El análisis que ha publicado hoy el Instituto IDMA -entidad acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- critica duramente el Real Decreto que ha enviado el Gobierno para su evaluación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hasta ahora, las centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad podían cerrar si ese cierre no afectaba a la seguridad de suministro. Y esa circunstancia -que el cierre de un generador afecte a la seguridad de suministro en España- es algo sumamente improbable.
¿Y por qué? Pues porque el sistema eléctrico nacional cuenta con una formidable capacidad de generación: más de 100.000 megavatios de potencia instalada, cuando la potencia máxima instantánea peninsular demandada no ha alcanzado nunca siquiera los 46.000 megavatios (el Top Histórico de Demanda en España fue registrado antes de la crisis, el 17 de diciembre de 2007, a las 18.53 horas: 45.450 megavatios. Ese fue el momento -el instante preciso de toda la historia de este país- en el que más electricidad hemos demandado a la vez los españoles, el instante en el que más aparatos enchufamos simultáneamente. El año pasado, por ejemplo, ese Top se quedó en los 40.489 megavatios, marca que fue registrada el 6 de septiembre a las 13.32 horas (véase página 25). En fin, muy lejos siempre de los más de 100.000 megas instalados.
O sea, que el Gobierno difícilmente podría negarle el cierre a una central térmica de carbón arguyendo riesgo respecto de la seguridad de suministro. ¿Y qué sucede ahora con este nuevo Real Decreto? Pues que el Ejecutivo Rajoy -que, recordemos, gobierna en minoría- ha decidido añadirle a esa condición -la de la seguridad de suministro- algunas otras. El proyecto de RD que ha enviado el Ministerio de Energía a la CNMC dice literalmente lo siguiente:
se denegará el cierre de una instalación en los siguientes casos:
a) Concurrencia de circunstancias singulares que amenacen o puedan amenazar a la seguridad del suministro eléctrico, así como a la seguridad del abastecimiento de materias primas.
b) Si, como consecuencia del cierre pudieran producirse efectos desfavorables en los precios de la electricidad o en la competencia en el mercado eléctrico [lo cual no es sino una enorme puerta abierta a la arbitrariedad].
c) Si como consecuencia del cierre pudieran producirse efectos negativos por incumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente.
Pues bien, a la vista de la propuesta del Gobierno, que está siendo ahora evaluada también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) ha publicado un análisis muy crítico. A saber: según el Instituto, el texto del Gobierno "carece de sentido en el conexto actual y contiene disposiciones que podrían no estar apegadas a la legalidad". El Instituto señala, por ejemplo, que el proyecto de Real Decreto elaborado por el Gobierno "omite los artículos de la Constitución 43, que establece el derecho a la protección de la salud, y 45, que recoge el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado" (el propio Instituto publicó hace solo unos meses un informe en el que estima que (1) las centrales térmicas de carbón de España produjeron en 2014 alrededor de 700 muertes prematuras y (2) los niños son "uno de los colectivos más vulnerables", con 10.521 nuevos episodios de asma detectados y 1.233 casos de bronquitis. Ese informe, además, revela que el Gobierno Rajoy ha estado permitiéndole a las térmicas de carbón emitir hasta 7 veces más que la legislación europea.
Pero no solo es cuestión de salud y/o medio ambiente
El Instituto denuncia por otro lado que el nuevo RD del Gobierno vuelve a trabajar en clave retroactiva (varias otras medidas aprobadas por el Ejecutivo Rajoy a lo largo del último trienio han sido denunciadas por retroactivas; véase listado de denunciantes). En ese sentido -en materia de retroactividad-, el Instituto gasta un discurso muy explícito: "de dudosa legalidad -dice literalmente en su análisis- es la disposición transitoria única recogida en el borrador previendo la retroactividad del mismo, haciendo que el futuro Real Decreto sea de aplicación a todos los cierres solicitados a partir del pasado 15 de septiembre, algo que contraviene la Ley de Gobierno" (de acuerdo a la misma se debería establecer la vigencia de dicho RD a partir del siguiente 2 de enero ó 1 de julio posterior a la aprobación). En última instancia, y si el Gobierno opta pese a todo por el 15 de septiembre -apuntan desde el IDMA-, debería haber justificado en la Memoria que acompaña al borrador, de forma razonada, la necesidad de esa retroactividad, "lo que no sucede" (la retroactividad que anuncia el borrador parece redactada ex profeso para que afecte a la solicitud de cierre presentada por Iberdrola el 10 de noviembre).
De la dimensión económica del Real Decreto
Lo que establece el Real Decreto que ha redactado ahora el Gobierno es que el titular de la instalación que solicite la autorización administrativa de cierre deberá adjuntar a esa solicitud varios documentos. A saber: "una memoria justificativa en la que se detallen las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otra índole que fundamenten el cierre, información técnica de la instalación y un plan técnico y económico de desmantelamiento". Una vez recibida la solicitud -explica el propio RD-, el Ministerio solicitará a Red Eléctrica de España, Enagás, la CNMC y otros organismos implicados los correspondientes informes que valorarán el eventual cierre. El Ministerio de Energía, que asegura tendrá en cuenta esos informes, resolverá el caso con una autorización o denegación de la solicitud. Pues bien, "en caso de denegación de la solicitud -informa el Gobierno-, el titular de la instalación deberá continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero".
Y he ahí el quid de la cuestión
El Real Decreto establece que la transmisión a un tercero podrá hacerse mediante una subasta. El Ministerio asegura que esta subasta permitirá establecer "si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, siendo este el caso, facilitar su transmisión para que continúe operando la central".
Sin embargo (ojo al dato), "si el mecanismo de subasta no permite la transmisión a un tercero, podría aprobarse un esquema de compensación por la continuidad de la actividad" (compensación). Dicho esquema -sostiene el Ministerio- se diseñará "para asegurar que se otorga al menor coste posible, y en todo caso, con un coste inferior al beneficio económico que los consumidores derivarían de la continuidad de la actividad".
Es decir, que el Ministerio está dejando abierta de par en par la puerta a "compensaciones" -probablemente millonarias- para las centrales térmicas de carbón de las compañías propietarias -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa- de las centrales térmicas de carbón.
¿Y qué dice el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente?
"En el aspecto económico -sostiene-, el Real Decreto establece disposiciones poco razonables, exigiendo que se presente la información contable de las instalaciones de los tres últimos ejercicios sin tener en cuenta los elevadísimos costes de adaptación que deben hacer para seguir funcionando en un futuro".
O sea, que el RD le pide las cuentas a las centrales (de los tres últimos años), pero el mismo RD no tiene en cuenta que, si esas centrales quieren seguir funcionando, van a tener que invertir en mejorar sus tecnologías para que sus emisiones no excedan el máximo legal. Y en lo que a eso se refiere, el Instituto IDMA lo tiene muy claro.
"Trece de las quince centrales térmicas de carbón en España -explica- están operando bajo excepciones a los valores límites de emisión de contaminantes como el SO2, NOx y partículas". O sea que, para poder seguir funcionando a partir de 2020 -continúa el Instituto-, deben hacer "grandes inversiones en sistemas de desulfuración y desnitrificación".
No es el único en alertar sobre el particular. El Institute for Energy Economics & Financial Analysis ha calculado en 400 millones de euros el coste que tendrá para Endesa la adaptación de las centrales de As Pontes (Galicia), Litoral (Andalucía) y Alcudia (Baleares). En el último caso, además, el Govern de Baleares -recuerda el Instituto IDMA- ha mostrado su interés en el cierre de Alcudia en consonancia con su Plan de Transición Energética.
Con respecto a la seguridad de suministro no hay duda
España -apuntan los analistas del Instituto IDMA- tiene un índice de cobertura del 1,4, "por lo que no existe una amenaza real en la seguridad del suministro eléctrico" (cuando con un 1,1 basta).
Además -continúa IDMA-, el futuro Plan de Energía y Clima, previsto en el Paquete de Invierno de la UE actualmente en negociación, deberá incluir los objetivos, metas y contribución por parte de España en relación con las cinco dimensiones de la Unión de Energía y Clima: descarbonización, metas en materia de energía renovable y eficiencia energética, seguridad, mercado interno de la electricidad y la I+D+i y competitividad.
En esta línea, IDMA destaca también "la necesidad de que, en el proceso de transición energética, es necesario introducir más capacidad de generación fotovoltaica". El Instituto pone un ejemplo: solo el 4,5% de la capacidad instalada en España (solo un 4,5% de los más de 100.000 megas de potencia) es potencia fotovoltaica, "mientras que en países como Alemania es alrededor del 20%".
Hacer virtud de la necesidad
Y la conclusión sobre el particular es evidente: "en la situación actual, en la que las condiciones climatológicas están agotando la fuente de energía hidroeléctrica, es necesario buscar soluciones que ayuden a cumplir con los compromisos internacionales de España" (soluciones de generación de electricidad que no entrañen emisiones de gases de efecto invernadero). Y una de esas soluciones, evidentemente, pasa por aprovechar la energía solar.
Según la directora del Instituto IDMA, la abogada ambiental Ana Barreira, "este Real Decreto no es razonable en un contexto de transición energética. El Ministerio está demostrando una falta de visión y previsión a medio plazo, ya que un gran número de centrales tendrán que cerrar en julio de 2020 y, en todo caso, como máximo en 2030, ya que el estado de nuestro Planeta así lo exige".
Según Barreira, que es además miembro del European Environmental Bureau, "ahora es el momento de unir esfuerzos entre partidos políticos, Gobiernos, sindicatos, empresas y sociedad civil para lograr un plan de cierre ordenado y progresivo, que prevea medidas para garantizar un futuro viable de las zonas afectadas".
Sobre el impacto en la salud de las emisiones de las centrales térmicas de carbón (CO2, dióxidos de nitrógeno, dióxido de azufre)
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente presentó en Madrid hace unos meses un informe -«Un oscuro panorama»- que le pone números a los malos humos del carbón de España. El estudio ha evaluado "los efectos en la salud de las centrales térmicas de carbón en España durante 2014" (las emisiones de 2014 eran, en el momento de la elaboración del estudio, las últimas disponibles) y da dos datos espeluznantes: (1) el carbón causó ese año más de 700 muertes prematuras en España; y (2) los niños son "uno de los colectivos más vulnerables", con 10.521 nuevos episodios de asma detectados y 1.233 casos de bronquitis.
El estudio «Un oscuro panorama» es obra del ingeniero ambiental Massimiliano Patierno y de las abogadas ambientales Olaya Carlota Ruiz-Bautista y Ana Barreira López, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.
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