Así, el 7º PGRR prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros que, de acuerdo con este principio solidario, se sufragarán con el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares, las eléctricas.
Actualmente hay siete reactores nucleares activos en España, situados en cinco emplazamientos: Almaraz I (1.049,40 MW) y Almaraz II (1.044,50 MW) en Cáceres; Ascó I (1.032,50 MW) y Ascó II (1.027,21 MW) en Tarragona; Cofrentes (1.092,02 MW) en Valencia; Trillo (1.066,00 MW) en Guadalajara y Vandellós II 1.087,14 MW) en Tarragona. Dos centrales (Almaraz y Ascó) disponen de 2 reactores cada una, para un total de siete reactores de agua ligera, con una potencia eléctrica instalada de 7.398,77 MW.
Según el 6º PGRR -el anterior- la parada definitiva de las centrales que están en operación se hubiera producido, a los 40 años de vida útil, entre 2021 y 2028. Ahora, el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares tendrá lugar entre 2027 y 2035 y se iniciará a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I (parada desde 1989 por un accidente grave), cuya última fase se ejecutará a partir de 2030. La primera en la lista es Almaraz I, que se apagará en otoño de 2027.
Almacenes de residuos
Junto con el plan, el Ejecutivo ha aprobado dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar el ATC, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En vez de este gran cementerio nuclear, el Gobierno ha decidido poner en marcha siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) junto a las centrales nucleares hasta su traslado al almacenamiento definitivo. El ATD de cada central estará formado por su Almacén Temporal Individualizado (ATI) más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa.
Además, se ha decidido dar continuidad a las operaciones del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales, como ya estaba planificado en el 6º PGRR. También proseguirán las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento, como ya estaba previsto en el 6º PGRR.
Finalmente, como solución técnica para el almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad, el 7º PGRR establece una hoja de ruta para desplegar un Almacén Geológico Profundo (AGP). Así, el Gobierno pretende que España pueda disponer de un depósito seguro para estos residuos, que irá acompañado de un proceso previo de información y participación pública, un trámite similar a los desarrollados en los países europeos que ya han decidido el emplazamiento de sus AGP, como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia.
PGRR
Este 7º PGRR ha superado una larga tramitación, iniciada en marzo de 2020 con la difusión del borrador del Plan, y es el primero sometido a evaluación ambiental estratégica –que también incluye una fase de consultas e información pública– y al informe del Consejo de Seguridad Nuclear y de las comunidades autónomas, con el objetivo de garantizar una amplia participación, consenso y respaldo social.
Así, el 7º PGRR sustituye al 6º PGRR vigente hasta este miércoles, que se aprobó en 2006 y debería haberse actualizado antes del 2015, según el calendario establecido por la Directiva 2011/70/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
El 7º PGRR está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que fija la hoja de ruta para que España cumpla los objetivos europeos de clima y energía, y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.
