El foro elegido ha sido la Asociación de la Prensa de Madrid; la sala, abarrotada de periodistas. Tras la mesa larga de ponentes, media docena de primeras espadas. Primero en abrir la boca: el presidente de APPA, José Miguel Villarig, que ha roto el hielo... abriendo fuego. Lo ha hecho sin pararse en rodeos. Desde el principio. Porque Villarig ha hablado, desde el minuto uno, de difamación –"Soria difama al sector de forma constante y confunde interesadamente a la opinión pública"-; ha hablado de estafa –"el dinero que el gobierno le está quitando con estas medidas a las renovables se lo está dando con la otra mano a las distribuidoras y a la interrumpibilidad" (es decir, a Unesa y a multinacionales como Arcelor, Atlantic Copper o Messer Ibérica de Gases)–; ha hablado de vergüenza –han sido tantos ya los cambios de regulación y las medidas retroactivas que "siente uno vergüenza cuando habla con sus socios europeos"–; ha hablado de oscurantismo -aunque el gobierno está obligado por la Ley del Sector Eléctrico a tratar con el sector, Soria "ha omitido todo contacto con nosotros" en el proceso de formulación de su reforma; y, por fin, y a modo de conclusión, ha hablado de denuncias: "denunciaremos ante Bruselas esta política de acoso y derribo".
Los inventos de Soria
El detonante de esa reacción ha sido el último anuncio del gobierno, que quiere introducir dos medidas que afectan directamente a las cuentas de los productores de energías renovables. Una de ellas, marcadamente retroactiva, consiste, sencillamente, en que las primas no se van a actualizar conforme al IPC, que era lo que establecía la ley, sino conforme a un nuevo indicador que "se ha inventado Soria", según ha dicho el representante de la sección de Biomasa de APPA, Manuel García. El "invento" consiste, según contaba hace un par de días el economista Mario Sánchez-Herrero, en lo siguiente: "de acuerdo con los datos publicados por el INE, la inflación general en noviembre (y diciembre) de 2012 había alcanzado al 2,9% de incremento; les correspondía por tanto [a los productores de energías renovables] un aumento en el precio primado del 2,4% (IPC menos 0,5 puntos, según decía la ley); pues bien, en lugar de aumento, los titulares de estas instalaciones van a ver [gracias a este IPC reinventado] cómo su electricidad va a ser retribuida incluso a un precio inferior al que han venido cobrando en 2012". El impacto global de las medidas anunciadas el viernes puede elevarse a casi 500 millones de euros, según APPA.
"Una expropiación en toda regla"
El caso es que esa medida, otras anunciadas el viernes y las puestas en marcha desde finales de 2010 están impactando de modo distinto, pero muy grave siempre, en todas las tecnologías. El secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, por ejemplo, ha sido muy explícito en el acto: "sumadas todas las medidas anunciadas, la mayoría de las cuales han visto la luz en las últimas seis semanas, el sector de la termosolar ha visto reducidos sus ingresos en un 33%, lo cual es una expropiación en toda regla". Crespo también se ha quejado de la falta de diálogo con el gobierno. El asunto, en todo caso, va más allá de los pasillos del ministerio y de lo estrictamente doméstico, pues tanto la termosolar como la fotovoltaica (FV) han atraido durante años miles de millones de euros de fondos de inversión internacionales que creyeron en un marco fijado vía BOE por el ejecutivo. Creyeron en el aval regulatorio del gobierno, hicieron sus números, decidieron invertir en función de esas condiciones y ahora se encuentran con un hachazo del 33. La fotovoltaica no es menos. Antes al contrario, según el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, el recorte a la FV alcanza el 40%.
"Esto es un robo"
El discurso de Martínez-Aroca ha sido particularmente duro: "estamos en la ruina; nos han reducido en un 40% las primas: eso se llama engaño, estafa". Aroca lo explica así: "el mismo gobierno socialista que en el año 2008 hizo un llamamiento a la inversión privada, llamamiento para que ayudásemos a España a cumplir con los acuerdos internacionales de reducción de emisiones, llamamiento que nos hizo porque el gobierno no estaba en condiciones de invertir, ese mismo gobierno redujo luego en un 30% las primas y, ahora, el Partido Popular suma a eso un impuesto del 7% [la Tasa Soria] y, ayer, el tema del IPC: esto es un robo". El presidente de Anpier lo ha explicado con nitidez meridiana: "somos pequeños ahorradores que hemos invertido todos nuestros ahorros para no dejar a nuestros hijos cementerios nucleares y nos están engañando". La situación es límite, según Martínez-Aroca: "no se trata de que haya gente que pierda su instalación; es que hay casos en que pueden llegar a perder su casa, con la que avalaron los préstamos que solicitaron en su momento, y la refinanciación, que es la última solución para los que no pueden seguir metiendo sus ahorros ahí, porque ya no tienen más, es la última fase del estrujamiento de la soga".
La banca, insensible; el ICO no existe
El motivo es muy sencillo. Según Anpier, "en los bancos no hay ninguna sensibilidad, y hemos pedido una línea ICO y se nos ha dicho sencillamente que no". O sea, que 55.000 familias españolas que invirtieron en lo que creían era una situación de seguridad jurídica -apunta la asociación- se encuentran ahora en una situación límite: "algunos están en concurso de acreedores". En el caso de la FV, la inversión foránea es también muy elevada. La asociación asegura que el 30% de la potencia FV instalada pertenece a fondos extranjeros, fondos que, "por supuesto", ya han demandado al gobierno. Y ese es otro problema para la Marca España, pues, según Martínez-Aroca, "el gobierno acabará siendo condenado a pagar el daño". En ese sentido, ya hay algunos apuntes de por dónde van los tiros en Europa. El presidente de la asociación ha agradecido la sensibilidad del comisario de Energía de la Unión Europea, Gunther Oettinger, "que ha puesto a tres funcionarios a hacer un seguimiento permanente de nuestro caso". En Anpier están convencidos de que la justicia internacional les dará la razón a esos inversores. Lo que ocurre es que, si aquí la justicia tarda mucho más, el problema puede no tener vuelta de hoja para las 55.000 familias susodichas.
Política reaccionaria
La falta de profesionalidad –de conocimiento de la situación- que han manifestado los redactores del ministerio ha sido otro de los lugares comunes. Santiago Gómez, de la sección Eólica de APPA, ha dicho que "no se ha hecho un cálculo serio sobre el impacto que va a tener esta medida y únicamente esperamos que, durante el trámite parlamentario que ahora le queda a ese texto, se vayan corrigiendo los errores". El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, también ha hablado de "datos falseados". Datos falseados con los que el ejecutivo ha querido -quiere- sostener esta nueva reforma, una reforma que perjudica a un sector ya de por sí muy perjudicado por dos años de políticas reaccionarias. Puertas afuera la situación no se parece mucho a esta. Según los datos de APPA: "a nivel internacional, las energías renovables han visto cómo aumentaban sus inversiones un 32% en 2010 y un 17% en 2011". Durante este año -continúa APPA-, "el 70% de la nueva potencia instalada en la Unión Europea fue renovable; sin embargo, el Ministerio prefiere acabar con un sector en el que éramos líderes a nivel mundial, en vez de aprovechar la oportunidad que el mercado internacional brinda a nuestras empresas". O sea, que los inversores internacionales tienen dinero y lo están invirtiendo. ¿Problema? Si el ejecutivo da señales de "incertidumbre regulatoria" ese dinero se va a otros territorios, donde instala megavatios limpios (ergo independencia energética) y crea empleo.
El dinero, a otra parte
La otra cara de la moneda es Unesa, la gran patronal eléctrica: Iberdrola, Endesa, E.ON, Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico, que son las propietarias únicas de todas las nucleares españolas y que controlan asimismo la inmensa mayoría de las centrales térmicas de España, centrales que generan electricidad quemando carbón, petróleo y gas. Esas empresas, que son además distribuidoras, se han levantado por ese concepto -la distribución- 23.000 millones de euros en los últimos cinco años. El coste de la distribución es un precio que pone el gobierno, un coste regulado. Pues bien, en 2012, el gobierno le ha reconocido a las cinco grandes un precio superior al del año 2008, aunque, en 2008, esas empresas distribuyeron más kilovatios que en 2012 (España consume ahora menos energía como consecuencia de la crisis). En fin, que, el año pasado, las distribuidoras cobraron más dinero por distribuir... menos kilovatios. Pero no acaba ahí la lluvia de millones, apunta APPA: el gobierno le ha subido el "salario" a esas empresas (por ese concepto) en el año 2013. Y se lo ha subido nada menos que un 11,3% (hasta llegar a los 5.504 millones de euros). Es decir, que Soria está recortando costes en clave renovable a la par que incrementa costes en clave oligopolio.
Fichajes de tronío
Oligopolio trufado hogaño de los altos "servidores públicos" de antaño. La nómina de las cinco grandes es sencillamente espeluznante. Felipe González, en Gas Natural Fenosa. José María Aznar, en Endesa. Ángel Acebes, en Iberdrola. Pedro Solbes, en Enel... Eso sí, el gobierno asegura que estas medidas "tienen como objetivo proteger a los consumidores en un contexto de crisis económica y garantizar, al tiempo (...) la estabilidad de ingresos y costes del sistema eléctrico, con el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013". Eso dice el gobierno, el mismo gobierno que infla el coste de la distribución de electricidad en plena crisis de demanda de electricidad (incremento del 11,3%); o el mismo gobierno que "inflama" (un 54,8%) la interrumpibilidad, otro de los costes regulados que engordan el déficit de tarifa y de los que casi nadie habla nunca. Lo de este coste es particularmente llamativo: en España hay casi 106.000 MW instalados (lo que se considera "exceso de potencia"), mientras que la demanda máxima de electricidad registrada en este país –la máxima de todos los tiempos– está en 45.450 MW (18.53 horas del 17 de diciembre del año 2007). La interrumpibilidad consiste grosso modo en que empresas con gran consumo de energía (siderúrgicas, cementeras, etcétera) se comprometen por contrato a parar máquinas para que la electricidad que consumen pueda ser usada por el resto de los consumidores "en situaciones de emergencia".
Información confidencial
Pues bien, en 2012, la interrumpibilidad ha supuesto 503 millones de euros, según informe de diez de enero de 2013 de la CNE. La pregunta es: a la luz de esos casi 106.000 MW, ¿es realmente necesario ese gasto, que costeamos todos los consumidores en beneficio de un puñado de multinacionales, las interrumpibles? Es más: la pregunta tiene aún más sentido en estas fechas, pues se da la circunstancia coyuntural añadida de que, debido a la crisis, la demanda estimada es mucho menor que en 2008. De hecho, llevamos cuatro años metidos en esa coyuntura y, lamentablemente, todos los indicios señalan que 2013 no va a ser el año en el que salgamos del túnel. Pues bien, pese a todo: 500 millones de euros en interrumpibilidad en 2012. ¿Y en 2013? Pues el gobierno -denuncia APPA- les ha subido el sueldo a las interrumpibles nada menos que el susodicho 54,8%. ¿Pero no habíamos quedado en que había exceso de potencia? Por cierto, en los últimos años no se ha echado mano nunca de la interrumpibilidad. La última vez en hacerlo fue en el año 2009, según Javier Penacho, a la sazón director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). Entonces había en España casi 7.000 MW menos que hoy. Este periodista se dirigió a Red Eléctrica de España hace unas semanas para saber si, después de esa fecha, ha habido alguna otra interrupción. REE contestó con un lacónico "eso es información confidencial". ¡¡¡!!!!
Conclusión
Frente a todas esas "hinchazones" delatoras e inexplicadas (incrementos desmesurados de hasta el 54,8% en costes de necesidad más que discutible), el presidente de la patronal de las renovables, José Miguel Villarig, ha esgrimido el último "Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España", un informe de 140 páginas que aporta un montón de información sobre el peso que tiene este sector en la economía del país. Según los números de APPA, en España, los beneficios económicos que llegan de la mano de las energías renovables llevan ya una década siendo "muy superiores a sus costes". Así, la asociación reconoce que las energías renovables han percibido en forma de primas 20.875 millones de euros entre 2005 y 2011, pero asegura a continuación que, a cambio, las tecnologías de generación de electricidad limpia han reducido el precio del mercado diario en 28.482 millones de euros, logrando así un ahorro de más de 7.600 millones de euros para los consumidores. APPA señala también que, "por cada euro recibido en primas, las renovables generan 1,9 euros de PIB". A pesar de ello -concluye APPA-, "se sigue dinamitando sistemáticamente al sector renovable nacional sin acometer una reforma profunda y necesaria de nuestro sistema eléctrico (...) mientras el país necesita importar más del 80% de su energía y las importaciones de combustibles fósiles representan el 86% de su negativa balanza comercial".
