Estaba previsto que este RDL fuera aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada, pero ha habido novedades desde entonces. Según el diario económico, que cita fuentes políticas, el texto ya no incluye el nuevo mecanismo de subastas renovables, que hubiese permitido desbloquear la adjudicación de nueva capacidad verde, así como las medidas anti burbuja para frenar la especulación ante la avalancha de solicitudes de nuevas plantas y puntos de conexión a las redes eléctricas.
La retirada de estas propuestas se debe, según Cinco Días, a la provisionalidad del Gobierno y al hecho de que el citado RDL debe ser convalidado por el nuevo Parlamento que se constituirá el 3 de diciembre, por lo que el Gobierno en funciones ha preferido no poner en riesgo la aprobación de la medida que considera verdaderamente urgente: la tasa de rentabilidad para el nuevo periodo regulatorio que concluye el 31 de diciembre. Se mantendrá en el 7,39% para la mayoría de las plantas que se conectaron antes de 2013 y en un 7,09% para las que se instalaron a partir de ese año.
De no aprobarse esta retribución a las renovables, el Gobierno entrante se enfrentaría a dos opciones, según las interpretaciones que hacen los juristas: o volver a aplicar la actual metodología de cálculo en vigor desde 2013 (ligada al bono del Estado más un diferencial de 200 puntos), lo que rebajaría la rentabilidad de las plantas al 4,5% por la caída del bono, o continuar con la tasa actual en medio de la incertidumbre y del vacío legal. La metodología ahora propuesta, en línea con la de las redes energéticas en trámite (en este caso, la regulación compete a la CNMC), se basa en el coste medio ponderado del capital o WACC.
Medida contra los arbitrajes internacionales
El RDL que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana incluye, además, una medida contra los arbitrajes internacionales (y los consiguientes laudos condenatorios) que España soporta desde hace más de un lustro por el recorte que el Gobierno del PP aplicó en 2013 a las primas a la producción renovable. Así, el RDL establece que a los inversores que consigan cobrar alguna indemnización derivada de laudos arbitrales, se les descontará de la nueva retribución.
El Gobierno considera que mantener fija la tasa por 12 años (la mayoría de las plantas estarán amortizadas para entonces) puede ser un argumento en contra de los inversores internacionales denunciantes, a la vista de que los argumentos de los árbitros contra España es que no hubo compensación ni periodo transitorio para los afectados por los recortes.
El texto incluye también un criterio específico para otorgar los puntos de conexión que queden libres como consecuencia del cierre de centrales térmicas (carbón o nucleares). En este caso, en la adjudicación se tendrán en cuenta “criterios de tipo social”, esto es para proyectos que revitalicen las zonas afectadas por los cierres y creen puestos de trabajo.
Otras medidas que se querían recoger en este RDL quedarán para más adelante. Entre ellas, el nuevo mecanismo de subastas (consistente en subastar el precio por producción y no la inversión, como ahora) y las medidas anti burbuja. La ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró ayer que estas y otras medidas se aprobarán en cuanto esté formado el próximo gobierno.
