El Ministerio de Energía, en el mes de noviembre de 2017, envía para su valoración a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un proyecto de Real Decreto (RD) con el que quiere incrementar los requisitos que debe cumplir una central eléctrica si quiere echar el cierre. Hasta ese momento, cuando una empresa propietaria de una de esas centrales solicitaba al gobierno la correspondiente autorización de cierre, el Ejecutivo valoraba si ese cierre ponía en riesgo o no la seguridad de suministro y, si no había riesgo (y nunca lo había, pues en España hay mucha más potencia de la necesaria), autorizaba la clausura y desconexión de esa instalación de generación de electricidad. Pues bien, el Gobierno Rajoy -el Ministerio de Energía, cuyo titular es en ese momento Álvaro Nadal- somete a consulta pública primero (en agosto de 2017) y envía después a la CNMC (en noviembre de ese año) un Real Decreto (RD) en el que propone que ya no solo valga el requisito de la seguridad de suministro para autorizar el cierre de una instalación de generación de electricidad.
El RD de Nadal quiere introducir más requisitos para controlar cuándo y cómo se cierran qué instalaciones
El Ejecutivo Rajoy, que gobierna en ese momento en minoría, sostiene que su RD solo pretende asegurarse "de que las decisiones tomadas por las empresas en el ámbito energético deben estar subordinadas al interés general y a la planificación en esta materia". Y plantea así que, a partir de ahora, y además del criterio de la seguridad de suministro, valorará "adicionalmente la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y del clima, así como la coherencia de los precios y la competencia del mercado eléctrico". En fin, que el Gobierno quiere tener derecho a denegar el cierre de una instalación "cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, entre otros motivos". Eso sí, el Real Decreto propuesto tranquiliza a las compañías propietarias de esas instalaciones asegurándoles que, si una compañía solicita autorización de cierre de una central y el Gobierno deniega esa autorización habrá "compensaciones".
La propuesta de RD del Ministerio de Nadal recibe varapalos por todas partes
La mismísima CNMC, creada por el propio Gobierno Rajoy en 2013, vapulea el Real Decreto de Nadal, norma que, entre otras muchas cosas, la CNMC considera que “introduce una excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica”. La propuesta de Nadal recibe varapalos también de la sociedad civil: la Fundación Renovables manifiesta "un total rechazo al borrador de Real Decreto lanzado por el Ministerio". El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA), organización de derecho ambiental acreditada ante la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, también lo critica duramente. Greenpeace denuncia que "el Proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad" y exige que el Gobierno, en el marco de los compromisos internacionales que ha adquirido (Acuerdo de París), elabore una ley de cambio climático y transición energética que presente un calendario para que las centrales de carbón y las nucleares estén cerradas en 2025.
El RD embarranca y el Ministerio de Energía reacciona
El Grupo Parlamentario Popular registra el 3 mayo de 2018 una Proposición de Ley (en esa fecha nadie es capaz de vislumbrar el cambio de gobierno). La maniobra de Nadal -cambiamos RD por Proposición de Ley- es detectada por el Instituto IDMA, que denuncia lo que califica de "artimaña": dada la trascendencia de lo regulado -denuncia esta oenegé de abogados ambientales-, el Gobierno tendría que haber presentado un Proyecto de Ley, y, "sin embargo, ha optado por presentar una Proposición de Ley, que elude la obligación de llevar a cabo una consulta pública, dejando en manos de la comisión parlamentaria la posibilidad de convocar a comparecer a especialistas en la materia". El objetivo del Ejecutivo es pues hurtar el debate. ¿Qué ocurre? Pues que, contra todo pronóstico, el PSOE presenta una moción de censura; contra todo pronóstico la moción triunfa; y contra todo pronóstico, cae el Gobierno Rajoy. Como las cosas de palacio van despacio, ayer tuvo lugar en el Congreso la toma en consideración de la Proposición de Ley que había hecho el PP cuando en el ministerio mandaba Nadal.
Y la jugada no ha salido
Lo denunciaba ayer la diputada Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea (del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV): esta es una proposición de ley -decía- con la que el PP "ha tratado de evadir la consulta pública y por tanto la participación ciudadana. De aprobarse esta proposición, dicha participación quedaría en manos de los grupos parlamentarios y limitada a las comisiones legislativas relacionadas con la materia". La diputada vasca ha votado en contra de la toma en consideración de esta Proposición de Ley. Como todos los demás partidos: 137 votos a favor (PP) y 189 votos en contra. Lo demás es historia. Y anécdotas. Han coincidido en delatar el ánimo nacionalizador del PP tanto desde un extremo de la Cámara (Ciudadanos) como desde el otro (Unidos Podemos). Melisa Rodríguez ha hablado de intento de "nacionalización encubierta", mientras que Josep Vendrell (En Comú Podem) ha ironizado con la manoseada Venezuela: "si nuestro grupo hubiese presentado una proposición de ley como esta, ustedes dirían que esta es una ley venezolana".
Y un detalle
La Proposición de Ley no la ha presentado el hoy exministro Nadal, su factótum. "Sorprende -decía Rodríguez, de Ciudadanos- que no defienda este texto el propio ministro que lo ha redactado". La defensa la ha hecho su compañero de partido el diputado José Alberto Herrero Bono, que no le ha ahorrado perlas al Parlamento: (1) "nosotros consideramos fundamental la continuidad de las centrales térmicas y de las centrales nucleares"; (2) "la supresión de tecnologías como las térmicas y las nucleares supondría el aumento del precio de la electricidad en más de un 25% a nuestras industrias y en más de un 15% a nuestras familias"; (3) "la supresión de las térmicas y las nucleares como energías de respaldo en un país como España con deficiencias en las interconexiones europeas resulta inviable para los intereses de todos los españoles".
"El PP propone nacionalizar una burra vieja -le contaba ayer a las puertas del Congreso a este periodista, cargado de ironía, un empresario del sector fotovoltaico-; ya podría haber nacionalizado las termosolares, o el sector fotovoltaico, que al fin y al cabo es tecnología moderna con un montón de años de operación por delante. Pero no, apuesta por nacionalizar las nucleares, Garoña, con casi cincuenta años, o el carbón, Compostilla, casi medio siglo también. Tecnologías sucias y con una vida útil ridícula".
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente publicó ayer en su página -iidma.org- un exhaustivo repaso de toda esta historia en el que critica con dureza la calidad democrática del Grupo Parlamentario Popular, que considera que, cuando envió al Congreso esta Proposición de Ley, lo que estaba intentando hacer es "puentear las obligaciones en materia de participación pública y de motivación de la medida a las que está sometido el Gobierno". La Proposición de Ley ha sido neutralizada por 189 votos (solo han votado a favor de su toma en consideración los 137 diputados populares).
