hay un volumen [de megavatios hidroeléctricos], que es un volumen limitado, que nos debería permitir pensar en dos opciones básicamente: garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que, en teoría, es un potencial público, por tanto, dependiente de una decisión de orden público”.
Las declaraciones de la ministra estos días nada han tenido que ver con esa "decisión de orden público". Se han referido al aumento del precio de la luz en el mercado mayorista. Ribera ha dicho que ese aumento no se reflejará en el recibo que paga el consumidor final, o lo hará a lo sumo “en unos cuantos euros” (el mercado mayorista representa en torno al 35% de la factura, en la que hay muchos otros conceptos (el 65% restante) referidos a la potencia, el transporte y la distribución, el IVA, el impuesto del 7%, etcétera, etcétera, sobre los que sí puede operar el Gobierno.
El comentario de Ribera en todo caso no ha sentado bien en algunos sectores. "Para la mayoría de la gente -apuntaba ayer Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua-, no es lo mismo que el recibo de la luz les suba 2 euros a que lo haga 20, por mucho que en ambos casos para Ribera se trate simplemente de unos cuantos euros, lo que representa una auténtica frivolidad. De lo que no cabe duda es de que las eléctricas van a ingresar unas cuantas decenas de millones de euros más, mientras la ministra que tiene las competencias sobre el sector no parece tener mucha prisa en llevar a cabo las medidas que anunció el Gobierno cuando comenzó la legislatura".
