“Estas actividades entrañan riesgos potencialmente mortales para las poblaciones indígenas y se han relacionado con casos de soborno, extorsión, fraude y blanqueo de dinero, así como con homicidios, agresiones violentas, violencia sexual y trabajo forzoso en la región amazónica”, señala el informe. Sus autores destacan, asimismo, que el narcotráfico tiene cada vez más lazos con el tráfico de armas en Centroamérica y el Caribe, y supone un grave problema para la estabilidad y la seguridad de la región.
En Colombia y Perú, dos de los principales países productores de cocaína, se ha producido un notable incremento del cultivo ilícito de arbusto de coca, que aumentó un 13% y un 18% respectivamente en 2022. En Colombia ocupa ya 230.000 ha, lo que supone un máximo histórico por segunda vez consecutiva, y en Perú 95.008 ha, fundamentalmente en la región amazónica.
México es otro país donde el cultivo ilícito de cannabis y adormidera converge con la tala ilegal, fenómeno que afecta especialmente a la región de la Sierra Madre Occidental. En Brasil, de acuerdo con la ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), la creciente presencia de grupos criminales en la Amazonia desde 2016 supone una importante amenaza en la lucha contra el cambio climático.
“El devenir de los bosques tropicales como este, que se expande por Brasil y otros ocho países, es vital porque juegan un papel crucial para regular la temperatura planetaria y mitigar, por tanto, el calentamiento global”, decía Renato Sérgio de Lima, director presidente del FBSP, al inicio de la última cumbre climática (COP28), celebrada en Dubai del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023.
Frente a esta situación, “cada vez más pueblos indígenas, que son los habitantes ancestrales de la cuenca Amazónica, se ven obligados a asumir el rol de defensoras y defensores de sus territorios —incluso a costa de su propia vida—, pues de ellos dependen los medios y modos que garantizan su subsistencia y la de sus generaciones futuras”, destacan desde Manos Unidas. En la mayoría de los casos, “las defensoras y defensores de la Amazonía deben arriesgarse, soportar amenazas, maltratos, hostigamiento e incluso la muerte y dedicar tiempo, esfuerzo y parte importante de su vida a la defensa del bosque Amazónico”, añaden.
Según datos de FBSP, la tasa de asesinatos en la Amazonía brasileña es de 34 por 100.000 habitantes, es decir un 45% más que la media del país. Una quincena de municipios superan los 80 asesinatos por 100.000 y las muertes violentas de indígenas superan en 26% la media nacional y hasta un 30% en el caso de los feminicidios.
Las regiones amazónicas de Brasil, Colombia y Perú comprenden en conjunto el 79% de la cuenca del Amazonas, donde las organizaciones dedicadas al narcotráfico siguen ampliando sus operaciones, que, además de la tala ilegal, incluyen la minería ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres.
Venta a través de las redes sociales
Los narcotraficantes utilizan la tecnología digital de vanguardia, las redes sociales y la desinformación para vender sus productos ilegales, alimentando el consumo de estupefacientes en todo el mundo. El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes recomienda llevar a cabo campañas contra los estupefacientes que ofrezcan consejos fiables en las plataformas más populares.
"Vemos que el tráfico de drogas no solo se lleva a cabo en la internet oscura. Las plataformas legítimas de comercio electrónico también están siendo explotadas por los delincuentes", afirma el presidente de la Junta, Jallal Toufiq. Y explica que las bandas de delincuentes aprovechan la oportunidad de llegar a grandes audiencias mundiales a través de las redes sociales convirtiéndolos en mercados y publicando contenidos inapropiados, engañosos y orientados por algoritmos que son ampliamente accesibles para niños y adolescentes”.
Otras tendencias vinculadas al tráfico de drogas en la actualidad son el uso de métodos de cifrado en las comunicaciones y transacciones así como los pagos en criptodivisas difíciles de rastrear. La JIFE también pone de relieve cómo los delincuentes trasladan sus operaciones a regiones donde la aplicación de la ley es menos estricta o donde las sanciones son menos severas, eligiendo a menudo países donde se puede eludir la extradición.
