"La decisión de la Unión Europea de poner a las personas en el centro del sistema energético supone una victoria de la ciudadanía". Lo ha dicho -en alusión al no al impuesto al Sol- la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace España, Sara Pizzinato, que ha destacado también por otro lado la importancia de la política: "la ambición en la lucha contra el cambio climático es una decisión política y el giro de última hora en la posición de los Gobiernos de España e Italia lo ha demostrado, haciendo posible algo que parecía perdido". Pizzinato considera por eso que "ahora es el momento de plasmar a nivel nacional esa ambición demostrada esta madrugada y encarrilar decididamente la transición energética hacia un sistema 100% renovable para proteger a la ciudadanía del cambio climático”.
La valoración de los ecologistas
Greenpeace (1) celebra que por primera vez se reconozca el derecho de la ciudadanía "a participar activamente en el sector energético, produciendo, vendiendo, almacenando y compartiendo energías renovables" y (2) muestra su satisfacción por el hecho de que la UE haya impedido "que se penalice [ al autoconsumo] con impuestos o cargas económicas extra o con barreras administrativas gravosas". Según la organización ecologista, "la nueva legislación es incompatible con el impuesto al Sol y las demás barreras administrativas que los autoconsumidores sufren en España", por lo que Greenpeace "urge al Gobierno y el Parlamento español a modificar la legislación nacional para adaptarla a la europea".
Aspectos de la Directiva que destaca Greenpeace: el fin del impuesto al Sol
El acuerdo entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de los diferentes países establece el derecho de la ciudadanía, autoridades locales, pequeñas y medianas empresas y cooperativas a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, sin estar sujetas a tasas punitivas o a excesivas limitaciones. "Con las nuevas reglas -explican desde Greenpeace-, de aplicación a partir de 2021, se prohíben las sanciones que algunos países introdujeron para impedir que su ciudadanía participe en la transición energética, como el impuesto al Sol de España. Acabar con estas medidas -señala la oenegé ecologista- era una de las exigencias centrales de Greenpeace y de la sociedad civil recogidas por el Parlamento Europeo durante las negociaciones mantenidas con los gobiernos nacionales".
Greenpeace le da asimismo la bienvenida al hecho de que, "por primera vez, la legislación de la UE reconoce el papel que desempeñan las cooperativas controladas democráticamente en la transición energética, facilitando a las personas la creación de sus propios proyectos de energía renovable y protegiéndolas frente a la posición dominante de las principales compañías eléctricas". En ese sentido, la organización ecologista recuerda que, "según un reciente estudio, los proyectos de las cooperativas aportan ocho veces más ingresos a la economía local que un proyecto de una gran compañía eléctrica".
Pero la organización ecologista también critica algunos aspectos de la Directiva
"Como contrapunto negativo, Greenpeace considera que los objetivos de aumento de la participación de las renovables en la cesta energética europea son insuficientes". Según la oenegé del arcoiris, "el objetivo mínimo de energías renovables del 32% en 2030 se queda peligrosamente corto respecto al necesario para prevenir un cambio climático catastrófico, que debería ser de al menos 45%". Por otro lado -continúan los ecologistas-, tampoco se garantiza que la bionergía y boicarburantes que se usen para el cumplimiento del objetivo de renovables sean realmente sostenibles: "los negociadores han acordado mantener la aportación de biocarburantes insostenibles, como el aceite de palma que puede proceder de la deforestación". En ese sentido, Greenpeace "lamenta que las instituciones europeas hayan retrasado hasta 2030 su eliminación" y denuncia que "estos puntos han sido introducidos por la presión de una amplia mayoría de gobiernos nacionales que han impedido que las instituciones europeas estableciesen una normativa más ambiciosa".
Modificación de la normativa nacional
Greenpeace pide a las instituciones nacionales que aceleren la tramitación parlamentaria de la Proposición de ley de Autoconsumo, una ley que debe eliminar "todas las barreras al autoconsumo renovable, incompatibles con la nueva norma europea" y también reclama al Gobierno de España que plame "objetivos de renovables más ambiciosos tanto en el Plan Integrado de Clima y Energía (que el Gobierno deberá entregar a Bruselas en cumplimiento de la política energética a 2030) como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Estos deberán estar en línea con la consecución de un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable para 2050".
