El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, organización declarada de utilidad pública en España y acreditada ante el Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, ha pedido al Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética "con carácter urgente, debido la necesidad de dar prioridad política a los retos inmediatos del cambio climático". Según el Instituto IDMA, "la Ley debe prever una Hoja de Ruta de descarbonización y cierre de las centrales térmicas, un plan de adaptación al cambio climático, y objetivos cuantificados de reducción de emisiones". El Instituto especifica muy claramente los objetivos de su propuesta: "una reducción de un 40% en 2030, tomando como referencia los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero registrados en 1990, con la meta de llegar a un escenario de Emisiones Cero en 2050". Según esta organización, nuestro país seguiría así el ejemplo de países como Holanda, Canadá o Reino Unido, "que ya han anunciado el fin del carbón y el cierre de sus centrales térmicas entre 2025 y 2030".
Además, el Instituto destaca la importancia de la transparencia, la participación pública y el acceso a la información en materia medioambiental, en coherencia con las obligaciones del Convenio de Aarhus del que España es parte, enfatizando la importancia extraordinaria de la participación en este proceso de elaboración del Plan integrado de cambio climático y energía. Precisamente hace solo unas semanas, el Instituto denunciaba violaciones reiteradas del derecho a la informacion ambiental por parte de las autoridades españolas.
Proceso de consulta pública
El Instituto IDMA ha enviado todos estos comentarios sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el marco del proceso de consulta pública lanzado de forma conjunta por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En ellos, el Instituto pide "que se dé consideración de urgencia al desarrollo de la Ley y los planes de adaptación al cambio climático, incluyendo medidas de monitorización de efectos y consecuencias con un enfoque de gestión de riesgos, prevención y cooperación intersectorial y de los ámbitos nacional, regional y local". Además, añaden desde el Instituto, "se debe favorecer un marco para la difusión y comunicación de la información medioambiental por parte de las administraciones, y favorecer la integración de objetivos económicos y sociales dentro de los ambientales; en este sentido, la Ley debe favorecer un modelo basado en la economía circular y el ahorro y eficiencia energética, reduciendo el uso de recursos y emisiones".
IDMA propone el establecimiento de impuestos climáticos a las industrias más contaminantes
Otro aspecto fundamental -explican desde el Instituto- sería la creación de un modelo de Fiscalidad Verde, regido por el principio de quien contamina, paga, estableciendo impuestos climáticos a las empresas e industrias más contaminantes. El Instituto IDMA destaca así mismo la importancia de crear un Fondo para el Cambio Climático que propone sea "financiado con estos impuestos climáticos con el fin de impulsar la ejecución de políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como de garantizar la ejecución de las medidas de transición justa". IDMA subraya por otra parte el valor de la I+D+i en materia medioambiental "para favorecer el desarrollo de las energías renovables y tecnologías de almacenamiento de energía". Para la aplicación de la Ley de una forma más efectiva, el Gobierno debería también planificar la formación de la judicatura en materia de cambio climático.
Barreira: "Urge el desarrollo de un marco normativo que se aplique y sea eficaz"
Según la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, la abogada ambiental Ana Barreira, "no podemos retrasar más la adopción de medidas; los efectos del cambio climático son ya patentes y no estamos preparados. España está sufriendo esos impactos. Urge el desarrollo de un marco normativo que se aplique y sea eficaz". Según Barreira, Necesitamos aumentar nuestra capacidad de respuesta a las consecuencias del cambio climático y reducir la vulnerabilidad frente a los retos a los que nos enfrentamos". El Instituto IDMA se define como "una organización sin ánimo de lucro fundada en 1996 con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente". Declara como objetivo "conseguir un desarrollo sostenible a través de la investigación, la aplicación y ejecución del Derecho desde una perspectiva internacional y multidisciplinar". Desde 1998, el Instituto es una organización acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. IDMA fue declarado en 2001 "de utilidad pública".
