El Gobierno está trabajando en medidas coyunturales para bajar el precio de la luz como complemento a las medidas en curso para reformar el sistema eléctrico. Así lo ha anunciado esta mañana la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados, quien ha destacado que el Ejecutivo trabaja para suspender elementos fiscales de manera temporal.
Se trata de “medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia la reforma de nuestra fiscalidad energética”, ha señalado. “Mientras buscamos una respuesta solvente, es obvio que este gobierno debe de ser sensible y debe preocuparse por los consumidores”, ha subrayado.
Además de esta reforma fiscal, el Gobierno trabaja en medidas estructurales para reducir el peso de los combustibles fósiles: “son los más caros y son los que marcan el precio al que se paga toda la electricidad del mercado mayorista, bien directamente, bien porque otras tecnologías optan por ofertar, incorporando el coste de oportunidad que tiene calcular cuánto más pueden ganar acercando su oferta a los costes de la tecnología más cara, el gas natural”.
En este sentido, Ribera ha insistido en que solo el 13% de la generación eléctrica proviene de combustibles fósiles y que, sin embargo, son estos los que marcan el precio del mercado mayorista que cobran todas las tecnologías, emitan o no CO2. "El coste de contaminar ha de pagarlo quien contamina y no lo deben pagar injustamente las familias financiando los enormes beneficios que genera la energía limpia", ha destacado. Los combustibles fósiles “son los que marcan esos precios que tanto nos espantan y que caen como una losa sobre las familias y la industria”.
Reformas en curso
Estas medidas en preparación se unen a las últimas propuestas normativas del Ejecutivo, como el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y el anteproyecto de Ley para corregir el dividendo extraordinario que reciben las centrales no emisoras como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión.
Con ello el Miteco espera rebajar el elevado precio de la factura eléctrica. Las estimaciones del ministerio son que el mecanismo para actuar sobre este dividendo de carbono producirá una rebaja cercana al 4,8% para los consumidores domésticos y del 1,5% para los consumidores industriales. Por su parte, el FNSSE, que se aplicará progresivamente en un plazo de 5 años, producirá una reducción del 13% al final del periodo sobre la factura doméstica.
100 millones para la industria
Ribera también ha anunciado que trabaja junto con los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Hacienda para generar un crédito de 100 millones de euros como compensación adicional a la industria por ese incremento de los costes del CO2. Además, ha destacado que en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya incorpora una previsión específica por la que cada año se puedan destinar el 25% de los ingresos del CO2 a compensar los costes de la industria.
La ministra ha recordado, asimismo, que España ha puesto a disposición de los grandes consumidores de energía la cobertura pública para sus contratos bilaterales de suministro, facilitándolos y abaratándolos. En este ámbito, España ha pasado a ser uno de los primeros países de Europa.
De acuerdo con Teresa Ribera, gracias a estas medidas en curso el precio de la electricidad será ya en 2022 más barato en España que en otros países de nuestro entorno, todos afectados por el incremento de precios del CO2 y de los hidrocarburos, como Francia o Alemania.
En cuanto a las propuestas de la oposición de trasladar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) varios costes fijos del sistema eléctrico, la vicepresidenta ha dicho que "actuar de manera estructural para atajar los precios del mercado no consiste en trasladar los costes del consumidor eléctrico a los PGE, porque paga el mismo y se sigue beneficiando el mismo. Consiste en establecer un sistema razonable, estable, asequible y que perdure en el tiempo”.
Esto, ha enfatizado, “requiere que aquellos cuyos beneficios se disparan a consecuencia del diseño actual del mercado compartan el dividendo que genera el CO2 con el conjunto de los consumidores, haciendo llevadera una transformación enormemente beneficiosa para todos, que no puede ser injusta con los más vulnerables en los años de la transición energética".
