La denuncia la hace el grupo ciudadano Caso Castor, que explica en un comunicado que, "tras la sentencia del Tribunal Constitucional a finales del año pasado, donde se apuntaba que el procedimiento y el carácter de urgencia utilizados para hacer efectiva la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS no eran adecuados y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había suspendido los pagos a los bancos que habían ofrecido un préstamo para sufragar la deuda generada, podía parecer -apuntan desde esta organización no gubernamental- que el proyecto Castor ya no estaría incluido en las retribuciones del sistema gasista para 2019". Pues bien, muy al contrario, lamenta el grupo ciudadano Caso Castor, "este no ha sido el caso, ya que se ha incluido el coste de operación y mantenimiento, casi 9 millones de euros, tras auditar los costes de esta misma actividad durante el año 2017" (véase página 10 del proyecto de Orden).
Según esta oenegé, el hecho de que sí se haya incluido el coste de operación y mantenimiento y no la parte correspondiente a la indemnización se explica porque "se han utilizado aquellos artículos y disposiciones del Real Decreto de la renuncia a la concesión que no han sido anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional que permitían hacer esta interpretación y dejar sin ningún efecto dicha sentencia".
El Gobierno justifica su propuesta de incluir el proyecto Castor en las retribuciones por peajes del sistema gasista para 2019 so pretexto de "evitar el abandono incontrolado de la instalación". Así, en su proyecto de Orden 2019 de Peajes "considera perentorio dotar a la empresa responsable de la administración de las instalaciones de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medio ambiente".
Cuáles son las demandas de esta organización no gubernamental
"Desde el grupo ciudadano Caso Castor creemos que es un acto irresponsable que la ciudadanía tenga que seguir pagando a través de la factura del gas el coste de operación y mantenimiento de una infraestructura que se encuentra en hibernación y que nunca ha entrado en funcionamiento"
"Lo que pedimos al Gobierno es que, en el próximo Acuerdo de Consejo de Ministros, se apruebe el desmantelamiento del proyecto Castor"
"Lo que también exigimos es que se empiece a devolver a la ciudadanía aquello que ya han pagado, como apuntan las sentencias del Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre y de la semana pasada, que instan al Gobierno a que devuelva 118 millones de euros, que es lo que se cobró en la retribuciones por peajes de los años 2014 y 2015"
A diferencia de lo que insta la Cecot (confederación empresarial multisectorial catalana), que es quien ha presentado los recursos judiciales anteriores, el grupo ciudadano Caso Castor considera que "debe ser la empresa concesionaria, Escal UGS, quien haga efectiva la devolución de este dinero, ya que es la responsable de la construcción de este proyecto fallido". Además -apuntan desde esta oenegé-, "si lo asume el Gobierno, la ciudadanía habrá pagado dos veces por lo mismo; en el caso de un posible demantelamiento, también exigimos que su coste debería asumirlo Escal UGS".
Memoria de la Propuesta de Orden (por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2019)
