El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), celebró el pasado viernes en Andorra (Teruel) una jornada informativa y participativa sobre la evolución de los trabajos del Convenio de Transición Justa de Aragón. En el encuentro participaron representantes de los 34 municipios incluidos en el Convenio, junto a organizaciones empresariales, sindicatos y asociaciones, entre otros actores locales, informa un comunicado del Ministerio.
En esta jornada se ha ofrecido información detallada sobre los proyectos que ya se han puesto en marcha con apoyo financiero en el marco del Convenio, sobre los compromisos para dinamizar económicamente la zona y las nuevas líneas de ayudas, entre las que destaca una nueva convocatoria dotada con 50 millones para apoyar a las empresas y cuya convocatoria está prevista para principios del próximo año. Además, se ha presentado un calendario con las próximas medidas, así como un compromiso de control periódico al que se sumarán la Diputación de Teruel, y una amplia representación de la sociedad civil.
Esta jornada se celebra después de que la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera presentara, presentara el pasado 21 de noviembre, también en Andorra, el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Aragón sobre los contenidos y la financiación del Convenio de Transición Justa de Aragón. El documento contempla una inversión pública de más 200 millones de euros de los cuales, el Miteco aporta 100 millones de euros y la Comunidad Autónoma 92 millones de fondos europeos y otros 12 millones de cofinanciación.
En el acto de apertura han intervenido Laura Martín, directora del ITJ; Sergio Breto, director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón; Joaquín Noé, representante de Municipios en Transición Justa-ACOM (FEMP) y alcalde de Ariño y Joaquín Bielsa, alcalde en funciones del Ayuntamiento de Andorra.
Laura Martín, directora del Instituto para la Transición (ITJ): "la transición justa es ya una realidad en Andorra. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha asegurado, a través de diferentes vías, una generación de empleo superior a los 532 empleos que se perdían por el cese de actividad de la central y de las minas. En apenas tres años se han sentado las bases de un desarrollo sostenible en la zona. Sólo uno de sus elementos, el concurso del nudo Mudéjar, ha lanzado un proyecto de desarrollo económico y social basado en instalaciones de producción de energías renovables y recursos endógenos que combina la necesidad de miles de empleos a corto plazo con la innovación y la sostenibilidad. Como este apoyo se mantendrá a través del Convenio, tenemos la oportunidad colectiva de ir más allá de nuestros compromisos, de escalar, de transcender la transición justa para recuperar incluso parte de la población perdida en las últimas décadas”.
Sergio Breto, director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón: "combatir el cambio climático es fundamental para la economía española, país altamente vulnerable a sus efectos. Teruel ya es un icono de transición energética, y por doble motivo: por la eliminación del carbón en su mix de generación eléctrica, y también por el desarrollo de las energías renovables para la generación eléctrica, de modo que en estos dos últimos años el incremento de la energía renovable ya ha sido más del 70% de la generación procedente del carbón en su último año completo de funcionamiento, 2019. Podemos decir que Teruel es pionera en la Transición Justa, por el trabajo continuado que se realiza y que es impulsado desde el año 2019 con actuaciones de inversión y creación de empleo, y que van a ser reforzadas por las próximas disponibilidades de recursos económicos procedentes del Fondo de Transición Justa".
El Convenio de Transición Justa de Aragón
El Convenio de Aragón, es el primer Convenio de Transición Justa a nivel nacional en contar con un documento base acordado entre el gobierno de España y un gobierno autonómico, que recoge compromisos financieros específicos para desarrollar líneas de actuación que den respuesta a las zonas afectadas por el cese de actividad de centrales térmicas y el cierre de explotaciones mineras de carbón, afirma el ministerio.
Desde la firma del protocolo entre administraciones en mayo de 2020 se han puesto a disposición de estos municipios numerosas líneas de apoyo para empresas, proyectos municipales e iniciativas energéticas, además de la adjudicación del concurso del Nudo de Andorra.
Desde que se iniciaran las tareas de elaboración del Convenio, con el proceso de participación pública celebrado en 2020, el Instituto para la Transición Justa ha impulsado la puesta en marcha de más de un tercio de las 170 ideas presentadas, porcentaje que alcanza el 55% en el caso de proyectos con mayor nivel de madurez.
El Ministerio destaca como un eje clave del despliegue de este Convenio la resolución de adjudicación del concurso público para la concesión de capacidad de acceso a la red de transporte de energía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable del Nudo de Mudéjar Transición Justa 400 kilovatios (kv), que fue publicada en el BOE el pasado 26 de noviembre.
Esta adjudicación, recientemente ganado por Enel Green Power España, que -según el Miteco- supondrá una inversión de más de 1.500 millones de euros y la creación de 370 empleos estables a largo plazo en numerosos proyectos energéticos renovables, proyectos industriales, comunidades energéticas, proyectos de autoconsumo, sistemas de almacenamiento e hidrógeno verde, entre otros. El proyecto se compromete a apoyar proyectos relacionados con el medio natural y protección de la biodiversidad y prevé la impartición de más de 300.000 horas de formación de los que serán beneficiarios más 1300 desempleados locales, y el desarrollo de las más de 30 alianzas establecidas con actores locales.
La ley de Cambio Climático y Transición Energética establece el período vigencia del Convenio que se fija en siete años y contempla mecanismos de control para el cumplimiento de sus objetivos: la constitución de una Comisión de Seguimiento con representantes del Miteco, la Comunidad Autónoma y los municipios; así como la creación de una Mesa de Diálogo que contará, además, con representantes de la diputación de Teruel, organizaciones empresariales, sindicales y ambientalistas, representantes de jóvenes y mujeres. El Instituto para la Transición Justa prevé la elaboración de un informe de seguimiento anual sobre su nivel de cumplimiento.
Creación de 650 empleos estables
El principal objetivo del Convenio de Transición Justa de Aragón -sostienen sus firmantes- es crear un volumen de empleo equivalente al perdido como consecuencia del cierre de las explotaciones mineras de Ariño, Foz Calanda y Estercuel y de la central térmica de Andorra en Teruel, estimado en 532 puestos de trabajo.
Para generar la actividad económica que permita alcanzar este objetivo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aportará 35,6 millones de euros de nuevos fondos que se suman a los 64,4 millones de fondos ejecutados y comprometidos hasta la fecha, que ascienden a 100 millones. Por su parte, la Comunidad Autónoma de Aragón gestionará los 92 millones de euros procedentes del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, a los que sumará 12 millones de fondos públicos en concepto de cofinanciación, junto con otras herramientas de apoyo.
Desde 2019, el Instituto para la Transición Justa ha otorgado ayudas a proyectos municipales, empresariales y de restauración ambiental que están comprometidos formalmente con la creación de 250 empleos a largo plazo en la operación de esas actividades. A esta cifra hay que sumar los 30 empleos vinculados al proyecto de biofertilizantes de Forgasa que contará con una ayuda de 2,6 millones de fondos del ITJ. La reciente resolución del Concurso del Nudo Mudéjar arroja un escenario de creación de 370 puestos de trabajo estables.
Así, dice el comunicado del Miteco, "los instrumentos de apoyo desplegados hasta el momento por el Instituto para la Transición Justa comprometen la generación de 650 empleos estables a largo plazo. Esta tarea de anticipación ha permitido que antes de la formalización del Convenio se apoye la creación de más empleo del que se ha destruido con los cierres".
Estas nuevas oportunidades llegarán al área del Convenio (que incluye 33 municipios de Teruel y 1 de Zaragoza) mientras continúan las tareas de desmantelamiento y descontaminación de los terrenos de la central térmica de Andorra que dan empleo a 300 personas. Otros 200 profesionales participan en la construcción del parque fotovoltaico emplazado en el perímetro de la central. Además, alrededor de 21 personas trabajan en estos momentos en la obra de restauración ambiental llevada a cabo por la compañía Samca en la mina de Ariño.
El tejido social de los 34 municipios afectados son actores participantes del convenio, tal y como recoge el documento son 91 los representantes de las administraciones, empresas, grupos de desarrollo local, organizaciones ambientalistas, sindicatos y particulares. Estos procesos participativos han dado lugar a 170 propuestas presentadas, de las cuales más de la mitad, el 55%, están en ejecución y el 22% están en fase de estudio.
Fondo de Transición Justa UE y otros apoyos del gobierno
El área del Convenio de Aragón va a recibir 92 millones procedentes del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea que gestionará directamente la comunidad autónoma, que aportará 12 millones en concepto de cofinanciación para proyectos. Los presupuestos autonómicos del ejercicio 2023 contemplan una partida de 21 millones para la puesta en marcha de líneas de ayudas.
Para el Gobierno de Aragón, las principales líneas de intervención de este programa están vinculadas a la transformación ecológica de la industria y fomento de la movilidad sostenible, así como a la economía circular y la eficiencia energética. También al impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable. Cabe el apoyo a Pymes y proyectos empresariales tractores que sirvan a la diversificación económica de los territorios. Podrán destinarse fondos para fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y a la integración de las TICs y la transformación digital. Los proyectos de rehabilitación ambiental, conservación de la naturaleza, biodiversidad y ecosistemas, así como la promoción del patrimonio histórico, cultural e industrial y fomento del turismo sostenible son susceptibles de recibir financiación. Además, insiste el gobierno aragonés, podrá enfocarse hacia la promoción de infraestructuras sociales, la economía social e iniciativas de formación y cualificación.
Por su parte, el Gobierno de España ha previsto la priorización de las zonas de Transición Justa para el acceso a los instrumentos de apoyo para la transición energética, habilitando una financiación total de 2.740 millones para los 14 Convenios de Transición Justa que se están desarrollando en nuestro país.
El próximo 19 de diciembre se abrirá el plazo de la tercera y cuarta convocatoria del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía) de ayudas a comunidades energéticas que tiene una dotación presupuestaria de 40 millones de euros que contempla la priorización de los proyectos localizados en los municipios que forman parte del Convenio de Transición Justa de Aragón.
Nuevas ayudas a empresas en 2023
En el transcurso de la Jornada, la directora del ITJ anunció una convocatoria de ayudas dotada con 50 millones de euros destinadas a apoyar proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo en las zonas de los Convenios de Transición Justa, que está previsto que se publique a principios de 2023.
Estas ayudas se otorgarán en base a dos elementos: la inversión realizada y la creación de empleo, y para su adjudicación se bonificará la contratación de personas inscritas en las Bolsas de Trabajo del ITJ, con el objetivo de promover la creación de empleo prioritario para trabajadores afectados por el cierre de minas y centrales térmicas. También se valorará la creación de puestos de trabajo para mujeres, jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad.
