El principal avance debatido en la Jornada -informa IDMA- ha sido el punto de inflexión que supuso el Auto del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019, donde se eximía al Instituto del pago de los 11.260 euros a los que fue condenado al ser desestimada su demanda contra el Plan Nacional Transitorio (PNT) de Grandes Instalaciones de Combustión. IDMA, que es una organización sin ánimo de lucro, presentó una demanda contra el PNT. Esta fue desestimada. El Instituto fue condenado a pagar las costas. El Instituto recurrió; y, por fin, el Tribunal Supremo (TS) le ha eximido de ese pago. "Con este auto histórico -explican desde esta Organización No Gubernamental-, el TS reitera además que las ONGs que cumplen los requisitos exigidos en la Ley Aarhus 27/2006 no están obligadas a justificar la falta de recursos". Según los abogados del Instituto, la Ley Aarhus, que refleja las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, "es directamente aplicable al formar parte del ordenamiento jurídico español". La Ley Aarhus reconoce a entidades como el Instituto el derecho a la justicia gratuita.
"Tampoco se deben abonar las costas -insisten desde IDMA- en caso de venir a mejor fortuna, ya que, siguiendo esta normativa, la exención aplica por el hecho de ser una organización medioambiental que cumple con los requisitos de la Ley Aarhus para ejercer la acción popular ambiental, independientemente de sus recursos económicos". Pues bien, según el Instituto, España pasa a situarse de esta forma entre los Estados miembro de la UE con mejores condiciones para acceder a la justicia medioambiental, por delante de países como Alemania, Austria, Estonia o Hungría, donde también rige el principio “Quien pierde, paga”. Sobre el particular, varios de los participantes en la Jornada señalaron que, "en estos países el abono de costas, en ocasiones prohibitivas, puede tener un efecto disuasorio para las organizaciones ambientales".
Entre las barreras, la falta de formación de la judicatura
No obstante -informan desde el Instituto-, la Jornada también sirvió para poner de relieve "los grandes obstáculos que todavía persisten en el acceso a la justicia en asuntos ambientales en España". En especial, se destacó la falta de formación de la judicatura, que debe solventarse de forma urgente mediante programas específicos. Según IDMA, esto no es nuevo: "el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus -apuntan desde esta oenegé- ya advirtió a España que solucionar estas lagunas en materia de formación medioambiental con miembros de la judicatura y administraciones públicas era una prioridad"*. Otras barreras son la desigualdad entre las partes litigantes (que puede afectar a la hora de obtener pruebas durante el proceso, por ejemplo), el reconocimiento de la legitimación activa de las organizaciones sin ánimo de lucro o la cobertura de las medidas cautelares.
Proyecto Access to Justice, una iniciativa de Life + y la Comisión Europea
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) es la organización responsable del desarrollo en España del Proyecto A2J-EARL sobre Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, financiado en parte por el Programa LIFE+ de la Comisión Europea. La Jornada de Formación e Intercambio de Buenas Prácticas dirigida a abogados ambientales y ONGs que ha tenido lugar esta semana en la sede madrileña de la Representación de la Comisión Europea en España es una de las actividades que integra el proyecto. Además de los especialistas del Instituto, durante la jornada han participado ponentes como Rafael Fernández Valverde, Magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y Eduardo Salazar, Doctor en Derecho y abogado ambiental.
El proyecto A2J-EARL abarca un trienio (2017-2020) y está coordinado a nivel europeo por las organizaciones ClientEarth y Justice & Environment. Cuenta con la participación de organizaciones de Derecho ambiental para su implementación a nivel nacional en 8 Estados miembro: Alemania, Austria, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Hungría y Polonia.
La meta fundamental del proyecto es promover el acceso efectivo a la justicia en materia ambiental y eliminar los obstáculos existentes a través de la formación y concienciación del sector jurídico de cada Estado miembro. Para ello, entre las distintas acciones del proyecto, se encuentra la realización de sesiones de formación y la elaboración de diversas herramientas de información dirigidas a actores clave, como miembros del Poder Judicial, la Administración Pública a nivel estatal y autonómica, el área de medio ambiente del Defensor del Pueblo, el sector académico, ONGs de defensa medioambiental y abogados ambientales, entre otros, muchos de los cuales participaron activamente en la jornada compartiendo experiencias y debatiendo los retos presentes en esta área. El Proyecto prevé dos sesiones de formación similares en España durante el año 2019.
Alba Iranzo, abogada ambiental de IDMA: “España ha experimentado importantes avances en el último año en materia de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, todavía encontramos barreras debido al desconocimiento por parte del sector jurídico de normativa medioambiental clave que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, Proyectos como A2J-EARL son fundamentales para solventar estas lagunas en un momento donde el derecho ambiental es una herramienta clave para proteger nuestro planeta y la salud de las personas que vivimos en él”
Ana Barreira, directora de IIDMA y coordinadora del proyecto: “el Convenio de Aarhus, ratificado por España en 2005 y publicado en el BOE, tras lo cual ha pasado a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico, reconoce el derecho de acceso a mecanismos judiciales efectivos para garantizar la protección del medio ambiente. Las barreras económicas y las debidas al desconocimiento por parte de la judicatura dificultan nuestro trabajo, ya que en muchas ocasiones tenemos que acudir a Tribunales para que se aplique la legislación ambiental incluyendo los derechos que esta nos reconoce. El Auto de 13 de marzo de 2013 supone un gran avance para organizaciones sin ánimo de lucro, ya que la posibilidad de una condena en costas es disuasoria”
* En sus Recomendaciones respecto de la Comunicación ACCC/C/2008/24 tras su 26ª reunión en 2009.
