En 2018, la actividad de generación eléctrica representó un 17,8% del total de las emisiones. El transporte fue el responsable ese año del 27% de las emisiones, después de iniciar una senda de ascenso en los últimos años. La industria emitió el 22% del total, mientras que en el ámbito residencial-comercial las emisiones fueron del 9%. En este último sector las emisiones se han reducido un 30% en el periodo analizado, según el estudio.
Las emisiones acumuladas en el periodo 2005-2018 correspondientes al consumo de combustibles se originaron en un 33% en la actividad de transporte; en un 28% en la generación de electricidad; en un 17% en instalaciones industriales; y en casi un 11% en el sector residencial/comercial. El resto de emisiones por consumo de combustibles corresponde a otras áreas como el refino del petróleo, la pesca y la agricultura, o la fabricación de combustibles.
De acuerdo con Luis Robles, socio director de la consultora y coautor del informe, “la mejora del sector eléctrico se debe fundamentalmente a dos factores: la penetración de las tecnologías de energía renovable dentro del mix y la participación del gas natural en la generación”. José Antonio Gesto, otro de los autores del informe, afirma que “el hecho de que la generación eléctrica haya reducido prácticamente a la mitad su participación en el volumen agregado de emisiones a escala nacional es muy importante, y refleja la clara voluntad y el esfuerzo del sector para hacer que esto pase”.
Generar riqueza con menos Gases de Efecto Invernadero
Desde el inicio de la aplicación del mercado de derechos de CO2 en 2005 y hasta 2018, España registró una reducción del 25% de las emisiones de GEI, 5 puntos por encima de la media europea, y del 30% de las emisiones per cápita. Según el informe, un 80% de las emisiones GEI corresponde a CO2.
España representaba en 2005 aproximadamente un 8,4% del total de las emisiones de gases efecto invernadero de la Unión Europea, cifra que ha ido disminuyendo hasta situarse en un 7% en 2018. El nivel español de emisiones per cápita está ligeramente por debajo de la media europea.
Otro dato que revela la evolución a la baja de las emisiones de GEI es la intensidad de emisiones en relación con el PIB. Según Robles, “es muy relevante el hecho de que necesitamos menos emisiones de GEI para generar riqueza; mientras que en 2005 por cada millón de euros de PIB se emitían en España aproximadamente 475 toneladas de CO2 equivalente, en 2018 fueron necesarias solamente 278 toneladas”.
En palabras de Robles, “esto quiere decir que estamos desacoplando la generación de riqueza, que estamos desacoplando la economía española de las emisiones contaminantes de GEI, que estamos consiguiendo esos objetivos ambientales que preocupan a todo el planeta, manteniendo los niveles de riqueza y los niveles del Estado de bienestar”.
No obstante, todavía queda camino por recorrer y por ello Gesto asegura que “el desacoplamiento de la actividad económica de las emisiones GEI va a ser también una clave fundamental para lograr los objetivos que España se ha marcado tanto dentro de los compromisos del Acuerdo de París, como en el marco de la Unión Europea”.
El peso de los sectores difusos
El informe “nos permite también visualizar los retos que la economía española debe afrontar en los próximos años y que tienen que ver con los sectores difusos, caracterizados fundamentalmente por pequeños productores de emisiones muy dispersos y que a veces resulta técnicamente más complicado de integrar dentro de la legislación y la normativa”, explica Gesto, que destaca el transporte como uno de los puntos en los que habrá que trabajar con más intensidad para reducir emisiones y mitigar el cambio climático.
El estudio ofrece datos teniendo en cuenta si las emisiones proceden de sectores que están dentro del régimen de comercio de derechos de emisión o si corresponden a los sectores difusos (transporte, agricultura y ganadería, y residencial/comercial). Mientras que en 2005 los sectores difusos representaban el 58% de las emisiones, en 2018 este porcentaje se incrementó hasta el 62%. Y en sentido contrario, las emisiones de actividades incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión pasaron de representar el 42% del total nacional en 2005, al 38% en 2018.
La información que arroja este estudio demuestra el resultado de la aplicación, en España, de las políticas europeas que dan cumplimiento al compromiso de la Unión Europea con la agenda y acuerdos internacionales sobre limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Tras la adopción del Protocolo de Kyoto, nuestro país se comprometió a limitar sus emisiones entre 2008 y 2012 a un aumento no superior al 15% respecto al año base 1990. Aunque las emisiones superaron ese valor, se cumplieron los compromisos adquiridos utilizando, al igual que otros países, los mecanismos flexibles contemplados en el citado protocolo.
Según los autores, esta senda de actuación se verá reforzada por el compromiso español en el marco del nuevo Acuerdo Verde Europeo, que tiene como objetivo último la descarbonización de la economía en 2050.
Todos los datos que recoge el estudio proceden de los niveles de emisión registrados en las fuentes oficiales la Agencia Europea de Medio Ambiente, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y del Instituto Nacional de Estadística.
