"Parece que la intención del ministro Álvaro Nadal -denuncia Ecologistas en Acción- es pilotar la transición energética según sus propios intereses; una nueva prueba de ello -apuntan los ecologistas- es el anuncio de que se transferirán las competencias y los fondos de Enresa para el desmantelamiento de las centrales nucleares a los propietarios de las mismas (...), lo que supondría un profundo y peligroso cambio -alerta esta oenegé- en la gestión del parque nuclear en España".
Preocupados por la seguridad nuclear
Según la interpretación que hace Ecologistas en Acción del anuncio de Nadal, en el futurible nuevo marco, las empresas intentarán en primer lugar, y "en consonancia con las intenciones del ministro", mantener en marcha las nucleares el mayor tiempo posible, bajo el pretexto de generar más fondos para el desmantelamiento. Esto -apunta Ecologistas- implicará un deterioro "por el envejecimiento de las centrales, con el consiguiente aumento de la inseguridad". Ecologistas teme que el oligopolio caiga en la tentación de reducir costes con el fin de aumentar los beneficios, lo que aumentaría "el riesgo de accidente, fuga o contaminación de las personas trabajadoras".
Pero el riesgo mayor -sugiere la oenegé- radicaría en los procesos de contratación de obras, bienes y servicios durante el desmantelamiento de las centrales
Ecologistas teme que se pierdan las garantías a las que obliga la contratación pública y a las que hoy está sujeta Enresa. En ese escenario -alerta la oenegé-, las eléctricas podrían cerrar contratos "con criterios puramente económicos". Además, hay otro riesgo: los fondos de Enresa cedidos a las propietarias de las centrales nucleares otorgarían a estas "un enorme poder para actuar en el ámbito financiero, que se sumaría al que ya tienen actualmente". Más aún -recuerda Ecologistas-, "se perderían así las actuales restricciones que tiene Enresa para la gestión de estos fondos, que, entre otras cosas, le impiden invertirlos en productos financieros especulativos, evitando así el riesgo de que se produzcan pérdidas".
Finalmente -concluye el comunicado de Ecologistas-, "se pierde el control parlamentario del desmantelamiento de las centrales, dañando más la calidad de nuestra democracia; las comparecencias de Enresa -alerta esta oenegé- dejarían de tener sentido y se perdería la capacidad de control del Congreso de los Diputados y otras instituciones sobre el proceso de desmantelamiento". Según el portavoz de Ecologistas en Acción Francisco Castejón, "estamos ante una posible aberración legal que introducirá más inseguridad nuclear y menos control ciudadano y político de los procesos de desmantelamiento. Además, otorgaría a las eléctricas mucho más poder del que tienen hoy a través de la gestión de los fondos de Enresa”.
Oligopolio
En España, el parque nuclear nacional todo pertenece a cuatro empresas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y HC Energía. Iberdrola es propietaria del 53% de Almaraz I y Almaraz II; mientras que Endesa lo es del 36%; y Gas Natural, del 11% restante. Endesa es la propietaria de Ascó I al 100%. Iberdrola (con el 15%) y nuevamente Endesa (con el 85) son las dos propietarias de Ascó II. Iberdrola es la propietaria, al 100%, de la valenciana Cofrentes. La central nuclear de Trillo es propiedad de Nuclenor (2%), HC Energía (15,5), Gas Natural Fenosa (34,5) e Iberdrola (48). La central de Vandellós es propiedad de Endesa (72%) e Iberdrola (28%). Nuclenor está participada por Iberdrola 50% y Endesa 50%.
