La Comisión Europea presentó el pasado 13 de junio su último paquete de medidas legislativas referidas a las finanzas sostenibles donde se incluye la nueva propuesta de taxonomía ambiental, la de los índices ESG (medidas ambientales, sociales y de gobernanza) así como las Normas Europeas de Información sobre Sosteniblidad (ESRS). Propuestas que, según la Alianza para la Transparencia Empresarial y Transport and Environment, son poco ambiciosas y hacen el juego a los grupos de presión empresariales.
Respecto a la taxonomía ambiental, las organizaciones ecologistas han denunciado que la propuesta de la Comisión vuelve a abrir la puerta al lavado verde, tal y como adelantó Ecologistas en Acción en mayo de 2023. En cuanto a la propuesta de los índices ESG, la Comisión Europea ha publicado un documento que, de aprobarse, suavizará las normas de transparencia medioambiental empresarial. Las organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, han denunciado esta medida que ignora los consejos de los grupos expertos y permite a las grandes empresas eludir el pago de la mayor parte de sus emisiones, al rebajar las normas de transparencia de sus informes de sostenibilidad.
En noviembre de 2022, el EFRAG (órgano consultivo de la UE) aprobó el reglamento ESG, una serie de normas medioambientales, sociales y de gobernanza uniformes, que las empresas tendrían que divulgar en un intento de ayudar a los inversores y a las personas consumidoras a tomar decisiones más informadas. Sin embargo, bajo la presión de la industria y de los políticos, la Comisión Europea se negó a hacer obligatorios estos requisitos.
En su lugar, decidió dejarlos todos sujetos a las evaluaciones de materialidad, es decir, bajo su propia discreción y sin una metodología clara. Mientras el EFRAG pedía que fueran todas las empresas quienes tuvieran la obligación de informar sobre sus emisiones completas a lo largo de la vida útil —conocidas también como alcance 3— la Comisión decidió finalmente aplicarlo a aquellas de menos de 750 empleados.
Según Ecologistas en Acción, de aprobarse finalmente esta propuesta, se continuaría con el lavado verde en los mercados financieros. Un ejemplo sería el sector del transporte, donde se hace más visible que las grandes empresas contaminantes, como los fabricantes de automóviles, los fabricantes de aviones o las navieras obtienen calificaciones notablemente altas. Uno de los principales problemas de las puntuaciones ESG es que se centran en gran medida en la evaluación del impacto financiero de los riesgos de sostenibilidad para la empresa (materialidad “de dentro para fuera”), y no tienen en cuenta el impacto que la empresa tiene sobre la naturaleza y las personas. En cuanto al aspecto social, la propuesta de la Comisión excluye el deber de las empresas de informar sobre sus empleados no directos, lo que demostraría las diferencias de protección social y otras condiciones en comparación con los empleados directos.
Del mismo modo, la Comisión convierte los requisitos de informar sobre los planes de transición de la biodiversidad en una información voluntaria. Por todo ello, desde la Alianza para la Transparencia Empresarial y la red Transport & Environment se demanda lo siguiente:
— Que las calificaciones ESG tengan en cuenta tanto sus riesgos internos como los impactos externos.
— Que el aspecto medioambiental esté alineado con la senda del 1,5 °C y con la reducción de emisiones de GEI así como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.
— La obligatoriedad de que sea una autoridad pública la que supervise las evaluaciones y calificaciones, así como la propuesta de sanciones cuando haya incumplimiento.
Sara Bourehiyi, portavoz de Ecologistas en Acción: “la Comisión Europea se vuelve a plegar a los lobbies y, de nuevo, ignora los consejos de expertas y expertos. El nuevo paquete de finanzas sostenibles rebaja las peticiones y vuelve a dejar a las empresas la responsabilidad de informar sobre la transparencia medioambiental, lo que supone un gran peligro porque no hay obligatoriedad de dar cuenta de sus emisiones. Esto nos aleja aún más de la senda del 1,5 ºC establecida en el Acuerdo de París”.
En cuanto al aspecto social, la propuesta de la Comisión excluye el deber de las empresas de informar sobre sus empleados no directos, lo que demostraría las diferencias de protección social y otras condiciones en comparación con los empleados directos.
Del mismo modo, la Comisión convierte los requisitos de informar sobre los planes de transición de la biodiversidad en una información voluntaria. Por todo ello, desde la Alianza para la Transparencia Empresarial y la red Transport & Environment se demanda lo siguiente:
— Que las calificaciones ESG tengan en cuenta tanto sus riesgos internos como los impactos externos.
— Que el aspecto medioambiental esté alineado con la senda del 1,5 °C y con la reducción de emisiones de GEI así como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.
— La obligatoriedad de que sea una autoridad pública la que supervise las evaluaciones y calificaciones, así como la propuesta de sanciones cuando haya incumplimiento.
Sara Bourehiyi, portavoz de Ecologistas en Acción: “La Comisión Europea se vuelve a plegar a los lobbies y, de nuevo, ignora los consejos de expertas y expertos. El nuevo paquete de finanzas sostenibles rebaja las peticiones y vuelve a dejar a las empresas la responsabilidad de informar sobre la transparencia medioambiental, lo que supone un gran peligro porque no hay obligatoriedad de dar cuenta de sus emisiones. Esto nos aleja aún más de la senda del 1,5 ºC establecida en el Acuerdo de París”.
