Cuarenta meses de Ejecutivo Rajoy equivalen, por una parte, a un incremento del precio de la electricidad brutal (hoy casi un 18% más cara que cuando ganó el PP las últimas elecciones) y equivalen, por otra, a un engorde del déficit de tarifa de 9.000 millones de euros. No lo dice Energías Renovables. Lo dice la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE), que cuantifica en 5.609 los millones de euros de déficit acumulados en el año 2012 (véase), a los que hay que sumar otros 3.540 millones en el año 2013 (véase informe del pasado dos de diciembre de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Eso sí, el Ejecutivo Rajoy se ha pasado cuarenta meses anunciando el fin definitivo del déficit de tarifa, concepto que, grosso modo, cabría definir como el desajuste entre los gastos que prevé el gobierno cada año y los ingresos efectivos que registra el sistema eléctrico al final de cada ejercicio.
"Al mínimo coste posible"
A pesar de lo muy tozudos que son los números (números que reconoce el propio Ejecutivo en sus informes), el ministro Soria ha dicho en el Senado que no ha pretendido sino causar "el mínimo impacto para el consumidor (...) y fomentar la competencia", algo que no parece haber conseguido, habida cuenta de las reacciones que ha suscitado esa política en todos los actores del sector. La asociación Facua-Consumidores en Acción, por ejemplo, denunciaba hace bien poco que "la factura de la luz ha sufrido una subida interanual del 12,7%". La OCU también protestaba, hace apenas unas semanas, por el mismo asunto: el incremento del precio de la electricidad. Entre tanto, en las antípodas, los productores de energía -o, más concretamente, los productores de energías renovables- han visto (ellos sí) cómo se rebajaba su factura (lo que perciben por kilovatio hora producido). Y es que, como se recordará, el Ejecutivo Rajoy ha sustituido la prima por la denominada rentabilidad razonable, una rentabilidad del 7,5%, lo que se ha traducido en un fuerte recorte de los ingresos de estos productores.
A saber...
So pretexto de combatir el déficit de tarifa, la reforma energética impulsada por el Ejecutivo Rajoy le ha recortado los ingresos a las instalaciones productoras de electricidad renovable. Porque el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sostiene que las primas que han cobrado durante estos años los kilovatios fotovoltaicos –o los eólicos- eran demasiado generosas. El problema es que todo parece indicar que al ministro Soria se le ha ido la mano. Porque ahora resulta que el precio que ha establecido el gobierno para retribuir esa electricidad –la denominada “rentabilidad razonable”- no le alcanza a los productores ni siquiera para pagar los créditos que solicitaron para montar sus instalaciones. Según un informe al que ha tenido acceso, en exclusiva, Energías Renovables, el recorte ejecutado ha sido tan brutal que ahora mismo más del 92% de las instalaciones fotovoltaicas de España estaría al borde del concurso de acreedores. La Asociación Empresarial Eólica ha denunciado recortes de un 60%.
Cómo lo ve el ministro
Lejos de esa versión de los hechos, Soria ha asegurado en el Senado que "el nuevo esquema retributivo garantiza la estabilidad financiera del sistema eléctrico con carácter definitivo, al tiempo que otorga una rentabilidad razonable a las instalaciones a lo largo de toda la vida útil del proyecto, que actualmente se ha fijado en el entorno del 7,5% para cada instalación tipo". Soria ha destacado además que "la reforma del sector eléctrico ha servido para afrontar los problemas que tenía el sector: de suministro, de competitividad y de sostenibilidad financiera". El discurso del ministro en el Senado contrasta con las denuncias que todas las asociaciones del sector de las energías renovables vienen haciendo. La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, por ejemplo, realizó recientemente una encuensta sobre los propietarios de 500 instalaciones de entre 10 y 100 kilovatios de toda España. ¿Resultado? El 36% de los encuestados declararon rentabilidades negativas; y solo el 3% confirmaron que su rentabilidad era de en torno al 7,5%.
Dos facturas, una misma familia, una misma potencia, cuatro años de diferencia
A continuación, dos facturas. Una, la primera, emitida el 19 de diciembre de 2011. La otra, emitida el 23 de abril de 2015. Pertenecen a la misma familia: mismo hogar, misma potencia instalada. En la factura de 2011, la familia consume 855 kilovatios hora y paga, concretamente, 182,97 euros. Así, el kilovatio hora le sale, con todos los peajes incluidos, a 0,214 euros (21,4 céntimos). En la factura de 2015, la familia consume menos electricidad, concretamente 776 kilovatios hora; pero paga más, concretamente 195,81 euros, es decir, que el kilovatio hora le sale ahora, con todos los gastos incluidos y tras tres años y medio de legislatura, reformas y contrarreformas, a razón de 0,252 euros (o sea, a más de 25 céntimos por kilovatio). ¿Subida del precio del kilovatio hora en estos cuarenta meses? 17,75%.
