El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este jueves que se está trabajando en el "rediseño" del impuesto extraordinario a las energéticas, aunque ha negado que ello se deba a las advertencias de Repsol de que este impuesto "condiciona" sus inversiones en España. "Afortunadamente, gracias a la política energética europea y en España a las energías renovables estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, que continúa alto pero se está reduciendo. Y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan una política energética que estimule e incentive estas grandes inversiones en energía renovable", ha apuntado en una entrevista en Espejo Público, programa televisivo de Antena 3.
De este modo, Sánchez ha confirmado que el impuesto extraordinario a las energéticas se encuentra ahora mismo en fase de "rediseño" para ver también cómo se pueden incentivar dichos proyectos industriales. El presidente ha negado que en España falte seguridad jurídica, según informa Europa Press, y ha apuntado que el 20% de todos los proyectos mundiales vinculados con el hidrógeno verde, "que es la energía del presente y del futuro, están localizados en España". "Y eso tiene mucho que ver la seguridad jurídica, que no dio, por cierto, el Gobierno de Rajoy, que se planteó la eliminación de las primas a las renovables, con efectos retroactivos. Nos abrió muchos laudos a nivel internacional por eso que, afortunadamente, gracias a la capacidad negociadora de las vicepresidentas, pues hemos ido cerrando y acordando", ha apuntado.
Sobre el impuesto
La Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entraba en vigor el pasado mes de diciembre. La nueva norma permitió gravar el ejercicio de 2022 y grava el 2023 y 2024. Para las empresas energéticas se gravará el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019. El impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
